El presidente Lenín Moreno ha manifestado su intención de descorreizar al Ejecutivo; esa tarea debiera pasar por tres aristas: cambiar las leyes que existieron durante el correísmo y que resultaron nefastas; purga de ministros, ministerios y cargos públicos que fueron relevantes durante el correísmo y, finalmente, cambiar las formas o el accionar político de gran parte de la clase política ecuatoriana, que es la único que hemos visto hasta el momento.
Ahora bien, ¿cómo vamos a purgar la actual administración si el mandatario fue vicepresidente de Rafael Correa? Moreno no puede decir que quiere descorreizar si él mismo fue parte muy destacada del correísmo. Entonces, que Lenín Moreno diga que quiere descorreizar la política ecuatoriana es puro cinismo: el primer correísta es él.
Con respecto al resto del Gabinete se debiera analizar caso por caso, pese a que el correísmo no produjo un solo ministro que tenga calidad y honradez: todo aquel que trabajó en la administración anterior no cuenta con un historial que le amerite para ser ministro. Además, hay que incluir a los otros mandos: directores de empresas públicas, embajadores… No estamos hablando de 10 personas, sino de cientos o miles. Es una tarea que puede tomar mucho tiempo pero ¿qué mejor legado que la administración de Moreno deje al país libre de la lacra del correísmo?
Sin embargo, es más importante descorreizar la economía ecuatoriana. Por suerte, tenemos frente a los ministerios de Finanzas y Comercio Exterior a dos funcionarios que están enmarcados en la línea para que Ecuador pase del modelo del socialismo del siglo XXI a uno abierto, liberal. Por supuesto, hay que abrir la economía a tratados de libre comercio; liberalizar o simplificar los impuestos; eliminar el hostigamiento a empresas privadas; reducir el tamaño del Estado y equilibrar el déficit fiscal.
Si hablamos de construir el futuro hablamos de que Ecuador pertenezca a la Alianza del Pacífico, el proyecto de integración regional más ilusionante que ha ocurrido en la historia de América Latina: que el país sea parte de un bloque comercial protagónico en el mundo, que las empresas ecuatorianas puedan competir con las mayores latinoamericanas y pueda entrar inversión extranjera directa que se necesita como el agua para prosperar y crecer.
Para ello, por supuesto que hay que hacer reformas aduaneras, cambiar la Ley de Inversión Extranjera, simplificar los impuestos, abrirse al mundo. Sin embargo, si esperamos a tener todos los deberes hechos nunca vamos a ingresar; primero entramos y adentro nos dedicamos cambiar y reformar lo necesario.
El tamaño de la economía ecuatoriana comparado con el tamaño de la economía colombiana, peruana, chilena y mexicana es poco significativo, pero esos países han tenido la generosidad de invitar a Ecuador a ser parte de la Alianza del Pacífico, y lo hacen porque ellos también ven de forma muy clara que la integración regional de América Latina a través del Pacífico pasa porque Ecuador esté integrado.
Sí se debe cambiar la Constitución Política del Ecuador, aprobada precisamente en el apogeo de la Revolución Ciudadana, es un debate que debe plantearse la sociedad en su conjunto. Personalmente, creo que más temprano que tarde habrá que cambiar la Constitución, sin embargo hacerlo pasará por un debate público que dejará a la política ecuatoriana en un bypass de incertidumbre durante uno o dos años y la situación actual no se puede permitir esa incertidumbre. Sí que es necesario cambiar la Constitución de Montecristi porque es casi imposible tener un país próspero y con garantías liberales con ese marco legal, pero no creo que sea una emergencia.
También es urgente cambiar el Código Orgánico de Justicia: Ecuador está en los últimos países del mundo en independencia judicial y en calidad de jueces. El país no tiene un sistema judicial y eso es imprescindible para la prosperidad.
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