Defensoría del Pueblo exhorta a priorizar derecho de las comunidades en Caso Chevron

domingo, septiembre 9, 2018

El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, informó que la fase de cuantificación del daño, que se debe resarcir a la compañía Chevron, iniciará dentro de 90 días y podrá tomar varios meses

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Luego de que el Tribunal Arbitral Internacional, con sede en La Haya, falló en contra de Ecuador en el caso Chevron, la Defensoría del Pueblo ecuatoriana exhortó este domingo 9 de septiembre de 2018 al Gobierno de Ecuador a que exija a la petrolera Chevron que cumpla sus responsabilidades en materia de reparación a los afectados por contaminación ambiental. El requerimiento lo hace pese al laudo dictado por una corte arbritral internacional contra el Estado ecuatoriano.

El pasado viernes 7 de septiembre del 2018, se conoció la resolución que estipula que el país violó un artículo del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, por tanto, deberá pagar una indemnización, aún no fijada, a la empresa estadounidense.

El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, informó que la fase de cuantificación del daño, que se debe resarcir a la compañía Chevron, iniciará dentro de 90 días y podrá tomar varios meses.

Ante esto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador expresó su preocupación por este fallo y exhorta al Gobierno del presidente Lenín Moreno a buscar soluciones que prioricen el derecho de las comunidades amazónicas, la reparación integral y la restauración de la naturaleza.

Como medidas, Salvador comentó que la Procuraduría General del Estado está analizando, no solo la actuación de los abogados contratados por el Estado ecuatoriano para su defensa en este proceso arbitral, sino en todos los procesos en los que estuvo embarcado el país.

Además, el Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, por medio de un comunicado, dio a conocer la petición que realizó al Procurador para ejercer el derecho a la repetición contra exfuncionarios del gobierno de expresidente Rafael Correa por el fallo en contra de Ecuador en este caso.