Muy poco sirven los incentivos para atraer inversión sin seguridad jurídica

miércoles, junio 20, 2018

La primera consideración al momento de pensar en invertir es el nivel de cumplimiento de compromisos y legislación que existe en un país; un concepto que debe quedar grabado en los ecuatorianos es que la fórmula mágica es respetar y hacer respetar la ley

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Altamente positivo es el adjetivo que calza a los esfuerzos del gobierno nacional por recuperar credibilidad y la buena imagen del país frente a la comunidad internacional.

Una prueba del interés por lograr lo dicho es el reciente viaje a Estados Unidos realizado por una delegación encabezada por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, quien fue acompañado por el viceministro, Santiago Kaviedes, el titular de Hidrocarburos, Minas y Energía, Carlos Pérez y la gerente del Banco Central, Verónica Artola. Allí mantuvieron reuniones con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial (BM), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional (FMI) y posibles inversores. El principal objetivo del viaje fue mejorar las relaciones del país y lograr obtener credibilidad frente a otros estados, inversionistas y organismos multilaterales.

La visita fue provechosa si nos atenemos a lo expresado por Alejandro Werner, director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI, quien destacó la apertura del gobierno para entablar un diálogo en pro de mejorar la transparencia de la información y la competitividad. Esto, por sí solo, es un gran avance si consideramos que el gobierno anterior no solo que no tuvo una buena relación sino que expulsó del país a funcionarios del Fondo.

Es importante entender el por qué es positivo todo esto. En 1945, el FMI fue fundado por 44 países con la misión de mantener la estabilidad financiera y económica internacional, para lo cual analiza la situación global, estudia a cada país miembro, asiste técnicamente en sus áreas de experticia y brinda asistencia financiera a estados que lo requieran siempre que cumplan con ciertas condiciones. A julio de 2018 el organismo cuenta con 189 países miembros. De ahí que restablecer vínculos ofrece la capacidad de recuperar credibilidad internacional.

Vital al esfuerzo por parte de los ministros de Economía y Energía es que todas las carteras de Estado mantengan una visión coherente. En esto juega un rol fundamental el Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de hacer notar a la comunidad internacional la seriedad del país y el empeño por cambiar su imagen.

Por ello se saluda la designación del nuevo canciller, José Valencia, un diplomático de carrera, de quien se espera un giro en la política internacional por cuanto los esfuerzos por apuntalar la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal y la promoción de nuevas inversiones correrían el riesgo de pasar desapercibidos en caso de mantenerse la actitud de no condenar a regímenes que irrespetan el estado de derecho, los compromisos adquiridos y la propiedad privada, temas que preocupan a los inversionistas del mundo.

Cabe tener muy en cuenta que la seguridad jurídica es el primer aspecto que observan los inversores. Esto no lo digo solo yo, lo dicen encuestas realizadas a notables directores de hedge funds, inversionistas en áreas como minería, petróleo, agroquímica y farmacéutica. La primera consideración al momento de pensar en invertir es el nivel de cumplimiento de compromisos y legislación que existe en un país; un concepto que debe quedar grabado en los ecuatorianos es que la fórmula mágica es respetar y hacer respetar la ley.

En ese contexto, la Ley de Fomento a la Inversión que se tramita en la Asamblea Nacional tiene un papel interesante, pero no definitivo. Poco servirán las exenciones al pago de Impuesto a la Renta, las reducciones al Impuesto a la Salida de Divisas y otros incentivos (que no son necesariamente convenientes para el país ni la única manera de atraer inversión extranjera directa de calidad) si un inversionista no tiene la certeza de que las reglas del juego son claras y no variarán en el mediano y el largo plazo.

Las inversiones que se busca promover, particularmente en el sector minero, se recuperan a 10, 15, 20 e incluso 30 años. Siguiendo el ejemplo del caso minero, se trata de una actividad que en las fases de exploración demanda altos gastos y no genera retorno. Por ello es primordial para el inversionista tener garantizada la seguridad jurídica, al menos, durante el tiempo que dure su proyecto de inversión.

Para brindar seguridad jurídica plena y estable se requiere de instituciones sólidas, leyes claras, y operarios de justicia y seguridad incorruptibles. En ese sentido se están realizando esfuerzos importantes, pero Roma no se construyó en un día ni en cuatro años. Mientras avanzamos en esa ruta, una posibilidad para otorgar a potenciales inversionistas la certidumbre que buscan es aceptar resolver eventuales controversias a través de arbitraje internacional.

La posibilidad de resolver los conflictos en un ente internacional es -definitivamente- una herramienta que tiene el gobierno para atraer capitales foráneos. Al momento hay un obstáculo interno y es que aún esta pendiente la interpretación de la Corte Constitucional al artículo 422 de la Constitución. Esperemos que la Corte sepa interpretar la norma de manera taxativa y determinada de manera que se limiten los alcances de la prohibición impuesta por los trasnochados de Montecristi o, lo que sería mejor aún, que a través de la Asamblea se logre una enmienda que elimine ese artículo cargado de ideología y vacío de utilidad para el Ecuador.

Continuando con la construcción de credibilidad, es vital estar preparados para la visita que el FMI tiene previsto realizar al país el 20 de junio. Esta servirá, entre otras cosas, para levantar información in situ y revisar las condiciones y políticas económicas con autoridades públicas, gremios, empresarios, banqueros, y académicos. Los datos servirán al ente para analizar la real capacidad de pago que tiene y tendrá el país.

Ya que esa capacidad de pago va a ser determinada en base a proyecciones, es imperioso que Ecuador ofrezca las condiciones para que lleguen nuevas inversiones y se queden. Esa será una de las condiciones básicas que pondrán los entes de crédito para el otorgamiento de préstamos, y que resaltarán en su informe final que sirve de guía para inversionistas en todo el mundo.

La falta de contacto con la comunidad internacional también provocó una pérdida de confianza en los indicadores macroeconómicos. Al no existir una verificación técnica independiente, los datos publicados por entes públicos perdieron valor a los ojos de inversionistas pues no tienen garantía de imparcialidad. Aquello ocasionó una merma aún mayor en la credibilidad, lo que provocó mayor restricción de crédito y su encarecimiento.

Durante el tiempo que estuvo alejado de los organismos internacionales nuestro país perdió acceso a créditos y proyectos financiados por esos entes. No quedó más opción que aceptar el financiamiento de China, con altos intereses y condiciones poco favorables como la preventa petrolera.

Si queremos reinsertarnos en la comunidad internacional y gozar de los beneficios que eso significa debemos comprender las condiciones mínimas requeridas para atraer inversión y promover la generación de comercio, lo que permitirá dinamizar la economía y generar los recursos necesarios para pagar las obligaciones existentes y lograr el desarrollo de la población.

El camino no es fácil luego de que Correa y sus secuaces se encargaron de dejar un desastre, incluso denunciando tratados de inversión en los últimos meses de su gobierno. Al gobierno de Lenín Moreno le toca reparar el daño hecho; por ahora da señales de ir por el camino correcto, es momento de apuntalar lo clave, el país lo necesita.