La justicia

viernes, mayo 4, 2018

Sin duda falta mucho por desmontar y ahora pretenden jugarse el todo por el todo para mantener el control de la justicia a cargo de un exsecretario del expresidente que usó y abusó del error inexcusable para acallar a jueces

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El exDefensor del Pueblo ha recurrido a una verborrea impresentable para defender su puesto. La cesación en su cargo por parte del Consejo de Participación Transitorio ha sido calificado de inconstitucional, atentatorio a la democracia porque que ha trastocado el orden jurídico de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos ha defendido el ahora exDefensor del Pueblo? ¿Los derechos de una estructura de poder diseñada para garantizar la impunidad de determinados jerarca del anterior gobierno? ¿Cómo llegó al cargo? ¿Con qué impugnaciones archivadas?

Es indudable que el Consejo de Participación Transitorio toma decisiones respaldadas en la consulta popular en la que la mayoría de ecuatorianos votamos siete veces Sí. Es innegable que esas decisiones están desmontando una estructura de poder que daba el mando absoluto de todo el Estado a una sola persona que se creía por sobre el bien y el mal, para quien la independencia de funciones o poderes era una teoría pasada de moda porque él se creía el jefe de todo el Estado y podía ordenar en interminables sabatinas a jueces, fiscales, contralores, procuradores, asambleístas y hasta jueces constitucionales.

Un Estado necesita una Fiscalía independiente, una justicia independiente, una Asamblea independiente, algo que no hubo en la última década. La Fiscalía fue puesta en manos de un exministro del expresidente, el Consejo de la Judicatura en manos de un exministro y exsecretario del expresidente…

Todos esos funcionarios, incluido el ahora exDefensor del Pueblo, debieron rendir cuentas a un expresidente que había pensado manejar el país como su hacienda particular por siempre.

Los pasos dados por el Consejo de Participación Transitorio sin duda son importantes y merecen el respaldo de todos los que votamos siete veces Sí en la consulta popular. Sin duda falta mucho por desmontar y ahora pretenden jugarse el todo por el todo para mantener el control de la justicia a cargo de un exsecretario del expresidente que usó y abusó del error inexcusable para acallar a jueces.

Ahora en la Defensoría del Pueblo está Gina Benavides, docente del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar. “La primera persona en el país, según un comunicado del Inredh, en identificar que, para defender los derechos humanos, era necesario contar con una Defensoría del Pueblo y por ello promovió su creación desde 1996. Ella inició un proceso de sensibilización a la sociedad civil sobre la necesidad de tener esta entidad pública. La pensó como una institución independiente, sólida, proactiva y cuya misión sea la protección integral de todos los derechos”.

Algo que nunca fue en la última década. Ahora solo resta tener una justicia independiente, la garante indiscutible de cualquier democracia.