En la presentación del Informe a la Nación de su primer año de gobierno, el presidente Lenín Moreno, puso fin al modelo anterior con un giro de timón de 180 grados en materia de política económica.
Si bien el presidente hizo un recuento de las obras realizadas en los últimos doce meses especialmente en el área social y la queja reiterada de que su antecesor, Rafael Correa, dejó ‘la mesa no servida’, lo medular del mensaje fue una clara apertura hacia el sector empresarial, lo cual se refrendó con la entrega del proyecto de Ley de Fomento Productivo a la Asamblea Nacional.
En lo fundamental, allí se plantean incentivos como el no pago del impuesto a la renta por ocho años a empresarios que inviertan en Quito y Guayaquil, y quienes lo hagan en el resto del país estarán exentos por 10 años. Además se elimina el anticipo mínimo del impuesto a la renta y habrá una reducción gradual del impuesto a la salida de divisas.
Todas son propuestas que han venido realizando los empresarios desde tiempo atrás. El desaparecido Consejo Consultivo de la Producción ya bosquejó la hoja de ruta por la que hoy Moreno se decanta. En consonancia, ha designado un ministro de Finanzas afín a las Cámaras, quien, a su vez, ha empezado por cambiar las cabezas de los dos grandes pilares de la política económica: el Servicio de Rentas Internas (SRI) y las Aduanas, para que todo armonice.
De este modo el gobierno da un espaldarazo a los sectores productivos e indica que “la mesa” será compartida con ellos. En adelante todo estará abierto, sin restricciones, sin límites, para la nueva inversión, por ende, la generación de empleo.
Para saber si vale o no la pena esta alianza público-privada, los resultados tendrán que empezar a surgir en el corto plazo. El termómetro serán los primeros tres o seis meses, porque las inversiones no llegarán este mismo momento
En el Informe a la Nación, el mandatario hizo saber que ha comprendido que el sector privado está llamado a gestionar el empleo, pues hacerlo desde el sector público conlleva un costo altísimo que se combina con ineficiencia y corrupción. Por eso ha decidido allanarle el camino para que pueda hacerlo.
El objetivo de Moreno es fomentar la creación de empleo, para que al mismo tiempo haya desarrollo. Ahí está el gran contraste con el enunciado correísta de primero mejorar la calidad de vida para luego hablar de empleo y crecimiento.
A quienes todavía creen que estamos bajo la doctrina del socialismo del siglo XXI hay que decirles que se quiten la venda de los ojos. Desde mi óptica, el nuevo modelo podría llamarse economía socialista de mercado. Cualquier parecido con la economía social de mercado que en su tiempo fue tan pregonada por el partido Social Cristiano, de Jaime Nebot, no sería una mera coincidencia.
Si estamos ante la posibilidad de que en lo sucesivo en Ecuador se instaure un sistema parecido al chileno en el que se turnen gobiernos de tinte socialista con la derecha tipo Escuela Austriaca, de la cual es adepto el líder de CREO, Guillermo Lasso, dependerá del éxito que tenga el actual experimento.
En consecuencia, para saber si vale o no la pena esta alianza público-privada, los resultados tendrán que empezar a surgir en el corto plazo. El termómetro serán los primeros tres o seis meses, porque las inversiones no llegarán este mismo momento. En un plazo de 12 meses, por lo menos tendrá que haber un 30% de nueva inversión y la consiguiente generación de empleo.
En un año, el gobierno ha realizado muchas cosas en lo político. El segundo año empieza con un cambio total en lo económico. Espero y aspiro que el próximo 24 de mayo el Informe a la Nación del presidente indique que se crearon unos cien mil empleos nuevos. Hasta tanto, Lenín Moreno ha dejado en el aire una pregunta: ¿Cuál es el papel que cumplirá el Estado en el nuevo modelo económico?
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