El FMI ha exorcizado el fantasma de las políticas de ajuste estructural y puede convertirse en un poderoso aliado

lunes, mayo 14, 2018

Es claro que ha cambiado la forma de estructurar los programas que en su tiempo fueron muy criticados, sobre todo, por sectores de izquierda, y que aún hoy son aprovechados por ciertos politiqueros que utilizan ese estigma para justificar decisiones económicas poco responsables.

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Que el Ecuador pueda contraer obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI o el Fondo), y las condiciones que obtenga el país en dichos ejercicios económicos dependerán principalmente de dos aspectos: 1) Definir la cifra oficial de la deuda pública con una metodología de cálculo adecuada, y 2) Demostrar una capacidad de pago apropiada a los ojos del acreedor. El primer aspecto es netamente técnico. El segundo se puede lograr ajustando acciones de gobierno y tomando en cuenta, al menos parcialmente, las recomendaciones que haría el organismo tras un monitoreo de nuestra economía en el ámbito de las consultas del artículo IV de su estatuto.

El Decreto Ejecutivo 1218, emitido por el expresidente Correa el 20 de octubre de 2016, puso en vigencia una forma de cálculo que excluye la deuda interna y las preventas petroleras de la deuda pública. De ese modo esta quedó por debajo del límite del 40% del Producto Interno Bruto (PIB) fijado en el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Acerca de esa decisión, el Fondo sostiene que Ecuador usó una metodología de contabilidad “no estándar” para fines presupuestarios y que -a diciembre de 2016- la deuda pública ascendió al 42,8% del PIB, es decir, superó el límite legal establecido en el art. 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Con esta observación, el ente ha pedido al gobierno de Lenín Moreno modificar la metodología, lo cual permitirá evaluar la capacidad real del país para asumir una nueva deuda.

En noviembre de 2017 arribó al país Alejandro Werner, director del FMI para el Hemisferio Occidental. Tras mantener varios encuentros con autoridades del gobierno surgió el compromiso para que este año llegue una comitiva de expertos a fin de llevar adelante las consultas del artículo IV.

El mencionado artículo del Estatuto Constitutivo del Fondo Monetario Internacional indica que el ente efectuará una revisión anual de los sistemas económicos, financieros y monetarios de los países miembros. Esta revisión, conocida como las consultas del artículo IV, contempla un procedimiento que se divide en tres fases: 1) Análisis documental; 2) Visita ‘in situ; y, 3) Informe final que será presentado a la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, quien después lo elevará a los gobernadores de la institución para su discusión.

Al momento no se conoce oficialmente la fecha de llegada del equipo de expertos del ente crediticio. No obstante se puede anticipar que en los días de permanencia en el país sus integrantes mantendrán una serie de encuentros con funcionarios del gobierno, economistas privados, académicos, gremios, banqueros y empresarios para recabar datos y analizar a profundidad las variables económicas.

En algunos sectores la eventual venida de una misión del Fondo ha comenzado a despertar el recuerdo de anteriores visitas en que “recomendaron” medidas de ajuste estructural durante los años ochenta y noventa. Un estigma que carga el FMI por haber condicionado el otorgamiento de financiamiento a la implementación de políticas públicas específicas en las cuales se cometieron errores al intentar implementar políticas estándar sobre distintos países con distintos niveles de desarrollo.

En el ensayo Neoliberalismo: Sobrevendido, directivos del Fondo han reconocido estos errores y confirman que no existe una agenda estándar que provoque mejores resultados para todos los países en cualquier momento, por lo que desde ahora se deben realizar evaluaciones profundas y generar políticas dirigidas.

En base a ello el FMI ha hecho un análisis y un mea culpa profundo de los errores cometidos durante esos años, y ha implementado importantes ajustes a sus procesos para evitar repetirlos. Por citar solo dos ajustes, tenemos 1) Las directrices del director general del Fondo (2014) en que se ordena “adaptar los consejos a la complejidad de creación de políticas públicas, y tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada Estado”; y, 2) La Decisión de Vigilancia Integral de 2012 en que se establece la obligatoriedad de “considerar los objetivos de cada país y respetar sus políticas sociales locales”. Es claro que ha cambiado la forma de estructurar los programas que en su tiempo fueron muy criticados, sobre todo, por sectores de izquierda, y que aún hoy son aprovechados por ciertos politiqueros que utilizan ese karma para justificar decisiones económicas poco responsables.

Además hay que tener en cuenta que las recomendaciones del Fondo se orientan a mejorar las condiciones de los países evaluados, pero no son de cumplimiento obligatorio. Eso sí, como toda entidad crediticia, tiene que vigilar que los países solicitantes de crédito cumplan ciertas condiciones y tengan una capacidad real de pago.

Otro aspecto de capital importancia resultante de mantener una buena relación con el FMI es que los inversionistas del mundo respetan mucho el criterio del organismo porque es un aval de que el país tiene una política económica y fiscal sana, lo que redunda en la reducción del riesgo país y una rebaja de los intereses que podría cobrarle al país un potencial acreedor.

Es primordial advertir que el Fondo Monetario busca tener una relación con cada país para entender sus necesidades de acuerdo a su realidad política y social. La verificación permite realizar las recomendaciones y construir un programa económico adecuado para el país. Por ello, bien ha hecho la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, al acudir a la cita de primavera del FMI efectuada en Washington el pasado mes de abril.

En este punto, cabe recordar que durante el gobierno de Correa, en 2014 se  realizaron las consultas del artículo IV en base a documentos y un año después una misión realizó una visita ‘in situ’ al país. Esto, a pesar de que en 2007 renegó del organismo y cerró la oficina que tenía en Quito. Claramente, el intento por restablecer relaciones obedeció a la necesidad de tener nuevos fondos ante la caída de los precios del petróleo, pero los esfuerzos no dieron los resultados esperados.

El gobierno actual ha manifestado su interés de reestructurar la deuda pública y contratar deuda barata con el FMI para pagar obligaciones caras contraídas con China en condiciones desfavorables para el país como son altos intereses, plazos cortos y la preventa de petróleo. En mi opinión es absolutamente necesario hacerlo para tener liquidez y liberar la capacidad de negociación del petróleo, nada menos que una de las principales fuentes de ingreso de divisas.

Aún es prematuro afirmar que el gobierno del presidente Moreno ha dado un giro de 180 grados respecto de la actitud distante mantenida por su antecesor con la comunidad financiera internacional. En todo caso hay que reconocer que sus declaraciones en relación a la deuda pública y, en general en materia económica, revelan esa intención.