La reactivación del sector de la construcción va más allá de un marco legal favorable

jueves, abril 5, 2018

La educación técnica podría convertirse en una gran impulsora de programas de certificación laboral orientados a mejorar la preparación de los trabajadores que estén interesados en participar como obreros de la construcción.

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Más allá de un marco legal favorable -soportado en la reciente derogatoria de la llamada Ley de Plusvalía- y el justificativo de que el sector de la construcción absorbe gran cantidad de mano de obra no calificada, es necesario trabajar en cómo mejorar su competitividad integrada sobre la base de una transformación productiva relacionada con tres variables clave: calidad, productividad e innovación.

Esto derivará en un gran beneficio para el consumidor final de viviendas ya que podrá tener mayor acceso a proyectos habitacionales seguros, cómodos y con altas dosis de creatividad e innovación. Sobre todo las personas tendrán la posibilidad de adquirir vivienda a precios cómodos, lo cual se lograría como resultado del incremento de la productividad organizacional de las empresas constructoras, aspecto que incidirá en la disminución de costos y, por ende, en la rebaja de los precios.

Como se puede apreciar, la estabilización y ¿por qué no? la disminución de precios de los bienes raíces no solo depende de la vigencia de leyes que obliguen a no especular con el precio de los bienes producidos por las empresas constructoras de vivienda. También se relaciona con lo que estas hagan (o dejen de hacer) en articulación con otros actores públicos y/o privados interesados en la mejora productiva nacional.

Por mencionar un ejemplo de alianza, la educación técnica podría convertirse en una gran impulsora de programas de certificación laboral orientados a mejorar la preparación de los trabajadores que estén interesados en participar como obreros de la construcción. Así estas personas estarán mejor preparadas tanto en lo técnico como en lo actitudinal. En definitiva sería una mano de obra que contribuya significativamente a la mejora de la calidad, productividad e innovación del sector.

En la cuestión actitudinal es clave dirigir la formación hacia el desarrollo de habilidades que fomenten la iniciativa a la solución colectiva de problemas. Asimismo es necesario impulsar un cambio de comportamiento soportado en el fomento de actitudes como: la capacidad para priorizar objetivos y acciones en el lugar de trabajo, un pensamiento proactivo dirigido a la definición de medidas preventivas antes de que ocurran los hechos; y, habilidad para entender el tejido de relaciones que se generan al interior de un espacio laboral donde interactúan personas diversas en términos generacionales, culturales y socioeconómicos.    

En este esfuerzo por mejorar la competitividad, también juega un rol clave la oferta de servicios por parte de los gremios empresariales sectoriales. Uno de ellos puede ser la puesta en marcha (quizá en alianza con las universidades e institutos técnicos y tecnológicos) de programas de capacitación y formación que contribuyan a desarrollar competencias formativas en aquellas personas que esperan encontrar una fuente de empleo en el sector de la construcción.

En definitiva, cuando los gremios empresariales orienten su accionar, por un lado, hacia la representación política de sus agremiados -sobre todo en el campo de las políticas públicas y leyes que inciden en el sector- y, por otro, al diseño y puesta en ejecución de sendos servicios ajustados, previo los diagnósticos sectoriales respectivos, a las reales necesidades pro mejora de la competitividad, se configurarán escenarios productivos en los cuales la corresponsabilidad -vista como la interacción responsable de actores- se irá imponiendo como el punto del despegue y/o fortalecimiento de sectores de actividad económica donde el estímulo sistémico de actores y espacios productivos es la base de una estrategia sectorial dinamizadora de las tres variables clave del quehacer empresarial: inversión, producción y empleo de calidad.

Otro aspecto en el que se debe trabajar -relativo a la actividad de los municipios- es la tramitología para los permisos de construcción. Actualmente esa labor tiende a ser engorrosa, lo que facilita la consolidación de un campo fértil para que germine ese mal llamado corrupción, una lacra que lamentablemente se halla en todo lado y que, por su magnitud malvada, no solo enriquece a los corruptos tramitadores, sino también pone en peligro la comodidad y la seguridad de los futuros ocupantes de una vivienda.

Una evidencia de las malas prácticas se registró en Manabí luego del terremoto del 16 de abril de 2016. Allí hubo varios casos de edificaciones que fueron construidas con permisos obtenidos mediante prácticas corruptas, con la complicidad de ciertas autoridades, a pesar del peligro que representaban para la vida humana el momento de la ocurrencia de un fuerte sismo. Infortunadamente ocurrió aquello y cobró cientos de vidas de gente inocente que, probablemente, nunca imaginó que moraba en viviendas peligrosas.

Finalmente, pensando en la práctica de acciones que demuestren la responsabilidad social a lo interno de las empresas constructoras -un camino por recorrer todavía bastante largo-, resulta prioritario, primero, la puesta en marcha de planes de seguridad para prevenir accidentes laborales, ya que no se debe olvidar, por las condiciones en que se realiza esta actividad, que los trabajadores tienden a estar rodeados de una serie de riesgos. De ahí que para disminuirlos o eliminarlos requieren la implantación de medidas orientadas a la reducción de su vulnerabilidad laboral.

En ese contexto, entre otras acciones, cabe resaltar la capacitación sobre medidas de seguridad laboral, entrega de ropa e instrumentos que disminuyan los peligros del trabajo físico que realizan; formalizar y comunicar protocolos laborales que expliquen maneras de disminuir o eliminar la posibilidad de accidentes en el trabajo.

Ahora, pensando en la responsabilidad social hacia afuera de las empresas esta debería evidenciarse con acciones como el uso de materiales no contaminantes o lo menos contaminantes posible para el medio ambiente del lugar donde se realizada la construcción; disminución, al máximo, de la contaminación del ruido generado por la operación de la obra; reparación inmediata de los daños a las calles y aceras que, por lo general, resultas afectadas por los procesos constructivos.