Aún es escasa la Inteligencia Estratégica para detectar amenazas, vulnerabilidades y factores de riesgo en Ecuador

martes, marzo 20, 2018

En el país si bien todavía no se puede hablar de la presencia de carteles fuertes, sí habrían individuos que colaboran con esos carteles sobre todo en San Lorenzo. Habría una fuerte presencia de redes del narcotráfico en Manabí, Santa Elena y Guayas con la construcción de pistas clandestinas para vuelos ilegales que llegan desde Colombia, México y Centroamérica en avionetas...

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El factor de seguridad en las fronteras no siempre puede estar asociado con el número de militares y policías desplegados, sino en una mayor presencia del Estado. En los 724 kilómetros de frontera que comparten Ecuador con Colombia, en ambos lados la presencia del Estado sigue siendo débil en inversión social en educación, vialidad, salud, infraestructura.

Una de las principales falencias a la hora de presentar planes de desarrollo en fronteras ha sido siempre la falta de involucramiento por parte del Estado a la sociedad civil en el diagnóstico y la solución de una problemática grave asociada con el desempleo, la inseguridad y la falta de infraestructura sanitaria, educativa y vial.

Históricamente las fronteras de América Latina han sido siempre zonas marginadas por parte de los gobiernos centrales, en el caso de la de Ecuador con Colombia tampoco ha existido una buena comunicación del gobierno central con los gobiernos seccionales. La consecuencia más grave es que muchos habitantes de esos pueblos fronterizos consideren más rentable lo ilegal que lo legal.

¿Qué significa eso? Muchas personas de la frontera, sobre todo en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, se vincularon a las actividades ilícitas de grupos ilegales asociados al narcotráfico, el tráfico de armas, de precursores químicos, al lavado de activos y la explotación de la minería ilegal simplemente porque resultaba más rentable que cualquier otra actividad legal.

La pregunta que debería hacer el Estado, entonces, es por qué actividades como el contrabando siguen siendo más rentables? Pero ese no es un fenómeno que ocurra solo en el lado ecuatoriano. Esa realidad parece igual en el lado colombiano.

En los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo (que colindan con el Ecuador), por ejemplo, casi no se siente la presencia del Estado ni siquiera en lo militar y policial, mucho menos en lo social.

En cuestiones de seguridad, tanto el Estado ecuatoriano como el colombiano han fallado a la hora de detectar factores de riesgo y posibles amenazas. Es como si no se hubiera pensado en trabajar sobre escenarios que fomenten la inseguridad. Y eso ha permitido a los grupos armados ilegales, ya sea narcotraficnates, ex guerrilleros o grupos vinculados a la delincuencia organizada, fortalezcan su presencia en esas áreas.

A mediados de febrero del presente año, en la ciudad colombiana de Pereira se realizó el sexto gabinete binacional con la presencia de los presidentes Lenín Moreno y Juan Manuel Santos que firmaron varios acuerdos centrados en el tema de la seguridad. La idea central de esos convenios apunta a crear una alianza para combatir el crimen organizado en la frontera, como es el caso de la quema de cultivos de coca o incautación de productos ilegales en los pasos de frontera.

Con esos acuerdos, policías y militares de los dos países estarían en capacidad de compartir información procesada y transformada en inteligencia sobre redes y estructuras de grupos criminales en ambos lados de la frontera.

Éste es un paso importante para fortalecer la confianza entre ambos Estados, pero no solo se debe trabajar en el tema de seguridad militar y policial, sino también en mapear los problemas sociales y económicos más comunes en el cordón fronterizo.

El trabajo conjunto de Ecuador y Colombia en la zona de frontera se ha limitado hasta ahora a reuniones de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron) donde lo que se ha hecho es compartir información sobre delitos acuáticos, trata de personas, minería ilegal, contrabando sin que sirva de insumo para un análisis estratégico o crear Inteligencia de Estado por parte de la agencia rectora ecuatoriana.

Una inteligencia de Estado, por ejemplo, habría sido clave para evitar hechos como el atentado con coche bomba en una estación de Policía en San Lorenzo ocurrido el 27 de enero de este año. Fue un factor sorpresa para Ecuador, porque ninguno de las agencias de Inteligencia rectoras ha dado importancia a la identificación de amenazas que ponen en riesgo la seguridad en la frontera.

El trabajo de una inteligencia de Estado es clave para prevenir amenazas, porque no solo trabaja sobre los grupos delincuenciales armados sino también basandose en una inteligencia financiera que logre detectar, monitorear y sancionar el lavado de activos que financian las actividades ilícitas.

Si el interés del gobierno anterior fue reforzar la inteligencia de Estado, con la reorganización que hizo en la Senain, fracasó, porque desde esa instancia se dio más importancia a la inteligencia de gobierno que consistió en espiar a opositores políticos.

Ecuador está incluido ya en una red del narcotráfico controlada por los carteles de Sinaloa y Jalisco de México, que estarían controlando las rutas aéreas y las marítimas del océano Pacífico sur. Habría una alianza estratégica con grupos colombianos y ecuatorianos para abrir nuevas rutas.

En el país si bien todavía no se puede hablar de la presencia de carteles fuertes, sí habrían individuos que colaboran con esos carteles sobre todo en San Lorenzo. Habría una fuerte presencia de redes del narcotráfico en Manabí, Santa Elena y Guayas con la construcción de pistas clandestinas para vuelos ilegales que llegan desde Colombia, México y Centroamérica en avionetas.

La Senain debería tener un papel protagónico para identificar cuáles son las redes que están operando en la frontera, cuáles son las rutas activas de los carteles mexicanos. Debería ser la cabeza que reciba toda la información de la inteligencia policial, militar y financiera para informar a autoridades pertienntes y disiseñar estrategias.

El estado de excepción declarado por el gobierno en la zona donde ocurrió el atentado con el coche bomba garantiza una mayor presencia militar y policial, pero eso no necesariamente va a resolver los problemas en la frontera.
Si no hay inversión en lo social y económico la frontera seguirá siendo vulnerable. Pero todo debe ser parte de un programa que no parta solo desde el Estado central. El Plan Ecuador que comenzó hace once años fracasó precisamente por esa razón.

Los proyectos sociales emprendidos con ese plan, como el fomento de pequeñas y medianas empresas o la construcción de escuelas y centros de salud, se hizo sin un diagnóstico de las necesidades de la población del cordón fronterizo.

El Plan Ecuador y lo que alguna vez fue la Unidad de Desarrollo del Norte -Udenor fracasaron porque nunca fueron pensados a largo plazo y tampoco hubo una buena comunicación entre el Estado central y los gobiernos seccionales y mucho menos con la diversidad de actores de la sociedad civil. Lo que hubo fue una estrategia impuesta, que no tuvo una buena acogida en los gobiernos locales y sociedad civil.

Los planes binacionales han quedado en el olvido, las agendas fronterizas se empolvaron en Quito y en Bogotá. Y el resultado lamentable es que lo ilegal sigue siendo más rentable que lo legal. Es la evidencia de lo ocurrido en San Lorenzo y El Pan, donde dos patrullas militares fueron atacadas por grupos armados ilegales relacionados con los traficantes de armas, contrabandistas, trata de personas, narcotráfico, lavado de activos y hasta explotación de recursos naturales.