El gobierno del presidente Lenín Moreno tendrá que cumplir doble tarea en la anunciada renegociación de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que fueron denunciados por el pasado régimen.
Además de pactar nuevas condiciones, esta administración se halla abocada a conseguir que los países contrapartes convengan en resolver las controversias que pudieran derivarse de los tratados, en foros arbitrales distintos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Con la vigencia de la actual Constitución, los TBI primero fueron declarados ilegales por la Corte Constitucional, luego fueron denunciados por la Asamblea Nacional. Para completar, el expresidente Rafael Correa les puso fin, vía decreto, a pocos días de terminar su gestión. El motivo: incompatibilidad con el artículo 422 de la Carta Política.
Previamente, una comisión concluyó que hubo ligereza de varios gobiernos -de la llamada “triste noche neoliberal”- en la firma de estos Tratados y que no se tomó en cuenta el riesgo que asumía el país. En mi criterio, esta lectura tendría que ver con los casos Chevron y Oxy, que han llevado a Ecuador ante el Ciadi.
Sin embargo, el fin de los TBI no debió sustentarse en una visión cortoplacista. Lo óptimo hubiese sido que el régimen de Correa renegociara los capítulos específicos discrepantes con la Constitución contenidos en los instrumentos, en lugar de denunciarlos. Así no habría dejado al siguiente gobierno el trabajo de negociar otra vez nada menos que 26 Tratados.
Según la antedicha comisión, con alianzas comerciales o sin ellas, el país no despierta gran interés en los inversionistas extranjeros, entre otros aspectos por el tamaño del mercado. Un argumento falaz, totalmente desmentido por naciones como Costa Rica, El Salvador o Uruguay.
Las bajas cifras de inversión extranjera directa que registra nuestro país no tienen que ver con las sedes de los foros para ventilar las discrepancias ni con la dimensión del mercado. Las razones son muy distintas: ausencia de un buen clima para las inversiones y falta de seguridad jurídica. En ambas cuestiones, Ecuador se ubica por debajo de los vecinos Colombia y Perú.
Con la mira puesta en alejarse lo más posible del Ciadi, una institución del Banco Mundial con sede en Washington, desde hace rato los países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) están empeñados en crear un centro de arbitraje regional, independiente de las influencias del denominado “imperialismo norteamericano”. Para organizar dicho foro, el Ecuador delegó al exfiscal Galo Chiriboga. De lo que se sabe, no hay avances.
Por estos días, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, realiza una gira por China, Estados Unidos y varios países de Europa con el fin de atraer inversión extranjera. Sin embargo, la buena voluntad puede quedar solo en eso mientras no exista un clima apropiado para las inversiones.
En lo esencial, los convenios comerciales fijan reglas sobre protección de inversiones, libre flujo de capitales, repatriación de fondos luego del pago de impuestos y acuerdos para evitar la doble tributación. También incluyen acápites sobre procedimientos de expropiación a precio justo de mercado y establecen un foro para la solución de controversias. Basta mirar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) Nº 65, con Chile, y el Acuerdo Multipartes con la Unión Europea (UE), firmados por el gobierno pasado.
Acorde con los tiempos, los actuales TBI, además de perfeccionar el concepto relativo a protección de la inversión extranjera, incorporan secciones sobre derechos de los trabajadores, trabajo infantil, respeto y cuidado del medioambiente, entre otros temas. Por eso se los llama acuerdos de “tercera generación”.
Por estos días, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, realiza una gira por China, Estados Unidos y varios países de Europa con el fin de atraer inversión extranjera. Sin embargo, la buena voluntad puede quedar solo en eso mientras no exista un clima apropiado para las inversiones.
Probablemente esta sea la primera de varias misiones internacionales. Además del portafolio de proyectos, es de esperar que el ministro ofrezca garantías en el sentido de que las inversiones público-privadas no serán orientadas “a dedo” como ocurrió en el pasado reciente.
A la par, se impone una revisión del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) por cuanto las normas sobre protección de inversiones son imprecisas, lo cual disminuye las oportunidades. La reforma permitiría adaptar la ley a los modelos de tratados que tiene la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
El gobierno tiene que rebatir aquella premisa (engañosa) de que el país resulta poco atractivo porque su mercado es pequeño. El Acuerdo con la UE, bien aprovechado, puede consolidar a Ecuador como polo de atracción de capitales destinados a la ejecución de proyectos en Colombia y Perú; inclusive podría ser punto de reexportación al mercado europeo. Para ello habría que echar mano de las ventajas comparativas que tenemos.
Hay que saludar la iniciativa del diálogo nacional convocado por el presidente Lenín Moreno. No obstante, algunas acciones deben tomarse pronto. Entre ellas, la celebración de acuerdos comerciales con Canadá, con la Alianza del Pacífico, un Acuerdo de Complementación Económica con México, culminar el Acuerdo con Corea del Sur. Principalmente, es imperativo lograr un Acuerdo Comercial con China, porque el déficit comercial con ese país es monumental.
A los Ministerios de Comercio Exterior y de Producción les corresponde establecer una agenda comercial según nuestro potencial exportable. Y poner mucho énfasis en mercados cercanos: Colombia, Perú, Chile, donde nuestras exportaciones petroleras han bajado; al mismo tiempo, deberían quitar del listado de prioridades los acuerdos comerciales suscritos con Turquía, Belarús e Irán.
En conclusión, el país necesita, con urgencia, diseñar una política de comercio exterior e inversiones distinta a la anterior. Sobre todo, práctica.
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