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El gobierno de una nación de inmigrantes, arremete contra los sueños de nuevos inmigrantes

Isidro Fierro
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
miércoles, septiembre 6, 2017
La promesa de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos para impedir la llegada de inmigrantes ilegales y el compromiso de adoptar políticas proteccionistas despejaron el camino de Trump a la Casa Blanca.
Tiempo de lectura: 2 minutos

 

Una promesa de campaña en vías de ser cumplida. Así podría entenderse la decisión del gobierno de Donald Trump, de anular la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el programa que faculta permanecer legalmente en Estados Unidos a los llamados dreamers (soñadores).

A partir de este 5 de septiembre, fecha en que empezó a regir la medida, no se aceptan nuevas solicitudes para entrar al programa. El DACA fue promulgado por el expresidente Barack Obama para proteger de la deportación y conceder permisos de trabajo a inmigrantes llevados sin autorización a los Estados Unidos cuando eran niños. La acción tenía una vigencia de dos años renovables.

El programa protege a unos 800.000 inmigrantes –cerca del 80% de origen mexicano- que entraron al país sin haber cumplido 16 años y demostraron haber residido durante varios años sin cometer delitos. Nuestra Cancillería aún no ha informado sobre cuántos ecuatorianos se encuentran en esa situación, pero lógicamente deben formar parte del otro 20% que abarca varias nacionalidades.

El gobierno de México dijo en un comunicado que apoyará tanto a los que se quedan en Estados Unidos como los que quieran regresar a su país de origen y anunció acciones diplomáticas para promover una solución a la incertidumbre jurídica que afrontan los jóvenes beneficiarios. Ecuador aún no se pronuncia.

Esta decisión, controvertida, debe haber sido cuidadosamente sopesada y el plazo para que el Congreso encuentre una salida buscaría amortiguar el alto impacto político y social de desmantelar el DACA.

De momento, la única posibilidad que tienen los dreamers de evitar ser deportados cuando el DACA haya sido desmantelado por completo es que el Congreso apruebe una ley que les conceda protección de manera permanente. Para ello, el gobierno fijó un plazo de seis meses. Los beneficiarios no sufrirán cambios durante ese tiempo.

La decisión del presidente Donald Trump responde a una promesa efectuada durante la campaña electoral, de regular los flujos migratorios hacia Estados Unidos. De esta forma, hace saber que cumple al pie de la letra los compromisos realizados ante su base electoral, mayoritariamente localizada en el centro del país, que se opone a la política de “llave abierta” y exige la imposición de normas rigurosas de selección para quienes buscan entrar al país.

Una característica de la personalidad de Trump es ir contra corriente. Hace un año, el partido Republicano se vio forzado a respaldar su candidatura tras derrotar a los favoritos de la cúpula. Ahora, el anuncio del fin del DACA probablemente molesta a un sector de su partido, pero él apunta a contentar a las bases. Esta decisión, controvertida, debe haber sido cuidadosamente sopesada y el plazo para que el Congreso encuentre una salida buscaría amortiguar el alto impacto político y social de la medida.

La promesa de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos para impedir la llegada de inmigrantes ilegales y el compromiso de adoptar políticas proteccionistas despejaron el camino de Trump a la Casa Blanca.

Este discurso tuvo eco en una mayoría de estadounidenses que sienten amenazados sus empleos, sus salarios, su modo de vida, por la llegada masiva de inmigrantes. Este es uno de los justificativos para desmantelar el DACA.

Ahí, precisamente, radica la sombría paradoja de esta decisión: Estados Unidos es una gran nación construida por inmigrantes que llegaron en oleadas en busca de un mejor futuro. Ahora los echan con el argumento de que afectan derechos a los descendientes de esos inmigrantes. “Primero los estadounidenses”, ha dicho Trump. Nadie podrá decir que el presidente no cumple sus promesas.

 

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