La captura de un buque pesquero chino con más de 300 toneladas de tiburones extraídos de la Reserva Marina de Galápagos, así como la presencia de una flota compuesta por cerca de tres centenas de embarcaciones dedicadas a pescar en las inmediaciones de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), han causado el repudio mundial.
Si bien por estos días, indigna la concentración de tantas naves portadoras de una misma bandera en los alrededores de Galápagos, muchos mapas demuestran que en las cercanías de la Reserva Marina y de la ZEE es habitual que se registre un tránsito intenso de buques de distintas nacionalidades, la mayoría pesqueros.
En este santuario de fauna marina, de 200 millas náuticas de extensión, habita un cúmulo de especies de pelágicos, entre ellas el tiburón martillo y los pepinos de mar, los cuales se encuentran en peligro de extinción debido a la pesca indiscriminada. Por ello se encuentra totalmente prohibida su extracción.
En el mercado asiático estas especies tienen un alto valor comercial. Conocedores de las costumbres orientales dan cuenta de que un plato de sopa de aleta de tiburón cuesta no menos de $120. Todo un símbolo de estatus. La demanda es tanta, que de no ser por una suerte de cerco que constituye la Reserva Marina ya se habrían extinguido muchas especies por la acción depredadora.
Hace poco, el científico marino, Dr. Pelayo Salinas, de la Fundación Charles Darwin, publicó un estudio que demuestra que la mayor concentración de tiburones, a escala mundial, se encuentra en las aguas de Galápagos. Ahí radica la gran atracción que ejercen las islas sobre las flotas pesqueras chinas.
Para ejecutar una verdadera política de conservación de la fauna marina, el gobierno debería emplearse a fondo en empujar el proceso de extensión de la plataforma continental, lo cual permitiría conectar las 200 millas náuticas de la ZEE de Galápagos con las otras 200 millas correspondientes al Ecuador continental.
Por las razones expuestas, considero que no servirá de mucho la protesta formal de la Cancillería presentada a China, pues la industria pesquera parece ser independiente del gobierno. Es probable que su régimen pueda ejercer alguna presión hasta que amaine la condena mundial, pero eso no evitará que los barcos continúen su execrable faena en las proximidades de la ZEE.
Para ejecutar una verdadera política de conservación de la fauna marina, el gobierno debería emplearse a fondo en empujar el proceso de extensión de la plataforma continental, lo cual permitiría conectar las 200 millas náuticas de la ZEE de Galápagos con las otras 200 millas correspondientes al Ecuador continental. Solo de ese modo se crearía un corredor natural de protección de los animales insulares.
El tiburón martillo y otras especies acostumbran a migrar desde Galápagos al Continente. Esta maravillosa rutina permite al país reivindicar la ampliación de su plataforma continental, mediante el reclamo de las aguas que actualmente son internacionales a fin de conformar un paso protector que ponga un alto a los barcos depredadores.
Hoy por hoy, Rusia, Estados Unidos, Dinamarca y Noruega se hallan en pleno proceso de extender sus plataformas continentales hacia el Polo Norte. También están empeñados en lograr un objetivo similar algunos países insulares del sudeste asiático. Con estos ejemplos y con base en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), el Ecuador no puede quedarse rezagado, pues se trata de un tema crucial en el que confluyen soberanía y protección ambiental.
La extracción de recursos por parte de las flotas foráneas, además de llevarse especies en peligro de extinción, causa gran impacto en los pescadores artesanales de las islas, ya que junto al tiburón martillo arrastran pesca blanca (corvina, atún, sardina…) que no está prohibida y forma parte de la pesca local.
Aunque sin mayor impulso gubernamental, la causa se halla en curso en la Organización de Naciones Unidas (ONU), pero hace falta apoyar con firmeza el programa CONVEMAR que desarrolla el Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) junto a varias universidades públicas, con miras a consolidar un trabajo científico que demuestre fehacientemente la conexión submarina entre Galápagos y el Continente.
La inversión que requiere la configuración técnica del reclamo es mínima, ínfima comparada con otros gastos que realiza el Estado, sin embargo, no ha merecido la atención gubernamental que debiera. Mientras dure el proceso, que puede tardar varios años, el país tendría que redoblar el patrullaje marítimo para evitar, o al menos desmotivar, que las embarcaciones extranjeras vuelvan a merodear en aguas territoriales.
La extracción de recursos por parte de las flotas foráneas, además de llevarse especies en peligro de extinción, causa gran impacto en los pescadores artesanales de las islas, ya que junto al tiburón martillo arrastran pesca blanca (corvina, atún, sardina…) que no está prohibida y forma parte de la pesca local. Entonces el efecto negativo llega por partida doble: el nivel ecosistémico y el ámbito social.
Al parecer, todavía en el Ecuador continental no hay una conciencia clara de lo que significa para el planeta que Galápagos haya sido declarada Patrimonio Natural de la Humanidad. Mientras continúe ese estado de cosas, la fauna marina estará en grave riesgo.
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