Más que devaluación fiscal, la propuesta del Gobierno apunta a la competitividad fiscal

viernes, julio 21, 2017

El IVA es un impuesto indirecto regresivo, porque se aplica a quien consume y no a quien produce. Es regresivo porque independientemente de si alguien gana $100 y otro gana $1.000 igual pagan el 12% de IVA; es decir, es un impuesto que afecta en función de los ingresos. Eso desde un análisis social, no económico, porque lo importante es que el Gobierno pueda captar más recursos.

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Una devaluación, en estricto sentido, siempre se aplica en política monetaria, porque básicamente significa hacer que la moneda de un país pierda valor frente a una moneda patrón, generalmente el dólar, con el objetivo de volver más competitivo al sector exportador.

La devaluación fiscal de la que ha hablado la actual autoridad económica del país vendría a ser, por lo tanto, una alteración de los tipos impositivos, con el fin de ganar competitividad en el sector interno y externo, porque como Ecuador tiene el dólar como moneda oficial no tiene una herramienta para devaluar.

Para lograr ese objetivo, ganar competitividad, el Gobierno necesita recurrir a medidas fiscales, sobre las que tiene control. Una de las propuestas es quitarle un costo de producción al dueño de la empresa, en el aporte patronal que realiza al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por sus trabajadores.

Como el empresario va a tener un menor costo de producción, menos dólares que pagar, plata ociosa e improductiva, hablando empresarialmente no socialmente, podrá sacar al mercado productos más baratos, sin alterar su margen de utilidad. Eso significa que la gente va a consumir más y el Estado va a recibir más ingresos por la recaudación del IVA.

El IVA es un impuesto indirecto regresivo, porque se aplica a quien consume y no a quien produce. Es regresivo porque independientemente de si alguien gana $100 y otro gana $1.000 igual pagan el 12% de IVA; es decir, es un impuesto que afecta en función de los ingresos. Eso desde un análisis social, no económico, porque lo importante es que el Gobierno pueda captar más recursos.

Lo interesante de la propuesta del Gobierno es que no es solo para el sector exportador, sino para la economía en su conjunto. Para todas las empresas que estén constituidas y registren mes a mes los aportes de sus trabajadores al IESS. El objetivo es que todos puedan bajar sus costos, incluidos los productores internos

En una propuesta macro así, el único riesgo que existiría, más a largo plazo, es en las cuentas del IESS por todas las prestaciones que entrega, porque va a contar con menos recursos.

Un modelo casi similar se aplicó en España, pero ahí se bajaron las cotizaciones, que vendría a ser el pago del empleador al IESS, y se alteró el IVA. Es decir, hubo una rebaja en los porcentajes que pagan las empresas a la seguridad social a la par de una subida en los tipos impositivos.

El caso de Ecuador vendría a ser distinto, porque solo habría una baja en las cotizaciones para la seguridad social, pero inicialmente no habría una alteración del IVA, porque solo con la primera medida el Gobierno podría obtener más recursos por el aumento en la recaudación del IVA, porque las empresas se van a volver más competitivas al tener menos costos de producción y lógicamente van a vender más.

Técnicamente, visto así, no existiría una devaluación fiscal, porque la devaluación solo se aplica en la política monetaria. La medida vendría a ser como una competitividad fiscal más que una devaluación fiscal.

Así planteada es una apuesta de ganar y ganar. El único riesgo que se podría avizorar es para un tercer sector que es el de los pensionistas, al de la Seguridad Social, pero a largo plazo.

Ahora hay una deuda global del Estado con el IESS, sumadas las prestaciones más las obligaciones por la emisión de bonos, que oscila entre los $12.000 millones y $15.000 millones.

Una solución puede ser que el Estado asuma que sí tiene una deuda con el IESS, por todas las prestaciones, la atención a los jubilados, las medicinas, la atención en los consultorios, y comenzar a pagarla, pero no en el corto ni en el mediano plazo porque en la actualidad el Estado no tiene recursos. El seguro social también tiene que ser más eficiente, sin duda, pero hay que sincerar las cuentas.

Lo interesante de este tipo de medidas es que deben ser pensadas a largo plazo. La baja en el costo de producción a un empresario no le sirve de nada si es solo por meses, lo mínimo debería ser un período fiscal para que pueda fondearse y mejorar su competitividad con mayor inversión en capital humano y en tecnología.

Es una medida que necesariamente debe estar aparejada con recortes en el gasto público. Un control muy estricto en la variable gasto, además de una renegociación de las deudas por el preventa petrolera, un canje de deuda con los organismos internacionales más la deuda comercial adquirida con China con un alargue en los plazos de pago.

Son medidas necesarias porque como bien ha dicho el actual Gobierno nadie ha dejado la mesa servida. Nunca hubo tal mesa servida. Fue fácil hablar así cuando lo que se hacía era utilizar los recursos del seguro social para cubrir las ineficiencias económicas y las brechas financieras de la anterior administración.

Estas medidas funcionarán siempre y cuando no vayan aparejadas con el incremento de impuestos como el IVA, porque hay una teoría en economía que es real, la Curva de Laffer. Cuando un Gobierno incrementa los impuestos siempre termina recaudando menos, porque las recaudaciones llegan a un pico y luego caen.

Un Estado claro que debe cobrar impuestos, pero no aumentar el del consumo como es el caso del IVA, porque si hay una reducción en los costos de producción que permita al empresario ofrecer productos más baratos el efecto va a ser un aumento del consumo y una mayor recaudación tributaria.

Solo en este último semestre hubo un incremento en el 10,6% en la recaudación tributaria, en parte gracias a la baja del IVA del 14% al 12% desde junio. Solo en junio el crecimiento por la recaudación fue del 13,1%, un total de $1.014 millones, la mejor recaudación de junio registrada en los últimos cinco años, según el SRI.

Si el Gobierno asume parte de los costos de producción de las empresas, estas se vuelven más competitivas, el sector exportador va a ser más productivo y hasta el sector industrial va a ser más competitivo en el mercado local con precios más bajos.