El juicio político

viernes, julio 14, 2017

La estrategia de negar todo y si se descubre algo después transformarlo en un guión de traiciones y mentiras y rasgaduras de camisas le ha funcionado hasta ahora al oficialismo.

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Una de la tareas básicas de la Asamblea Nacional es fiscalizar. Ese papel quedó en el olvido desde que el bloque del oficialismo logró la mayoría absoluta. Todos los poderes quedaron en manos de AP y la Asamblea fue convertida en una especie de tramitadora de pedidos del Ejecutivo. Cualquier intento de pedir cuentas fue tachado de show político.

Los asambleístas del oficialismo la tuvieron fácil. Ganar un salario a cargo del Presupuesto del Estado sin hacer nada más que lo que mandaba el Ejecutivo. Al parecer, todo estaba bien en el país. Nada fuera de lo normal, excepto un desliz del primo del  ahora expresidente que había mentido sobre un título. Hasta el caso de Cofiec, un entramado casi similar al del feriado bancario pero en una entidad financiera controlada por el Estado, pasó a segundo término por lo del título.

Lo de Cofiec era una nimiedad que no merecía ninguna atención, pese a un escalofriante informe de cómo se cruzaban los créditos sin garantía como en las mejores épocas del feriado bancario, entre ellos uno de Gastón Duzac. Solo $800 mil dólares que parecía nada en tiempos de bonanza petrolera. Nada.

Todos los ministros y funcionarios públicos tenían las manos limpias, desde el discurso oficial. Cualquier denuncia era solo mala fe de la prensa que no respondía a los intereses del Gobierno; es decir, la prensa que no era leal a la revolución ciudadana. El mayor caso de corrupción, se jactaba el anterior Gobierno, era solo por la falsificación de un título. Así se enterró lo de Cofiec. En el mundo de la revolución ciudadana y de las manos limpias todo parecía en orden, nada de que preocuparse… hasta que se destapó primero el caso de Petroecuador.

El país un día de pronto amaneció para presenciar en los noticieros matinales las imágenes de un operativo dirigido por la Fiscalía. De la casas de importantes funcionarios públicos las autoridades sacaban fajos y fajos de billetes, de dólares, de euros escondidos hasta en los techos. Las autoridades de Gobierno hicieron afán de escandalizarse, de reclamar el máximo rigor de la ley para los responsables de un entramado de corrupción en Petroecuador.

Entonces vino la telenovela de que los pobres funcionarios públicos eran solo víctimas de los perversos empresarios privados que casi casi les obligaban a recibir dinero a cambio de nada, porque en esos entramados, desde la visión del anterior Gobierno, el Estado nunca fue perjudicado. Nunca perdió el Estado, solo los empresarios privados que de gana entregaban dinero a los pobres funcionarios públicos.

Un mínimo intento de fiscalización cuando el exministro de Hidrocarburos y hombre fuerte del régimen, Carlos Pareja Yanuzzelli, todavía estaba en el país quedó en nada. Fue llamado a la Comisión de Fiscalización y pese a sus vergonzosas declaraciones el caso no pasó a mayores, hasta que se descubrieron las caletas.

Pareja Yanuzzelli se fue del país. Hubo unos tres detenidos. Y uno de los mayores casos del corrupción en el anterior Gobierno fue convertido en una telenovela de traiciones. Todos fueron traicionados. Nadie conocía nada de todos los contratos a dedo para repotenciar una refinería a un costo exhorbitante.

La estrategia de negar todo y si se descubre algo después transformarlo en un guión de traiciones y mentiras y rasgaduras de camisas le ha funcionado hasta ahora al oficialismo. De ahí que la bancada de AP ya ha dicho que ninguna razón cabe para enjuiciar al vicepresidente de la República en la Asamblea.

El guión ya está escrito, si llegara a descubrirse algo, porque el caso Odebrecht no solo se ventila en las cortes ecuatorianas, sino en las de Brasil, Colombia, Argentina, Perú, Estados Unidos… en unos doce países donde esa empresa, según las investigaciones judiciales, repartía sobornos para hacerse cargo de millonarios contratos de obra pública.