Con 75 votos, la Asamblea aprobó en segundo debate el proyecto de Ley para la Restructuración de Deudas de la Banca Pública, Banca Cerrada y Gestión del Sistema Financiero Nacional y Régimen de Valores, calificado por el Ejecutivo como urgente en materia económica.
La Ley, según un boletín de la Asamblea, tiene por objetivo dar facilidades para que 31 mil personas, conocidas como deudores de buena fe, puedan honrar sus obligaciones.
La normativa amplía los plazos para que estas personas cumplan sus obligaciones pendientes de pago; incorpora a todos los deudores de la banca cerrada para el recálculo, así como a los deudores de la cartera cerrada de la Corporación Financiera Nacional que no pudieron cumplir los convenios de recálculo.
Los deudores tendrán un plazo de 90 días para presentar nuevos documentos probatorios.
Con la normativa se autoriza al Banco Central la venta de la cartera a una compañía de servicios auxiliares de cobranza, de mayoría accionaria pública para la gestión de la cartera de la banca cerrada. Se condonan las costas, gastos, recargos, intereses e intereses de mora de las operaciones de crédito otorgadas a personas naturales y jurídicas que mantienen obligaciones con el Banco de Fomento en liquidación, siempre que los deudores paguen al menos el 5% del saldo de capital en 180 días.
La propuesta legal deja sin efecto la suspensión de los beneficios concedidos por la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, a los deudores que, habiendo suscrito convenios de recálculo hubieren incumplido dos pagos consecutivos.
Estos deudores tendrán el plazo de 90 días para solicitar al Banco Central la modificación del convenio de recálculo. Los que no hubieren suscrito convenios, tendrán el plazo de 90 días para solicitarlo y 120 días para suscribir el beneficio que podrá contener opciones de fraccionamiento de la operación y de sus garantías, previa autorización de la entidad financiera respectiva.
La ley aplica el principio que más favorezca al deudor, en el proceso de solución de las respectivas obligaciones. El plazo para la cancelación de las deudas será de 12 años, incluido el un año de gracia.
El asambleísta Luis Fernando Torres dijo que sería importante que la Comisión del Régimen Económico investigue las denuncias de Pedro Delgado, expresidente del Banco Central del Ecuador, para garantizar la transparencia del cierre de la crisis bancaria de 1999.
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