Una de las más polémicas leyes aprobadas por la Asamblea dominada por el oficialismo fue la llamada Ley de Justicia laboral que no solo ponía límite a las utilidades pagadas por las empresas a los trabajadores privados sino también borraba en la letra el 40 por ciento que el Estado aportaba para las pensiones jubilares.
La ley dice que los trabajadores del sector privado no podrán recibir más de 24 salarios básicos unificados de utilidades. El excedente, a partir de abril de este año, deberá ser entregado al régimen de prestaciones solidarias de la seguridad social.
El Ministerio del Trabajo decidirá, según otro artículo de la Ley, hasta cuánto podrán ganar los gerentes generales o altos directivos de las empresas privadas del país. Uno de los cuestionamientos a esa Ley era precisamente la intromisión del Estado en todo. La generosidad del Estado con recursos privados.
La Ley fue aprobada en momentos en que el Estado comenzó a ver menos recursos en sus arcas fiscales por la caída paulatina de los precios del petróleo; fue vista como una medida de ajuste para cuadrar las cuentas fiscales.
Pero según el Gobierno, la Ley tenía como objetivos: la profundización del derecho a la estabilidad; búsqueda de la equidad; modernización del sistema salarial; la democratización de la representación laboral, y la universalización de la seguridad social. ¿Consiguió esos objetivos?
Los trabajadores privados recién este año verán los efectos reales de esa ley que ha sido demandada por su inconstitucionalidad, aunque ninguna de las demandas ha avanzado en una Corte Constitucional con jueces muy afines al Gobierno.
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