Barack Obama conmutó la pena de Chelsea Manning, la exanalista militar que protagonizó el mayor robo y filtración de datos confidenciales de la historia reciente de Estados Unidos, el escándalo que convirtió Wikileaks y su fundador, Julian Assange, en un fenómeno global. Obama ha puesto fin al castigo de 35 años de cárcel que Chelsea Manning estaba cumpliendo en una prisión militar de Kansas y saldrá libre el 7 de mayo.
Manning tras ser condenado como soldado Bradley Manning, en 2013, anunció su cambio de género y pidió que se la llamara Chelsea. La Casa Blanca aseguró que ha tenido en cuenta las muestras de arrepentimiento de Manning y su reconocimiento de que puso en peligro la seguridad de EEUU.
En 2010, Manning filtró a la plataforma fundada por Julian Assange más de 700 mil documentos secretos sobre las guerras de Iraq y Afganistán que posteriormente publicó Wikileaks. Fue la mayor filtración de documentos diplomáticos y militares secretos de la historia de EEUU.
Poco después, el entonces joven analista militar fue detenido y, tres años más tarde, condenado a más de tres décadas de cárcel, entre otros por violación de la Ley de Espionaje, por robo y fraude informático. La juez militar que lo sentenció en agosto de 2013 en las afueras de Washington no tuvo en cuenta el arrepentimiento del joven de 25 años, que pidió perdón por haber perjudicado a Estados Unidos, y declaró su esperanza de que la sentencia tuviera un carácter disuasorio. Un día después de su condena, Manning anunció su deseo de ser tratado como mujer y cambió su nombre de Bradley a Chelsea Elizabeth Manning, que es el que figura en el perdón presidencial de Obama.
Manning reiteró a finales del año pasado la petición de perdón o reducción de pena que ya hizo nada más ser condenada.
La filtración de Manning no fue la última a la que se ha enfrentado la Administración Obama. En 2013, un analista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, obtuvo documentos que sacaron a la luz el programa de vigilancia que empleaba el gobierno de EEUU para supervisar las comunicaciones privadas de sus ciudadanos.
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