Más allá de la subida del IVA, hay que ver, también, las malas prácticas acumuladas en la gestión fiscal

lunes, febrero 5, 2024

Es importante resaltar -como aprendizaje para la mejora estructural de la gestión fiscal- algunas malas prácticas que, por su permanencia durante años, hace que el dinero en las arcas fiscales siempre falte y, así, el déficit fiscal se vuelve crónico con todas las consecuencias que, a lo largo del tiempo, se ha vivido en el Ecuador.

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Ya Albert Einstein, en su momento, resaltó: “Si se siguen haciendo las cosas de la misma forma como se hacían antes, los resultados van a seguir siendo los mismos”; lo cual, llevado al tema de la gestión fiscal a la ecuatoriana, nos dice que debemos evolucionar si queremos que las cosas cambien, caso contrario, con la sola mentalidad y acción de corto plazo que ha prevalecido por años, seguiremos en Ecuador pasando de susto en susto hasta tener los recursos que ayuden a cuadrar las cuentas fiscales de cortísimo plazo y, claro, como no se topa lo estructural, el país seguirá en un círculo negativo basado en el ejercicio del abre y tapa huecos que, como muchas veces se ha resaltado, en algún momento ya no funcionará poniendo, incluso, en riesgo a la dolarización que, por 24 años, ha demostrado que es un modelo monetario que, a pesar de las restricciones, corta las manos a los gobiernos populistas que, con tal de quedar bien con el electorado, tratan de buscar dinero de donde sea incluso, cuando tienen moneda propia, con emisiones inorgánica que, al final, pasan factura a la inflación y, con ello, al empobrecimiento de los hogares de menos ingresos.

Entonces, bajo este escenario, es importante resaltar -como aprendizaje para la mejora estructural de la gestión fiscal- algunas malas prácticas que, por su permanencia durante años, hace que el dinero en las arcas fiscales siempre falte y, así, el déficit fiscal se vuelve crónico con todas las consecuencias que, a lo largo del tiempo, se ha vivido en el Ecuador.

A continuación vamos a resaltar doce malas prácticas que, muchas veces, se las ha evidenciado; pero poco se hecho por combatirlas:

• Dejar la ejecución presupuestaria, de forma acumulada y apurada, para los últimos meses del año; generando una avalancha de contratos de última hora que a lo único que abonan es la “ineficiencia en el uso de recursos públicos”; ya que, como dirían las abuelas, cuando se deja todo para el último, las cosas realizadas entre apuros y sustos salen mal. Para el caso de lo público, se terminan haciendo cosas a medias sin importar la calidad de lo realizado y, también, con la complicidad de proveedores inescrupulosos se potencia la corrupción debido a que lo realizado se hace con sobreprecios, baja calidad y total desarticulación con las reales necesidades de un pueblo lleno de expectativas porque los recursos estatales lleguen para mejorar su bienestar humano.
• En la contratación de personal, muchas veces en tareas que quizá se requieren tres personas se contratan más de ese número, inflando la nómina y, con ello, deteriorando la eficiencia que, bien manejada, podría ser una fuente de generación de ahorros que permitirían llegar con más recursos para los múltiples requerimientos presentes en los servicios de salud, educación y seguridad.
• Al momento de negociar con proveedores, lo que más falta es capacidad de negociación, llevando a adquirir bienes y/o servicios caros y de baja calidad que, para que sean usados en tiempos prolongados, se requerirá efectuar una recompra y, con ello, encareciendo el trabajo público ejecutado. Y, claro, en este ámbito también la corrupción merodea los procesos de negociación que, más que pensar en todo el pueblo, en varios casos, piensan, principalmente, es los bolsillos personales y/o de los grupos económicos y/o políticos a los que pertencen quienes negocian.
• La tramitología que es hincha de los reprocesos, debido a que, como no se hace bien el trabajo a la primera, vuelven a realizarlo varias veces invirtiendo tiempo y recursos que, si hubiera una filosofía de calidad y productividad total, más bien el resultado sería el aumento del ahorro y, con ello, se lograría autogenerar recursos para satisfacer esas necesidades sociales que, pensando en todo un país, están intocadas por años.
• La mala administración de las compras públicas, en donde los sobreprecios -creados hábilmente- perjudican directamente al Estado en medio de coimas que, luego, el empresario privado pasa factura -no al funcionario público- sino a pueblo que es castigado, generalmente, con obras de mala calidad que, por esa característica, tienen corta vida útil llevando, así, a que, casi de inmediato, se tenga que, otra vez, desembolsar recursos públicos para reparar o volver a hacer algo que, si hubiese sido hecho bien y con ética, duraría muchos años.
• En lo que es gastos de sueldos, siempre se resalta que, cercar del 90% corresponde a sectores clave como: salud, educación y seguridad; lo cual está bien, siempre y cuando a esos sectores se exija también eficiencia, ya que, solo así, los resultados que se tengan serán buenos y, además, permitirá llegar a más beneficiados. Es decir, no porque son necesarios hay que considerarlos como intocables al momento de, también, exigirles que sean eficientes y éticos en el trabajo que realizan.
• En esa misma línea, a esos sectores clave, además de la eficiencia en el desempeño de los funcionarios, es importante exigir técnica y ética al momento de hacer adquisiciones y uso de insumos y equipos que tienden a usar. Por ejemplo, muchas veces, de acuerdo a noticias de prensa, se evidencia que, en materia hospitalaria -por citar un caso-, terminan comprando equivocadamente millones de dólares en medicinas que, al poco tiempo, se caducan o simplemente se concentraron esas compras en un solo tipo y, claro, otras medicinas -para otras enfermedades- son descuidadas. Igual en la parte educativa, hubieron, en su momento, inversiones en infraestructura que, más que solucionar la necesidad de cobertura y calidad educativa, sirvió para negociados y, con ello, la corrupción floreció con mayor fuerza. En definitiva, en cualquier ámbito de la acción estatal hay que exigir las 3E de la buena gestión fiscal: eficacia, eficiencia y ética.
• Otra práctica es aquella que se produce cuando, supuestamente -con fines de optimización del gasto-, despiden a anteriores funcionarios innecesarios o no ratifican a los que vencen contratos; pero, luego, llenan y, con más personal, a los que, sobre todo, ayudaron a mover las banderas de la campaña política que llevó al triunfo del gobierno de turno.
• La ineficiencia y la corrupción, también, está presente en la recaudación de impuestos a través de, muchas veces, una tortuosa tramitología que repite procesos y, por supuesto, con la evasión tributaria -apadrinada por abogados y contadores que se prestan para la asesoría tramposa- el robo al Estado es gigante.
• Patear los problemas hacia adelante, sin enfrentarlos a tiempo -por el miedo a la pérdida de popularidad de los gobernantes de turnos- trae como consecuencia, como es obvio, que estos, con el pasar del tiempo, se hagan más grandes y complejos. Un buen ejemplo de ello, es lo sucedido con la fijación política y no técnica del precio de los combustibles que, ahora, para su sinceramiento el remedio será más amargo si se lo hacía desde hace varios años. Pero que, en los tiempos actuales, no queda otra opción.
• Al escoger nuevos funcionarios -cuando el caso amerita- y, peor, cuando se eligen a los del denominado jerárquico superior, predominan, en varias situaciones, criterios de cercanía política y no las capacidades técnicas. De ahí, el pésimo trabajo realizado que, más bien, está contaminado por la ineficiencia en el desempeño y/o la presencia de actos de corrupción orientados a favorecer a los mentores de los grupos políticos y /o económicos a los que representan
• Para complicar al gobierno que les sucede -como expresión de comportamiento antipatria-, no es raro que emerjan, irresponsablemente, decisiones de última hora -por parte del gobierno saliente- que terminan dejando una mesa que no está servida sino, más bien, llena de urgencias en la caja fiscal que conducen a los típicos ajustes de arranque del gobierno que se estrena.

Entonces, como se puede ver, con esas malas prácticas expuestas -que, por supuesto, faltaría espacio para seguir enumerándolas- hay oportunidades para emprender en verdaderos cambios estructurales de la gestión fiscal, yendo más allá de la búsqueda, solo, de más ingresos para sanear el déficit fiscal crónico.

En definitiva, es necesario tomar el toro por los cuernos y, así, solamente, por citar una de las posibles acciones de mejora -como sucedió cuando, a pretexto de la inseguridad y violencia desatada en el país, se declararon terroristas a ciertos grupos-, en lo económico -a aquellos funcionarios públicos y empresarios privados que se presten para robar el dinero del pueblo y complicar las finanzas públicas- también habría que declararles una especie de “terroristas económicos” y, con ello, caerles con todo el peso de la ley.

En resumen: ¡Sí los sagrados recursos públicos serían usados de forma eficiente y no se los robarían, más bien sobrarían!