En marzo de 2020, para el caso ecuatoriano, se dio inicio a los encierros, en diferentes grados de duración, por la pandemia covid-19 que, desde esa fecha hasta alrededor de los tres años siguientes, fueron la causa principal para que, al interior de la sociedad, se instaure el miedo colectivo a la posibilidad de contagio de un virus invisible pero que, cuando se evalúan las consecuencias a todo nivel que generó, se puede aseverar que el impacto ocasionado -en su mayoría negativo- en lo social, económico y, también, en la salud emocional y mental de la gente, ha sido grave y, sobre lo cual, para la recuperación social integrada, todavía hay un camino largo por recorrer con acciones y recursos multisectoriales.
Ese miedo colectivo pandémico -todavía con la población en estado de convalecencia-, lamentablemente -cuando parecía que el mundo salía solidariamente de la pandemia-, se ha ido complicando con nuevos miedos que se han ido sumando: el miedo a las guerras de alcance global -primero Rusia y Ucrania y hace poco el conflicto bélico en la franja de Gaza-; otra fuente de miedo a incorporar es la proveniente desde los efectos del cambio climático -por ejemplo, el fenómeno del Niño-; y, por supuesto, un miedo que se ha ido acumulando y, con ello, potenciando al miedo colectivo multiplicado por los miedos anteriores, es la violencia producto de la inseguridad que vive el Ecuador y que, a inicios de 2024, está empujando, nuevamente, al encierro ya no por el covid-19 sino porque el terror instaurado lleva a que, por el nivel máximo del miedo colectivo registrado, las personas, familias y organizaciones tomen medidas para salvaguardar sus vidas mediante un aislamiento obligado que, como ya se comprobó con la pandemia, significa asumir un conjunto de costos sicológicos y económicos que, finalmente, a lo único que llevan es a paralizar el avance de un país que, para reactivarse, necesita, sobre la base de la justicia y la inclusión, un ambiente de paz continuo facilitador de las actividades productivas necesarias para generar empleo y, con ello, incidir positivamente en una mayor equidad socioeconómica.
En este grave escenario de vida -nunca antes visto en Ecuador-, han incidido los pésimos gobiernos que dejaron que se acumule la delincuencia organizada que, con las circunstancias pandémicas favorables para ella, multiplicó su poder que, ahora, se puede apreciar con la serie de grupos que, con su accionar maligno, buscan instaurar terror como medio para el sometimiento e inacción de la población civil inocente.
Ahora, para contrarrestar y cambiar este escenario negativo de terror que lleva a la multiplicación del miedo colectivo, es necesario ver la problemática de la inseguridad de forma sistémica -yendo más allá de la creencia que, con el énfasis en la construcción de mega cárceles, el problema se soluciona-; para, así, identificar varios factores socioeconómicos estructurales que, por su prioridad, deben ser atendidos, eso sí, al unísono de que se baja -con más policías, militares y armas- la temperatura de la violencia ya desatada.
Por ejemplo, es vital poner atención a los indicadores de exclusión e inequidad social que, por su deterioro, han llevado a que miles de ecuatorianos estén olvidados y, con ello, contribuyendo a que se cree el terreno propicio para que, frente a la necesidad que tienen y sienten, caigan fácilmente en las garras de grupos delictivos que, con facilidad, se estarían proveyendo de nuevos miembros debido al abandono y olvido de la acción estatal que debería estar presente en todo el territorio nacional, sin privilegios territoriales que, por sobre todo, incorpore a toda esa población que, también, son ecuatorianos con derechos y responsabilidades por días mejores.
Luego, es fundamental la proactividad de la acción del Estado y toda su institucionalidad para prevenir con inteligencia estratégica, por ejemplo, no es posible que, a pesar de que hay prohibición de dos personas en moto, en las barbas de vigilantes no se hace nada. Otro caso -de las últimas horas- que, desde la prevención, no debería suceder; pues, en pleno estado de guerra declarado a grupos terroristas por el Presidente Noboa, lugares vulnerables -como el Metro de Quito- no esté militarizado de forma permanente; pues, en noticiero de televisión se veía que, en estos momentos críticos, ese sitio estaba sin control militar y, claro, si algo sucedería -contrario a la acción proactiva-reactivamente ahí sí aparecerían cientos de resguardos. Hay que prever antes de lamentar, ya que lo mismo debe estar sucediendo en otros sitios del país.
También, en momentos de aumento del miedo colectivo, un gran enemigo para su acrecentamiento es la información falsa que circula, sobre todo, en las redes sociales virtuales debido a que los usuarios de “forma irresponsable”, antes de compartir y viralizar, no invierten tiempo para verificar que el contenido de la noticia que van a difundir sea verdadero; caso contrario a lo único que contribuyen es a que el terror generado cumpla con el propósito de tener a una sociedad completamente atemorizada.
Finalmente, para salir de esta grave situación nacional -expresada en el incremento acelerado del miedo colectivo que, al final, afecta al desenvolvimiento normal de las actividades de todo tipo y, principalmente, a la tranquilidad emocional tan necesaria para el buen desempeño del ser humano- es necesario el esfuerzo sinérgico de todos los actores: gobierno central, gobiernos locales, policía nacional, fuerzas armadas, Asamblea Nacional, instituciones de la justicia ecuatoriana, cámaras empresariales, agrupaciones sociales, medios de comunicación, organismos de cooperación internacional y, por supuesto, de cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas cumpliendo los distintos roles alrededor de un objetivo fundamental: “Recuperar la PAZ, sobre la base de la justicia y la equidad, como medio para el progreso de un país más solidario, inclusivo, productivo y lleno de oportunidades para todos sus habitantes que, como seres humanos, esperan mejores días para desarrollar sus actividades”.
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