Ecuador se encuentra en peligro de quedar desconectado en el mundo digital debido a las políticas públicas sobre el espectro radioeléctrico y las concesiones de telecomunicaciones que obstaculizan el desarrollo de las redes 5G, la competencia y la inversión en el sector.
La suspensión de las negociaciones de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) para la renovación de los contratos de concesión genera incertidumbre en el sector de las telecomunicaciones en Ecuador. Esta situación afecta tanto a los inversionistas actuales como a los potenciales, impidiendo la llegada de más competidores y limitando el desarrollo de otras actividades económicas relacionadas con las telecomunicaciones. Estas circunstancias perjudican al consumidor y a la creación de empleo.
La falta de asignación, por parte de la ARCOTEL, del espectro radioeléctrico (aire) evitan el despliegue de redes 5G en Ecuador. Este recurso es esencial para garantizar la calidad y la velocidad del servicio a los usuarios. Sin embargo, mientras que en la mayoría de los países en desarrollo se permite usar en promedio 500 MHz para este fin, el Gobierno ecuatoriano apenas autoriza 280 MHz, muy por debajo del promedio latinoamericano. Esta limitación dificulta el desarrollo de las redes 5G y afecta la calidad del servicio a los usuarios.
Según las estimaciones de GSMA, para el año 2025 solo el 11 % de los suscriptores móviles en América Latina tendrán acceso a la red 5G, mientras que en Europa ese porcentaje será el 44 %, en China del 59 % y América del Norte del 67 %. Además, según el Banco Mundial, si el espectro de banda ancha se incrementa en 10 puntos (MHz), el PIB aumentaría 1.8 puntos porcentuales. Un informe de PwC indica que implantar el 5G sumaría $1.3 billones a la economía mundial en el 2030, porque impulsará nuevas aplicaciones revolucionarias en múltiples sectores como la automatización industrial, atención médica, sistemas de transporte inteligente y la realidad virtual, pudiendo ayudar a mejorar la prosperidad ambiental y económica internacional.
El modelo de concesión vigente en Ecuador es politizado y no ofrece seguridad jurídica a los inversionistas que confiaron su capital para establecer un negocio en el país. Es fundamental que las autoridades asuman la responsabilidad de la renovación de los contratos, previa una negociación que concluya con acuerdos justos para las partes. Esto es básico para proteger inversiones de aquellos que han creado empleos adecuados en el país, pero especialmente para garantizar el soporte tecnológico indispensable para el crecimiento económico nacional.
Texto publicado en Expreso
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