Serie “Retos para América Latina: seguridad y crimen organizado”

jueves, febrero 17, 2022

La segunda charla será sobre “Seguridad y Crimen Organizado”. Una de las tareas básicas de cualquier Estado es el proveer a los ciudadanos de orden público; esto es, de la oportunidad de disfrutar de la relativa ausencia de violencia en los espacios públicos o, por lo menos, la limitación de tal violencia a lugares y situaciones predecibles

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La Cátedra Integración Germánico Salgado y el Área de Estudios Sociales y Globales, de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, invitan a la serie de charlas públicas “Retos para América Latina: seguridad y crimen organizado”. Esta serie analizará 12 retos de política comunes a toda América Latina (AL).

El propósito de la serie es contribuir a la discusión pública de los desafíos que vive la región para aumentar la comprensión de cómo se presentan esos retos en los Andes y el Ecuador en particular. Así, por ejemplo, si bien para todos los países latinoamericanos el cambio político es un desafío complejo, para la primera charla seleccionamos el análisis los cambios políticos que vive actualmente Chile.

La segunda charla será sobre “Seguridad y Crimen Organizado”. Una de las tareas básicas de cualquier Estado es el proveer a los ciudadanos de orden público; esto es, de la oportunidad de disfrutar de la relativa ausencia de violencia en los espacios públicos o, por lo menos, la limitación de tal violencia a lugares y situaciones predecibles. En América Latina en general, y en Ecuador en particular, el logro del orden público está en riesgo por una combinación entre las políticas de seguridad adoptadas por los gobiernos, y la emergencia de actores a los que llamamos “crimen organizado”

¿Por qué hablar de retos, desafíos y no de problemas? Para colocarlo en contexto, un reto es un fenómeno complejo. Haciendo una distinción simple entre complejo y complicado, cuando hablamos de problemas es hacer alusión a asuntos que pueden tener una solución porque tiene una lógica lineal. Los retos son asuntos complejos en los cuales intervienen muchos actores que interactúan entre sí de manera estratégica, sin que los actores puedan predecir cuál será el resultado final de sus acciones porque saben que los otros actores también se acomodan. En el manejo del crimen organizado se ponen a prueba las interrelaciones y los recursos con los que cuentan cada actor –los recursos con los que cuenta el Estado, las decisiones de los gobiernos y las respuestas de los grupos de crimen organizado.

La reacción de los tomadores de decisiones ante la complejidad es curiosa. Normalmente aceptan que un fenómeno es complejo, pero lo hacen para tratar de eliminar a la complejidad, cuando de lo que se trata es de asumir que no hay forma de reducirla o peor aún eliminarla. La serie parte de esta última comprobación. Lo que queremos transmitir es que los desafíos que hemos seleccionado son complejos, no tenemos soluciones predeterminadas y que las intervenciones de los gobernantes pueden o no funcionar.

La charla “Seguridad y Crimen Organizado” busca, mediante el examen del caso mexicano, destacar las contribuciones que el análisis sistemático de las políticas de seguridad pública ha generado para evaluar los logros y límites del combate al crimen organizado. Para ello, invitamos a Laura Atuesta, académica, coordinadora del Programa de Política de Drogas, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en México y experta en el tema de seguridad y crimen organizado. Atuesta ha venido analizando la política antidroga mexicana de forma especial cuando el gobierno de este país optó por una política de guerra contra los cárteles de la droga, su trabajo es valioso porque su investigación que emplea metodologías cuantitativas de evaluación de resultado de políticas.

En particular, Laura trabaja los siguientes temas:

Una de las decisiones claves de los gobiernos mexicanos fue militarizar la guerra contra los cárteles. Con respecto al tema se formulan varias interrogantes ¿La introducción de las Fuerzas Armadas como un nuevo actor es más eficiente que mantener a la policía como el único actor estatal?

Lo que Atuesta ha observado para el caso mexicano es que la militarización en lugar de crear los resultados esperados ha producido una serie de efectos no intencionales como, por ejemplo: las intervenciones del ejército en las comunidades crea un resentimiento y esto por supuesto hace que el gobierno pierda legitimidad, lo cual favorece a los cárteles. Y las consecuencias son: aumenta la violencia y los asesinatos. También incremento la variedad de actores que son ahora tomados como blancos por los cárteles y la complicidad que existe entre fuerzas estatales, por ejemplo, en el asesinato selectivo de periodistas.

Esto no sucede únicamente en México; si se fijan resulta arcaico hablar de los cárteles mexicanos solo con el negocio de narcotráfico de drogas. Por un lado, las actividades de tráfico de esos grupos se han diversificado. Las redes de acores que conocemos como “los carteles” funcionan no sólo en base a su capacidad de penetración internacional, sino que también aprovechan las oportunidades que ofrecen fenómenos aparentemente inconexos. Estos grupos ya no trafican exclusivamente con drogas; hoy lo hacen con personas, con contrabando internacional, en actividades financieras ilícitas que afectan a toda América Latina. De hecho, las conexiones de esos grupos van más allá de la región, se extienden a Estados Unidos y Europa. Todo esto significa que las políticas que han toman los gobiernos latinoamericanos se vuelven predecibles para los carteles. Eso genera un grave problema porque si una estrategia es predecible, el actor que puede atacar al estado –los carteles- pueden regular la intensidad de sus acciones, y cuando la autoridad comienza a fallar las intensifica, lo que puede revertir todo lo ganado en el periodo en el que la política de seguridad parecía dar buenos resultados, amenazando con el colapso de la estrategia de seguridad en su totalidad.

Tomando como referencia el caso de México, ¿qué es el crimen organizado y como se extiende por Latinoamérica? La definición más simple es que una organización criminal es una red o grupo que tiene una estructura horizontal y una cúpula central que realiza actividades legales, ilegales o en un área gris. Son grupos que pueden en parte ser vistas como una compañía altamente descentralizada cuyo modelo de negocio busca no sólo el aumento de ganancias, sino también el incrementar su participación en cualquier tipo de mercado que les ofrezca la oportunidad de crecer en prestigio social y adquirir poder; en particular poder político en la forma de control de territorios y poblaciones.

La política versus el crimen organizado

Evidentemente, la política tiene que ver con el crimen organizado. Si se parte de una visión formalista, los grupos que hacen actividades ilegales por definición son enemigos del orden público establecido por el Estado, mientras estas actividades pasan bajo el radar pues el estado no hace nada. Sin embargo, si esas actividades pasan un umbral, automáticamente, los grupos se convierten enemigos del Estado y los gobernantes tienen que actuar a favor del Estado y reinstaurar el orden; esto lleva a un enfrentamiento entre las fuerzas estatales y las organizaciones criminales. Lo cual lleva a que estas últimas busquen recursos para incidir en las políticas de seguridad.

Se ha comprobado que en países como Colombia, México, Perú y Ecuador parte de las estrategias de las organizaciones criminales es promover a políticos que les son fieles u obtener la fidelidad de políticos electos, porque ese control permite a los grupos criminales el proteger u obtener control territorial. Cuando esto último ocurre en ciencias políticas hablamos de un cambio en el sistema por la presencia de un nuevo tipo de actor: los retadores de estado.

El crimen organizado en América Latina es una red de redes, lo que significa que pueden activarse simultáneamente o de forma diferenciada. Esa red, como dije, está compuesta por actores que interactúan, su estructura es piramidal y organizada, es mixta tanto en la jerarquía como en la cima de la jerarquía lo que les permite a las organizaciones criminales el tener una enorme flexibilidad en el terreno, y la capacidad para activar de manera diferenciada a redes de actores dependiendo de las oportunidades que abren (o cierran) las acciones de seguridad de los estados. Puedo ilustrar esas características con un ejemplo ficticio. El riesgo de una ruta de exportación de cocaína puede aumentarse con la presencia de una mayor vigilancia marítima. Por ejemplo, el riesgo de detección en el Caribe ha vuelto esa ruta poco atractiva para la exportación de drogas de Colombia a Estados Unidos (EE. UU.), la red alternativa podría ser activar la exportación por tierra o por mar hasta Ecuador y, normalmente, desde el puerto de Guayaquil hacia Europa y EEUU. La red que operaba en el Caribe es diferente a la que opera en Ecuador, además cada una de esas redes puede tener especializaciones variadas; unas son mejores en el movimiento internacional de las drogas, mientras que otras son más eficientes en la importación de los insumos necesarios para la producción. Cada uno de esos puntos en la cadena productiva pueden ser objeto de disputa.

En el caso del Ecuador la evidencia está en la información suministrada por las autoridades competentes a través de los medios de comunicación, que revelan datos sobre los retadores de Estado a partir de las revueltas en las cárceles. Tanto el Gobierno como la Policía Nacional manejan la hipótesis de disputas entre grupos de crimen organizado nacionales por el control de dos elementos: hacer de las cárceles un lugar seguro para que las bandas operen y, en segundo lugar, por el control de los principales puertos del país, en particular Guayaquil. Según datos de la Policía Nacional las bandas organizadas son parte de una red transnacional controlada por cárteles mexicanos, como el de Sinaloa, pero también podría ser de otros grupos.

Y ¿cómo ha sido la repuesta por parte de las autoridades? Básicamente, el gobierno adoptó una estrategia de guerra contra el crimen organizado, un plan muy parecido a la implementada por México. Fue esta similitud el que nos motivó a invitar a Laura Atuesta para que hablara de los resultados de la política usada por los gobiernos mexicanos.

¿Por qué hablo de “similitud”? En primer lugar, porque el gobierno ecuatoriano ha decidido involucrar a las Fuerzas Armadas como un nuevo actor en el terreno del enfrentamiento con las organizaciones; antes de la adopción de esa decisión, los militares cumplían tareas de apoyo a la policía pero no estaban en la primera línea del conflicto. Además, con la nueva política existe una mayor comunicación entre la inteligencia policial y militar, entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Defensa del Ecuador. Finalmente, las estrategias mexicana y ecuatoriana son parecidas en tanto que la similitud es que ha provocado una gran aproximación a las agencias de los EEUU involucradas en el combate del crimen organizado y eso se ha confirmado tras las operaciones o extradiciones realizadas reseñadas en medios nacionales.

La invitación a la charla es el día viernes 18 de febrero a las 18:00 horas. La participación en esta actividad es gratuita. Las personas interesadas en asistir deben inscribirse en el formulario en el siguiente link:

https://bit.ly/3GXyefW