La evidencia histórica constata que las crisis sanitarias profundizan las desigualdades sociales y económicas, y desafortunadamente causan mayores estragos en las personas más vulnerables. La pandemia causada por la COVID-19, pone en evidencia las inequidades relacionadas a la división sexual del trabajo y equidad de género a nivel global. Tradicionalmente el trabajo femenino se centra en el sector doméstico y de los cuidados, el mismo sustenta la economía mediante tareas esenciales como la crianza de los niños, enseñanza escolar, así como el cuidado de enfermos y ancianos. Esta serie de actividades catalogadas como reproductivas son la base para mantener los vínculos sociales y la célula de los sistemas productivos, sin embargo, pocas veces resulta valorado, y la mayoría de las naciones no lo incluye en el análisis de sus indicadores macroeconómicos.
La CEPAL (2019) estima que en Ecuador el valor del trabajo no remunerado de las mujeres representa alrededor del 15,2% del PIB. Asociar la idea de cuidado a la economía implica enfatizar aquellos elementos del cuidado que producen o contribuyen a producir valor económico. A través del concepto de economía del cuidado, la economía feminista pretende dos objetivos, en primer lugar, visibilizar el rol sistémico del trabajo de cuidado en la dinámica económica en el marco de sociedades capitalistas y, en segundo lugar, dar cuenta de las implicancias que la manera en que se organizan las actividades de cuidado tiene para la vida económica de las mujeres.
La crisis económico-política-sanitaria pone de manifiesto el fuerte impacto que tiene la naturalización del cuidado como una responsabilidad femenina, y expone nuevos modos en que la división sexual del trabajo afecta la vida de las mujeres, es por eso que la evidencia emergente sobre el impacto del COVID-19 sugiere que la vida económica y productiva de las mujeres se verá afectada de manera diferente y desproporcionada a la de los hombres ya que precisamente el sector de servicios es uno de los que se ha visto mayormente afectado por la pandemia.
De acuerdo a Germain (2021) las mujeres son más vulnerables debido a que están sobrerrepresentadas en todos los frentes de las crisis sanitarias, en primer lugar, las mujeres constituyen más del 70% de las trabajadoras del sistema sanitario y social, llegando hasta el 90% en enfermería y auxiliares de enfermería, por lo que están más expuestas y han sido quienes han tenido que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud de contagiarse del virus.
Todo esto en un contexto en el que persiste la discriminación salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7% inferiores a los de los hombres del mismo sector (CEPAL, 2020). Estas desigualdades a menudo se agravan durante los brotes cuando los trabajadores de la salud deben trabajar más horas y los recursos escasean. Las mujeres también conforman la mayoría del personal de servicio de las instalaciones de salud, como personal de limpieza, lavandería, catering, y como tal tienen más probabilidades de estar expuestos al virus y en algunas áreas, las mujeres tienen menos acceso a equipos de protección personal. A pesar de estos hechos, la perspectiva de género a menudo no se refleja en la toma de decisiones nacionales o mundiales sobre la respuesta a la pandemia de COVID-19.
Durante esta crisis sanitaria se pone a prueba no solo el sistema sanitario, sino también otras estructuras sociales y económicas, las cuales son susceptibles a provocar y profundizar inequidades entre grupos de población. Un ejemplo de esto es el teletrabajo y la conciliación de lo laboral con lo doméstico. Debido a las medidas adoptadas tanto de distanciamiento social y confinamiento, el teletrabajo ha sido un factor clave para garantizar la continuidad de las actividades económicas, además el cierre de las escuelas durante la pandemia generó que la conciliación entre el teletrabajo y las responsabilidades dentro del hogar, sean difíciles de llevar a cabo para muchas madres trabajadoras, ya que compaginaban sus cargas laborales remuneradas, la educación en casa y el cuidado de los hijos e hijas, todo ello en el mismo espacio y tiempo. Las mujeres han soportado la mayor parte de la carga adicional del cuidado de los niños: cerca del 60% de las mujeres afirman ser las únicas responsables de la educación de sus hijos en el hogar (Frisancho y Vera-Cosio 2020).
El hogar se ha fusionado con el lugar donde muchas mujeres tienen que hacer frente a sus cargas laborales, creando un marco distorsionado y complejo de sobrecargas laborales y reflejado en estrés, depresión, cansancio y un sin número de problemas relacionados con la salud físico-mental. La idealización pregonada desde la normatividad del slogan “quédate en casa” no considera la exigencia, las tensiones y la carga de trabajo de cuidado que recae sobre las mujeres; las cuales se les exige dar respuesta a las necesidades de hijos/as, parejas, adultos mayores y otras personas dependientes en el hogar.
Es necesario reflexionar el hecho de incluir a las mujeres en los espacios de toma de decisiones de las políticas nacionales y globales, considerando siempre las situaciones de desigualdad que influyen en la vulnerabilidad diferencial por género debido a la sobrecarga de situaciones familiares que sufren las mujeres. En sintonía con los organismos internaciones, esta es una oportunidad única para construir una sociedad mejor, más fuerte, resiliente, inclusiva e igualitaria. Mientras muchas mujeres están en primera línea frente a la pandemia, no se incluyen del mismo modo cargos de mando o ejecutivos de manera igualitaria. Finalmente, es necesario el reconocimiento y la puesta en valor de los cuidados y el sostenimiento de la vida en las decisiones políticas que se adapten para superar la crisis económica y social en la que nos encontramos.
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