¿Es posible duplicar la producción petrolera?

sábado, julio 17, 2021

Es importante que se tome en consideración dentro de esta política petrolera la zona en dónde están ubicados los pozos petroleros y se logren acuerdos con las comunidades aledañas, para convertirlos en socios estratégicos con beneficios directos para sus sectores

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El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó hace pocos días el Decreto Ejecutivo 95 por el cual se establece la nueva política hidrocarburífera del país, con medidas inmediatas a tomarse en los próximos 100 días, así como medidas de mediano y largo plazo. Todas encaminadas a permitir una mayor participación del sector privado y a la duplicación de la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios, para así generar más recursos para el fisco.

Entre los puntos más destacados de la nueva política, que requerirá varias reformas legales que deben ser aprobadas por la Asamblea, están la migración “libre y voluntaria” de contratos de prestación de servicios a contratos de participación; la creación de un fondo de estabilización petrolera cuyos recursos sirvan para combatir la desnutrición infantil, así como otros problemas que aquejan a la población más vulnerable. Esto, especialmente en las zonas de influencia de la actividad petrolera.

En el 2019 la producción petrolera bordeaba un poco más de 500 mil barriles diarios y en el mejor de los casos se alcanzó los 550 mil, pero en marzo de 2020 en plena pandemia se registró el pico más bajo, es decir 200 mil barriles diarios. Actualmente la producción petrolera alcanza los 493 mil barriles diarios y se busca llegar a 1 millón al día. Para hacerlo tiene que haber una contratación y una inversión agresiva porque hay muchos pozos petroleros que ya están maduros; asimismo es necesario realizar un proceso de conversión y exploración para determinar las posibilidades reales de aumentar la producción y esto demanda recursos para aumentar las fronteras de producción. Sin embargo, es bastante difícil que se logre duplicar la producción en el período del actual Gobierno, porque según los estudios esto podría alcanzarse en mínimo cinco años.

Entre las medidas más urgentes se encuentra la necesidad de reformular el modelo de contrato de participación para la exploración y explotación, que sustituya el actual contrato de prestación de servicios, en base en estándares internacionales de competitividad.

Los contratos de participación fueron abanderados en el gobierno de R. Correa, en el cual la empresa que extrae el petróleo se queda con parte del crudo extraído, llegando en algunos casos a poseer hasta un 80% de la producción. Si bien tenían una ventaja cuando los precios eran altos, cuando bajaban tal como ocurrió,

el precio del crudo se incrementa, es decir las empresas seguían prestando el servicio, pero no había los recursos para pagar lo que se había establecido según los convenios. Y actualmente tenemos incrementos en el precio del barril, pero sirven para pagar una deuda vieja; por ello debe haber compromisos mínimos de inversión y una escala de participación equilibrada acorde con los riesgos y beneficios de la empresa y del Estado. Dentro de ellos se establecerán cláusulas que permitan restablecer el equilibrio económico del contrato si hubiera factores exógenos que los alteraran. El modelo de contrato de prestación de servicios al final lo que hizo fue endeudar al Estado ecuatoriano.

La renegociación no se puede hacer de un día para el otro, tiene que haber un proceso de licitación para cambiar los contratos de participación e identificar cuáles son los campos que pueden ser manejados por Petroecuador o cuáles pueden ser delegados a la iniciativa privada.

Esto permitirá una mayor participación del sector privado porque es la única forma de alcanzar la meta del millón de barriles diarios. De no ser así le quedaría muy poca vida útil y se presentaría el fenómeno que los economistas llaman ‘depreciación moral’, porque a nivel mundial cada vez se habla más de transiciones ecológicas, como la producción a gran escala de autos eléctricos, ahí tendríamos que ver qué pasará con la demanda de combustible y de los derivados del petróleo.

Como parte de la política hidrocarburífera, 48 gasolineras de propiedad de Petroecuador (que se ubican especialmente en provincias fronterizas) retornarán a manos privadas, luego de que hace ocho años, en el gobierno de Rafael Correa, se decidiera declararlas de utilidad pública y comprarlas, a precios módicos, a sus dueños privados. Aquí se habla de una comercialización minorista, el Estado no tiene que asumir y hacerse cargo de esas ‘tiendas de barrio’, cuando sabemos que la gran cantidad de estaciones de combustible son privadas.

De acuerdo a cómo se han presentado las condiciones con los precios del petróleo esto es un ‘commodity’ puede estar alto un día y mañana bajar, como se ha demostrado históricamente. Nosotros no influimos en el precio mundial del petróleo y pese a que para nosotros es muy importante, económicamente, también lo son el banano y el camarón.

También se habla de disposiciones obligatorias y estrictas para la protección del medioambiente y de las comunidades. Además se observará la normativa sobre consulta previa a la comunidad y áreas intangibles y reservas naturales. Debemos en lo posible minimizar los impactos ambientales apoyados en la tecnología.

Es importante que se tome en consideración dentro de esta política petrolera la zona en dónde están ubicados los pozos petroleros y se logren acuerdos con las comunidades aledañas, para convertirlos en socios estratégicos con beneficios directos para sus sectores.

El manejo de un fondo de estabilidad específicamente para el programa de desnutrición es una excelente idea. Todo beneficio social que mejore la calidad de vida de las poblaciones es positivo. Este fondo será alimentado por un porcentaje de la renta neta y será manejado por un organismo integrado por el ministro de Economía, del de Energía y tres ciudadanos independientes de la sociedad civil.