GESTIÓN FISCAL priorizadora, eficiente y transparente

domingo, mayo 16, 2021

Para que la gestión fiscal sea eficiente, priorizadora y transparente, es fundamental que la ciudadanía se involucre más y siempre esté vigilante y exigente de que los dineros que maneja el Estado sirvan, realmente, para mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos y no para llenar los bolsillos de los corruptos

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Vale la pena partir recordando a Aristóteles cuando hablaba de economía y señalaba que esta debe basarse -vista como la administración de la casa- en los principios de la prudencia y la rectitud; relacionando la prudencia con la forma como se administran los recursos que recibe quien es el administrador de la casa. Si la casa es el país -visto el Ecuador como un todo- la recaudación de impuestos, los ingresos petroleros y el endeudamiento externo contraído vienen a ser esos recursos que, luego, se convierten en el gasto e inversión pública que, para lograr el mayor impacto socioeconómico, deberán ser gestionados bajo criterios de eficacia y eficiencia; en donde, precisamente, la priorización y el buen control serán los medios que evite el despilfarro, la ineficiencia y, sobre todo, el mal endémico de la corrupción que tanto mal ha hecho al país en los últimos años.

Cuando se habla de priorización en cuanto al destino de los recursos públicos, se está entrando a un espacio clave de la gestión de las finanzas públicas que, como habilidad gerencial muy pegada al peso de la decisión política, debe estar sustentada en el uso de información técnica de origen científico como medio para darle fuerza a la legitimidad de una gestión fiscal gubernamental que, en todo sus ámbitos, debe estar cruzada por la filosofía de la inclusión socioeconómica que, en última instancia, permite pensar y actuar a favor de todas las personas que integran una nación en medio de una serie de necesidades insatisfechas y de problemas que no se han solucionado por años.

Por ejemplo, un buen ejercicio de priorización fiscal será aquel que, sobre el diagnóstico situacional actual y prácticas de prospectiva futura, se enfoque a disminuir e incluso eliminar las brechas socioeconómicas presentes en seis ámbitos claves para la vida digna que aspiran los seres humanos en la actualidad: salud, alimentación, educación, seguridad, vivienda y conectividad. En el caso del último ámbito -la conectividad-, este se vuelve prioritario ya que la vida humana, más aún ahora en épocas pandémicas, se lleva a cabo de una manera física y digital; siendo necesario, precisamente, para que funcione de forma efectiva -esa forma híbrida de vida- el que los países entreguen a sus habitantes, de forma masiva e inclusiva, un acceso de calidad a servicios digitales; caso contrario actividades como el teletrabajo o la teleducación tendrán serias dificultades para su buena ejecución y, en el mejor de los casos, atendiendo bien solo a unos sectores poblacionales y excluyendo y generando descontento a otros que, como servicio básico, esperan tener cobertura y calidad de acceso a los servicios dependientes del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC).

Para que la priorización sea integrada, además de la disminución o eliminación de brechas, es importante que se enfoque a atender a aquellos sectores de población que están en mayor grado de vulnerabilidad, como es el caso de ese grupo grande de pobres que, con la pandemia, aumentó -de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a diciembre de 2020, el 32% de ecuatorianos vive en situación de pobreza y un 15% de pobreza extrema- . Además del criterio sobre situación de pobreza, se deben, también, considerar otros criterios relacionados, por ejemplo, a la situación de movilidad humana dentro y fuera del país; la situación de personas con alguna discapacidad; el lugar de residencia territorial; la situación de género al momento de sacar adelante hogares que, en muchos de los casos, quedan bajo la responsabilidad única de mujeres solas; entre otros criterios.

Con respecto al principio de la rectitud de la gestión fiscal, como el otro lado de la moneda que complementa al manejo eficiente y priorizador de los recursos públicos, es vital que, por ejemplo -pesando en la buena práctica de la gestión tributaria-, se preparen, bajo criterios multidiscimplinarios, equipos en las entidades gestoras orientados a la creación de un modelo administrativo sistémico que, como propósito principal, contribuya a contrarrestar, por un lado, la viveza y falta de solidaridad de quienes evaden y eluden impuestos -línea bien fina entre lo moral y lo legal- y, por otro, la tentación de quienes, como funcionarios públicos en contubernio con actores privados, tienden a caer en el uso corrupto de los sagrados recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos.

En medio de estos desafíos de la gestión fiscal prudente y recta, con el cambio de gobierno, se avecina una primera reforma tributaria, en donde se resaltan tres propuestas visibles y de peso importante para el equilibrio de las finanzas públicas y la reactivación productiva que, con la pandemia, se ha indo resintiendo, cada día, en mayor grado. La una propuesta tiene que ver con la eliminación gradual del impuesto a la salida de divisas (ISD) que, siendo pragmáticos, podría ser una buena vía para que, más que restringir la salida de dólares del país, se cree un escenario que, al dar certezas e incentivos, atraiga el retorno de capitales nacionales y, sobre todo, de extranjeros que con fines productivos verían al Ecuador como un país atractivo a la hora de impulsar nuevos negocios que, pensando en el largo plazo, contribuyan a generar fuentes de trabajo digno que tanto falta hacen al país para salir adelante y, con ello, mejorar los indicadores de pobreza que, como se resaltó, se han deteriorado significativamente con el potenciamiento de una pandemia que no estaba en los radares de la planificación de ningún país del mundo.

La otra propuesta tiene relación con la eliminación del impuesto del 2% a los ingresos de las microempresas que, como fue concebido, más que promover la formalización y facilitación de la tramitología tributaria terminó generando confusiones procedimentales que, en última instancia, ocasionaron pagos que fueron motivo del rechazo de varios ciudadanos. Sobre este punto, pensando en el futuro, se debería barajar la posibilidad del diseño de una alternativa mejor estructurada y, ante todo, ajustada a la realidad de un sector microempresarial que siempre está a la espera de soluciones que contribuyan a que la tramitología, para los propietarios de las microempresas, sea aquella con la que sea fácil trabajar.

En lo que tiene que ver con la propuesta de bajar el IVA para determinados productos – como los del sector turístico- y en determinados momentos -por ejemplo, los feriados-, también suena coherente con la realidad que vive el tejido productivo nacional en medio de los sendos coletazos que, cada día, va generando una pandemia que, hasta la fecha, no da una tregua real que contribuya a la real reactivación productiva del Ecuador.

Finalmente, para que la gestión fiscal sea eficiente, priorizadora y transparente, es fundamental que la ciudadanía se involucre más y siempre esté vigilante y exigente de que los dineros que maneja el Estado sirvan, realmente, para mejorar las condiciones de vida de todos los ecuatorianos y no para llenar los bolsillos de los corruptos que, aprovechándose, de sus cargos se han enriquecido restándole, así, recursos a la atención de necesidades clave que, bien atendidas, contribuirían a tener una población más sana, más educada, mejor alimentada, más segura, más protegida en términos de vivienda y, también, mejor conectada en un mundo que ha acelerado su digitalización.