En las ciencias sociales la corrupción suele ser definida como el mal uso de los medios oficiales para fines no oficiales, o lo que es lo mismo, el abuso de la autoridad pública para favorecer ganancias privadas. Esta definición, también coincide con el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, que además aclara que las ventajas obtenidas a través de un acto de corrupción, puede generar ventajas para el funcionario involucrado o para otra persona o entidad (como ha sucedido en Ecuador con los “salvatajes bancarios” o con los contratos ventajosos en favor de Odebrecht).
En América Latina y Ecuador la corrupción se manifiesta principalmente a través de la captura del Estado. Las redes entre grupos económicos y el Estado son tan fuertes que los presidentes, legisladores y funcionarios actúan principalmente en beneficio de esos grupos. Existe entonces una “captura del Estado” o privatización de las políticas públicas. Esto es algo “estructural” en el capitalismo (de derecha e izquierda).
La captura del Estado por el dinero y la corrupción es más grave cuando impacta en la habilidad estatal para cumplir sus funciones. Este impacto, puede expresarse en fenómenos presentes en Ecuador. Me refiero a la afectación de la capacidad recaudadora del Estado, y a la corrupción que promueven los grupos de interés mediante la contratación pública y el subsidio estatal a grupos económicos.
En el ámbito recaudador, la corrupción extendida afecta la cultura de cumplimiento tributario, incrementando la evasión fiscal. Este es un círculo vicioso. A mayor corrupción, menor capacidad del Estado para cobrar tributos y promover una cultura del cumplimiento, y a menor cumplimiento tributario mayores problemas fiscales para que el Estado mejore instituciones y servicios claves para luchar contra la corrupción. El caso brasileño es paradigmático. Después de Estados Unidos, Brasil es el segundo país con mayor evasión tributaria. Según Jorge Garguero, miembro fundador de la TJN en América Latina e investigador de CEFID-AR Tax Justice Network (TJN), el volumen de evasión fiscal supera con creces las pérdidas denunciadas por la promocionada operación “lava jato”.
La evasión fiscal es verdaderamente criminal en la región más desigual del mundo. Por ejemplo, en Ecuador hay 280 multimillonarios cuya fortuna representa 7.8 veces la inversión del Estado en educación y equivale el 32% del Producto Interno Bruto. Como bien menciona OXFAM y como se ha evidenciado a través de tantos casos de corrupción, la acumulación de riqueza no es solo fruto del esfuerzo, es también el resultado de políticas gubernamentales que privilegian a pocos negándoles derechos a muchos.
Las élites liberales afirman que el Estado es corrupto y que por tanto no debemos pagar impuestos. No reconocen que su evasión fiscal debilita las capacidades del Estado para invertir en educación, tecnología e infraestructura, condiciones básicas para luchar en serio contra la corrupción. Tampoco consideran que su renuncia a construir un mejor Estado (como si el Estado no dependiera también de los grupos económicos), evidencia falta de patriotismo y civismo.
Por otra parte, hay otros tipos de corrupción muy promocionados en los medios. Hablo del desperdicio y robo de nuestro dinero a través de la contratación pública y de los subsidios del Estado a los grupos económicos (como sucedió con la sucretización de la deuda, especialmente en el gobierno de Febres Cordero). Estos hechos se traducen en déficits fiscales y en acumulación de deuda.
La contratación pública (actividad ineludible de cualquier Estado) también promueve actividades buscadoras de rentas (como cuando se compra una empresa pública a precio de “gallina robada”). Las empresas se abocan a la búsqueda de beneficios estatales mediante el soborno, en lugar de mejorar su productividad e innovación, cuando no se trata de corporaciones transnacionales que maximizan sus beneficios sin importarles los costos ambientales (como sucedió con Crevron).
Esto es tan común en América Latina que nuestro capitalismo es definido como un “capitalismo oligárquico”. Surgen así incluso mafias que no existieran sino fuera por las oportunidades asociadas al control de la contratación pública, como la mafia vinculada a Mendoza y los Bucarám.
La corrupción en contextos de crisis económica afecta desproporcionalmente la moral nacional y el ánimo de la población. Por ello afecta también la capacidad de construcción de capital humano. Los jóvenes no ven incentivos a superarse, porque el mérito no prima. La población en general aprende a incumplir la ley y deslegitimar la autoridad estatal.
La corrupción como puede colegirse también afecta la garantía de los derechos sociales y económicos, y las condiciones adversas, favorecen la movilización política populista que se traduce en inestabilidad política y conflicto radical.
¿Qué hacer para luchar contra la corrupción? Como hemos visto, la corrupción es un fenómeno muy complejo y endémico. Sólo puede ser mitigada mediante un enfoque multifacético y holístico. Algunas alternativas que han funcionado en otros países son las reformas preventivas (creación de comisiones anticorrupción), la promoción de transparencia en las industrias extractivas, la persecución de los “peces gordos”, las reformas económicas que promuevan la competencia económica sin sacrificar a las pequeñas y medianas empresas, y la construcción de un Estado de Derecho y capaz de regular, promover el crecimiento económico y redistribuir mediante oportunidades (medios de producción) la riqueza.
En Ecuador la lucha contra la corrupción se simplifica a una demanda populista por penas más altas o por dictaduras. Pues bien, ni las penas altas ni las dictaduras garantizan nada en América Latina. Hay dictaduras “ejemplares” que acabaron con la corrupción, como sucedió en Singapur bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew, pero ese país tiene otra historia política y cultural y un experimento así no funcionaría en Ecuador o América Latina.
Nuestra alternativa es construir democracia y un Estado autónomo que no esté capturado de forma tan directa por oligarquías, corporaciones y grupos de interés. Empecemos por garantizar la imparcialidad en la persecución de los “peces gordos”, al tiempo que trabajamos en la construcción participativa de las políticas públicas que combaten la corrupción (empezando por la mejora de la educación). Quizá deberíamos seguir el ejemplo de los países en los que la sociedad civil crítica se unión con activistas internacionales y las Naciones Unidas para combatir la corrupción. En Guatemala un experimento similar permitió que caigan todos los peces gordos (asambleístas, ex presidentes, ministros, grandes empresarios, etc.).
La construcción de instituciones imparciales conlleva mucho tiempo. Ecuador no tiene instituciones imparciales en materia de lucha contra la corrupción. Los actores políticos están polarizados y en su mayoría han incurrido en actos de corrupción. Sólo la sociedad civil crítica con ayuda de una comisión internacional y de los líderes políticos puede mejorar las instituciones. Lamentablemente, hasta la fecha, no vemos entre los posibles candidatos para la presidencia, líderes políticos democráticos y alejados de grupos de interés oligárquicos o mafiosos, dispuestos a luchar verdaderamente contra la corrupción que se manifiesta mediante la evasión fiscal, la contratación pública y la privatización de las políticas públicas.
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