Dos años de ocupación de la prensa por Ortega

martes, diciembre 15, 2020

El clímax de la persecución a la prensa independiente es la reciente aprobación de la ley de Ciberdelitos. La Ley Mordaza nicaragüense impone multas o penas de cárcel de hasta ocho años contra los periodistas que el régimen considere que publiquen noticias falsas...

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Dos años han pasado desde que el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la ocupación policial de medios considerados opositores, ante la indiferencia global. Uno de ellos es Confidencial donde el periodista Carlos Fernando Chamorro, su esposa Desireé Elizondo y un grupo de reporteros que llegaron en un acto de protesta que duró menos de 15 minutos, antes de ser replegados por policías antimotines que empujaron y expulsaron a Chamorro.

El periodismo independiente ha estado bajo la bota policial del régimen sandinista tras las protestas de diciembre de 2018, donde hubo violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de policías y paramilitares y la instalación de un estado policial de facto. Las multitudinarias manistaciones dejaron un saldo de más de 325 víctimas mortales, según cifras de organizaciones de Derechos Humanos.

La redacción de Confidencial fue la primera en ser confiscada debido a su labor periodística, en la que presentó pruebas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y paramilitares y documentó la responsabilidad del Ejecutivo sandinista en la masacre denunciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de de entrevistas y reportajes, entre ellos la publicación de una serie de correos electrónicos de la vicepresidenta Rosario Murillo con la orden: Vamos con todo.

La redacción fue saqueada, destruida y confiscada de forma indefinida. Sus periodistas se exiliaron un año en Costa Rica y Chamorro tomó la decisión de retornar del exilio en noviembre de 2019, asumiendo el riesgo de que en Nicaragua no hay garantías para la libertad de prensa.

“No importa que el Estado policial se exhiba por la fuerza bruta, porque no van a confiscar las ideas, no van a confiscar al periodismo nunca -gritó Chamorro a los antimotines el 14 de diciembre pasado-. No van a impedir que la prensa libre siga informando y los siga retratando a ustedes ante los nicaragüenses y el mundo, porque ustedes son los ejecutores de órdenes ilegales”.

El periodismo independiente en Nicaragua vive en constante hostigamiento, con una serie de juicios por injurias y calumnias contra reporteros y 344 ataques contra periodistas en lo que va de 2020, especialmente perpetrados por policías, según el observatorio de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

El clímax de la persecución es la reciente aprobación de la ley de Ciberdelitos. La Ley Mordaza nicaragüense impone multas o penas de cárcel de hasta ocho años contra los periodistas que el régimen considere publican noticias falsas. El Gobierno de Daniel Ortega decide qué es una noticia falsa. La misma historia que vivió Ecuador en la dácada pasada con una Supercom que decidía qué es información y qué no. Qué es una mentira y qué es una verdad. Todo el aparato de propaganda que se ha encargado de inundar las redes con fake news con la añoranza de regresar al poder, sin tener que ser sometido a los silletazos que ha recibido Evo Morales en Bolivia, despúes de su supuesto regreso triunfal.