Esperanza para los emprendedores

viernes, junio 19, 2020

Crear y fomentar un ambiente emprendedor es una jugada necesaria. Para ello las SAS fueron un buen primer paso. La posibilidad de emprender libremente, planteada por la transitoria quinta de la Ley de Apoyo Humanitario es un excelente segundo paso. Cerremos el proceso con broche de oro brindando financiamiento a proyectos, aún a quienes estén atravesando una situación complicada. Ya es hora de liberar el potencial emprendedor de los ecuatorianos

Tiempo de lectura: 4 minutos

El veto parcial a la Ley de Apoyo Humanitario enviado por el presidente Lenin Moreno a la Asamblea Nacional incluye 32 observaciones. Es un veto con puntos altos y bajos, pero que en general tiene un balance positivo pues aclara varios temas que la Asamblea Nacional no determinó en el proyecto original.

¿Hay espacio para mejoras? Sin duda, quizás el mejor ejemplo sea el art. 3 que parecería estar mal redactado y se equivoca al equiparar a la educación básica y bachillerato con la educación superior. Sin embargo, queda claro que el principal objetivo del veto es establecer medidas de apoyo frente a la crisis de salud, económica y social que vivimos. Lo hace mediante la aclaración y ampliación de elementos que la Asamblea incluyó en el proyecto de Ley.

Mi visión apunta a los emprendimientos como el único camino sostenible para el desarrollo del Ecuador. Por eso una de mis partes favoritas del veto presidencial es la ampliación de la disposición transitoria quinta, que básicamente establece la posibilidad de abrir y desarrollar nuevos emprendimientos sin trabas burocráticas.

Esta transitoria, que ya existía en el proyecto enviado originalmente por la Asamblea, se estableció que:

“el Estado garantizará la apertura de nuevos emprendimientos desde el día cero, sin ningún tipo de requisitos, para lo cual el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los GAD’s, según les corresponda, emitirán permisos de operación provisional que tendrán una validez de 180 días, tiempo en el cual el emprendedor deberá regular su actividad en temas tributarios, municipales y permisos de cualquier índole que requiera.”

En el veto que plantea el presidente, en la parte argumentativa establece que esta nueva apertura hacia los emprendimientos debe ser facilitada por todas las entidades públicas y no solo por las que la Asamblea había propuesto (SRI y GAD’s). Por lo tanto, establece que:

“el Estado garantizará la apertura de nuevos emprendimientos desde el día cero, sin ningún tipo de requisitos, para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados, así como cualquier otra entidad pública cuyo permiso se requiera, según corresponda, emitirán permisos de operación provisional que tendrán una validez de 180 días, tiempo en el cual el emprendedor deberá regular su actividad en temas tributarios, municipales y permisos de cualquier índole que requiera.”

Una ampliación acertada, cuyo análisis exige resaltar tres puntos clave:

Primero.- La esencia e intención del artículo es positiva pues Ecuador empieza a creer en el emprendimiento. Según varios estudios somos el país con mayor intención y potencial de emprendimiento de América Latina. Es decir, los ecuatorianos somos los que más ganas tenemos de iniciar un negocio propio. Ese potencial que hoy se desperdicia, es nuestra mejor herramienta para el desarrollo y combate a la pobreza. Al parecer, aunque sea tarde, la Asamblea Nacional y el gobierno han entendido esta realidad y plantean una figura que los permita empezar con agilidad y sin mayores gastos.

Abrir un negocio en el país en el presente es pasar semanas o meses haciendo filas, pidiendo papeles, sacando permisos y gastando dinero antes de poder vender un chicle. Con la propuesta se abre la oportunidad para que un emprendedor inicie su negocio y mientras trabaja, durante los primeros seis meses, pueda regularizar todos los permisos necesarios.

Segundo.- La redacción del veto es conveniente, pues amplía la figura de un permiso provisional de 180 días a todas las instituciones públicas que podrían verse involucradas en el proceso. De nada serviría que el municipio entregue el permiso provisional, si el emprendedor no puede abrir porque le falta el permiso del Ministerio de Turismo.

Tercero.– Esta nueva figura del permiso temporal puede combinarse con las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) creadas por la Ley de Emprendimiento e Innovación para generar un ambiente muy positivo para el emprendimiento. Con poquísimos requisitos, bajos costos, y agilidad.

¿Qué falta?

Que la Asamblea Nacional apruebe la transitoria quinta con el texto del veto presidencial.
Que tanto los GAD’s como las demás entidades públicas adapten sus reglamentos y procedimientos al nuevo permiso provisional para operativizar la ley y que sea de fácil uso por parte de los ciudadanos.
CRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES

Es necesario que el gobierno apoye a emprendedores con financiamiento. Se debe encontrar un mecanismo para brindar créditos con intereses bajos y garantías proveídas por el Estado (como el fondo de garantía de la CFN o un fondo de inversiones de riesgo) a personas o grupos de personas que presenten proyectos de emprendimiento viables y sostenibles. Inclusive, se debe diseñar un mecanismo para entregar créditos a personas con problemas de crédito (central de riesgo). Entiendo que deben existir parámetros para regular el riesgo, pero el Estado debe apostar por sus ciudadanos. Nuevos emprendimientos significan impuestos, puestos de trabajo, movimiento de la economía, crecimiento, y combate a la pobreza.

Hay gente que desde el terremoto de 2016 acarrea deudas impagables. Otros que mantienen pérdidas de las protestas de octubre 2019 y están en central de riesgos. Aún más son los que en esta pandemia han perdido trabajo, negocio, y hasta salud. Si seguimos los mecanismos normales, no importa que el gobierno ponga $1000 millones en la CFN o en el Banco del Pacífico, pues para solicitar un crédito los requisitos son los mismos de siempre: buena calificación de crédito y una garantía.