La segunda es la vencida, la Ley de Simplicidad y Progresividad Tributaria del Ecuador, que entró en vigencia a inicios de 2020, tiene una gran diferencia con el primer proyecto de ley económico urgente rechazado en las protestas de octubre pasado.
La principal diferencia entre las dos reformas es que, la primera estaba dirigida para que toda la población pague los nuevos impuestos. La nueva ley, le pasa la cuenta principalmente a quienes no salen a la calle a protestar, las clases media, alta y las empresas. La nueva Ley plantea cambios como gravar con impuesto a la renta, las ganancias que pagan las empresas a sus inversionistas extranjeros y elimina el anticipo del impuesto a la renta.
Si el gobierno realmente busca una salida al déficit presupuestario, tiene dos opciones, disminuir la burocracia y eliminar o focalizar el subsidio a los combustibles. Si esto no ocurre, solo le queda incrementar el endeudamiento, pero esa opción no es ilimitada y resulta muy onerosa en los actuales momentos.
En términos generales, lo que cambia con la nueva reforma tributaria es la recaudación por parte del Gobierno, de una cifra algo mayor a $600 millones, donde los principales rubros los generan, el nuevo impuesto temporal a las empresas, a los dividendos y las reformas al IVA.
Con la entrada en vigencia de la ley, hay cambios que se ejecutan desde principios de enero y otros tomarán hasta 180 días para aplicarlos. Entre ellos están el impuesto a los consumos especiales (ICE) para las cervezas industriales, que se eleva en un 10%. El incremento del 10% del ICE a los planes de telefonía móvil que se aplicará para unos 4,4 millones de planes en el país. La reforma plantea además, un nuevo régimen tributario más simple para las microempresas.
Otras reformas tendrán que esperar hasta que el Servicio de Rentas Internas (SRI) emita la normativa complementaria. El impuesto al valor agregado (IVA) para las plataformas digitales como Uber, Netflix o Spotify, se cobrarán en julio, pues la Ley da un plazo de 180 días. Esta situación se origina por la necesidad de analizar y establecer correctamente desde el SRI, cuáles son las bases e información que se utilizará para cobrar y efectuar los cruces de control del impuesto, que no existe para esta actividad y tiene características muy especiales.
El cobro de impuestos a las plataformas digitales es nuevo en Ecuador. Los números del Gobierno apuntan a una recaudación algo superior a $20 millones, sin embargo, comparando el tamaño de estas plataformas y lo recaudado por el resto de países de la región, esa cifra podría bordear no más de $10 millones.
Los $600 millones que el Estado espera recaudar, con los cambios en esta ley, no solucionan el problema de déficit del país y la situación seguirá crítica porque el Gobierno tendrá que endeudarse, si no toma los correctivos necesarios como disminuir los gastos corrientes y eliminar los subsidios.
Muchos de estos impuestos pasarán a los usuarios finales, sin embargo, el impacto ya no será importante en las clases más desposeídas, porque está dirigido a los sectores de la clase media hacia la más alta. Las empresas difícilmente asumirán el impacto y buscarán la forma de trasladar el gasto a los usuarios finales. Luego de varios años de crisis, la situación de la mayoría de empresas no es la mejor.
Las plataformas, necesariamente, tendrán que reportar todas sus actividades, mantener RUC habilitados, declaraciones mensuales, anexos de información específica, sistemas contables, entre otras obligaciones, que representan costos administrativos y seguro ocasionarán un incremento del costo de los servicios que prestan.
El cobro aún no está definido pero entre lo que está en análisis se encuentra: vía retenciones directas o mediante las empresas emisoras de tarjetas de crédito. También se podrían firmar acuerdos con las multinacionales dueñas de las plataformas digitales, para que inicialmente entreguen información base y así poder calcular el impuesto. El Reglamento definirá cómo hacerlo.
Desde hace ya varios años, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) recomienda establecer impuestos a las plataformas digitales, por considerarlo una competencia desleal con los negocios locales. La idea es que estas multinacionales que generan tantos ingresos, paguen los impuestos correspondientes. En definitiva, Ecuador se sumaría a la mayoría de países que ya han gravado a este tipo de negocios, en especial en Sudamérica. En Centroamérica solo un par de países lo ha hecho, pero pronto se sumarían el resto. México y Brasil, por el tamaño de sus economías y población generan ingresos por sobre los $150 millones cada uno, con tendencia al crecimiento por el uso masivo de las plataformas digitales.
La reforma tributaria aprobada le da un respiro al país, para mantener el acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y garantizar los nuevos desembolsos, entregados en diciembre y que bordearon los $500 millones. Sin embargo, el gobierno de Lenín Moreno no tiene capital político para emprender nuevas reformas económicas, necesarias para la recuperación económica del país, después de su claudicación ante las demandas del pueblo indígena. Será necesario esperar a un nuevo gobierno que evalúe el tema.
Las perspectivas económicas del Ecuador para este año prácticamente electoral serán muy difíciles, el empleo no se incrementará y la tan esperada inversión extranjera difícilmente llegará, ante la falta de seguridad jurídica del país y porque dicho sea de paso, esta nueva Ley gravó con impuesto a la renta el pago de dividendos a extranjeros. El crecimiento de la economía sería ínfimo, lo cual significa que la mayoría de empresas pasarán un año sin crecimiento y la capacidad de compra de la gente estará en niveles muy bajos. Los ecuatorianos seguro vamos a enfrentar otro año económicamente complicado.
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