El Estado ha sido elemental en las sociedades organizadas políticamente, se le han encargado tareas de servicio, gestión y garantía para los ciudadanos, por ejemplo, la seguridad, a cambio del pago de tributos para sostenerlo.
Las necesidades de la sociedad han aumentado, de allí que el Estado ha tenido que transformarse en alguna medida, pero no siempre su actuar ha sido óptimo, lo que pone en cuestión la respuesta institucional y, sobre todo, la estructura de todo el aparato público.
Es pertinente, por lo tanto, tratar de esbozar el Estado que sería idóneo para responder con éxito a las expectativas del llamado “Estado del Buen Vivir” establecido desde la Constitución de 2008. La historia enseña que al Estado liberal le siguió el de bienestar y a este el neoliberal, que en nuestro caso sería el modelo previo al del Buen Vivir.
A cada tipo de Estado le corresponden formas diferentes de funcionamiento y configuración administrativa. Para realizar las crecientes tareas de cara a los mandantes, casi siempre se pensó erróneamente en que el aumento de oficinas y niveles de la administración pública, con el consecuente crecimiento de la burocracia, la creación y cambios de nombres de ministerios u otras dependencias eran suficiente.
En Ecuador, con la excusa de llevar a la práctica el Estado del Buen Vivir, montaron sin éxito un obeso y costoso aparataje estatal. Lo cierto es que los retos de hoy difieren de los de antes; para ser eficiente, el Estado que necesitamos debe contar con los ciudadanos, así como garantizar la democracia, los derechos y las libertades, en el marco de un modelo de desarrollo respetuoso de la vida; incorporar nuevas tecnologías e innovar en regulaciones, trámites y procesos para la eficiencia con transparencia; insertarse estratégicamente en el mundo e integrar grupos de países con intereses comunes, ya que hay numerosos asuntos que sobrepasan su capacidad de respuesta, como la migración y el daño ambiental
(Publicado en El Telégrafo, 18 de agosto de 2019)
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