Promover el voto nulo es peligroso

martes, febrero 26, 2019

Si lo que se quiere es eliminar de la Constitución e institucionalidad ecuatoriana a la Función de Transparencia y Control Social, o al menos al CPCCS, debemos ir a una consulta popular adicional. La reforma es necesaria, de eso no hay duda.

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No podemos ocultar la realidad, la situación política es preocupante. No hay claridad acerca de quiénes son las personas que esperan formar parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Si bien esto podría ser visto como un incumplimiento de la obligación cívica y ciudadana de conocer por quienes iremos a votar, existe una corresponsabilidad por parte de las autoridades. Ni el gobierno -que fue quien propuso y promovió la consulta popular que nos dejó el mecanismo de selección de los miembros del  CPCCS al que nos enfrentaremos- ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) han encontrado la manera adecuada de llegar con información suficiente al electorado.

Las elecciones seccionales de 2019 son un ejercicio democrático que provoca ansiedad. No solo inquieta el altísimo e histórico número de candidatos –más de 80 mil- y el aparecimiento de decenas de nuevos partidos sin planes a largo plazo, sino también el número de ciudadanos que no conoce cuáles son las funciones del CPCCS y peor aún los perfiles de quiénes buscan ser Consejeros.

Es gravísimo como sociedad saber que vamos a participar en una elección de personas que no conocemos, para conformar una entidad cuyo poder tampoco conocemos, sobre todo cuando está función es la encargada de seleccionar a las autoridades de las principales entidades de control del Estado: Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Superintendentes de diversas ramas, entre otros. El correismo ya nos mostró las consecuencias de una mala selección de autoridades de control.

Ante este escenario, un grupo de ciudadanos, entre ellos respetables profesionales y académicos, se han dado a la tarea de promover el voto nulo. Se entiende su intención; se puede incluso simpatizar con su fin ulterior, la eliminación del CPCCS. Sin embargo, se equivocan en la forma de lograrlo.

Los promotores del voto nulo amparan su argumento en el inciso tercero del artículo 147 del Código de la Democracia, que en su parte pertinente dice que:

“Se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos:

3. Cuando los votos nulos superen a los votos de la totalidad de candidatas o candidatos, o de las respectivas listas, en una circunscripción determinada, para cada dignidad”.

Su objetivo es lograr la nulidad de las elecciones de los integrantes del CPCCS. Aun siendo positivos, existen serios obstáculos para lograr llegar a tal escenario:

1) Desde el retorno de Ecuador a la democracia, los votos nulos han promediado el 10%, teniendo picos altos en el 13%. Por lo que resulta poco creíble que se logre superar un 50% como exige el 147.

2) La promoción del nulo ha iniciado hace poco, y le queda menos de un mes hasta las votaciones para promover la idea.

3) El 147 establece una nulidad por circunscripción, por lo que podría darse un escenario mucho más complicado que solo obtener el 50% más uno a nivel nacional.

Dicho ello, vale revisar los riesgos de seguir tal camino. Provocar que aumente el número de nulos es tremendamente peligroso -rayando en lo irresponsable-. Bajo nuestro sistema electoral, los votos nulos no aportan al total, lo que provocan es que se reduce el universo total de votos a contar. Así, si Juan obtiene 10 votos de 100, representa el 10% del voto total cuando el 100% de los votantes ingresa votos válidos. El mismo Juan, con los mismos 10 votos a su nombre, podría alcanzar el 17% al final del conteo si 40 votantes anulan su voto pues 10 votos representan el 17% de los 60 votos válidos. Esto podría facilitar la llegada al CPCCS de representantes de grupos políticos quienes, al tener bases militantes que significan votos duros, verán sus votos magnificados por el abuso del voto nulo combinado con nuestro sistema electoral. Los partidos políticos no son malos por naturaleza, pero pierde sentido tener a personas vinculadas a partidos en un organismo que se supone debe ser apolítico.

Ahora bien, no solo es poco probable que se logre obtener mas del 50% de los votos nulos en todas las circunscripciones y además es peligroso quedarse corto en el intento por llegar a la meta, sino que lograrlo no tiene ningún efecto jurídico vinculante. Los defensores de la teoría insinúan que la victoria del nulo enviaría un mensaje político que el Gobierno y la Asamblea no podrían ignorar: la mayoría anhela la eliminación del CPCCS. Aún si seguimos dicha tesis, tampoco es un elemento determinante. A nivel jurídico no existe obligación. A nivel político basta revisar los efectos de las elecciones judiciales de Bolivia en el 2011 para saber que no hay garantías de una reacción.

Si lo que se quiere es eliminar de la Constitución e institucionalidad ecuatoriana a la Función de Transparencia y Control Social, o al menos al CPCCS, debemos ir a una consulta popular adicional. La reforma es necesaria, de eso no hay duda. El CPCCS es un organismo que no aporta a la democracia y afecta gravemente el balance de poderes (que no es lo mismo que la separación de poderes). Es entendible la frustración de los ciudadanos que buscan el nulo, pero no podemos dejar a la mera voluntad del universo lo que va a pasar con el ente que seleccionará a los representantes de los organismos de control en los próximos meses.

Lo ideal sería que la Asamblea Nacional, o en su defecto el Presidente, promueva una nueva consulta popular para votar por la eliminación de este Consejo de Participación, que no es más que un experimento fallido del correísmo. La Constitución establece formas específicas de cómo modificarla (artículos 441, 442, 443, y 444) y es perfectamente aplicable -tanto política como jurídicamente- la reforma parcial que establece el art. 442 para justificar una consulta popular que, con la venia del soberano, elimine el CPCCS y la Función de Transparencia y Control Social.

Dicho ello, a menos de un mes de las seccionales del 24 de marzo no se cancelarán las elecciones. Y siendo que, aunque a muchos no nos guste,  el Consejo de Participación Ciudadana forma parte de la institucionalidad vigente en el país, una vez se hayan proclamado los resultados de las elecciones los consejeros electos deberán ejercer sus funciones con normalidad hasta que haya, si acaso se da, una acción concreta que defina el futuro del CPCCS. Cualquier cambio es, por ahora, una mera expectativa.

La propuesta es entonces:

1) Dedicarnos a hacer pública la mayor información posible sobre los actuales candidatos a consejeros. Como ciudadanos esforzarnos por escoger a los 7 mejores. No se debe votar nulo, se debe votar BIEN.

2) Una vez electos los mejores entre los candidatos, debemos supervisar y apoyar su gestión.

3) Una vez terminado este proceso electoral, se debe impulsar un nueva consulta popular –ojalá promovida por la mayoría del Legislativo- que nos permita como Estado volver a un sistema republicano, democrático  y liberal, con separación y balance de poderes, como el que ha funcionado y sigue funcionando en la democracia liberal más antigua del mundo.