En Ecuador, el 90% de los tarjetahabientes paga el mínimo de sus consumos

domingo, febrero 10, 2019

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, adopta decisiones polémicas, por el respaldo del presidente Lenín Moreno, pero parece no medir el efecto en los medios, las críticas que despierta, y esas decisiones, que pueden ser técnicas, se convierten en un boomerang

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Para analizar la resolución de la Junta Bancaria del 30 de noviembre de 2018 -ya archivada por el gobierno-, sobre el reajuste al cálculo de los intereses de las deudas con tarjetas de crédito, hay que retroceder a diciembre de 2016 cuando el entonces ministro Coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, firmó una resolución donde disponía que cuando un cliente cancele el mínimo o un valor superior, pero no alcance a cubrir el total de la cuota, la entidad cobrará solo un interés de financiamiento por el saldo del capital no cubierto de los consumos corrientes, de los consumos realizados ese mes.

La resolución de 2016 argumentaba que como la tarjeta de crédito se pagaba cada mes, en el momento del pago comienza nuevamente a correr los intereses. Pero la banca argumentó ahora que es el momento en que el tarjetahabiente realiza el consumo debe correr el interés porque en ese instante asume el crédito.

En las tarjetas de crédito hay dos opciones o diferido o rotativo y se supone que cuando un usuario usa el crédito rotativo se debe pagar todo a fin de mes, pero mucha gente en el país opta por el mínimo.

Lo que la banca buscaba es recuperar las tasas de interés en las tarjetas de crédito ya sea por mora o por la compra de bienes en forma rotativa y eso sin duda molestó a los tarjetahabientes, porque el costo del crédito se encareció por usar el pago mínimo.

La resolución del 30 de noviembre volvió a disponer que los intereses corran al momento de hacer el consumo, porque es desde cuando se entrega el crédito, según los argumentos de los voceros de la banca. Ahí estamos hablando de un mes y un mes y pico por intereses que los bancos dejaron de cobrar. Lo incomprensible es por qué no se argumentó lo mismo hace dos años.

Ahora, ¿por qué la polémica se arma recién ahora cuando la resolución del reajuste es del 30 de noviembre de 2018? Porque recién muchos clientes se dan cuenta del ajuste de los intereses al recibir sus estados de cuenta.
El principal error de la banca privada y la Junta Monetaria fue el silencio sobre este recálculo, porque pensaron que no causaría mayor alboroto.

Lo cierto es que en la última década hubo muchos sectores que se sintieron afectados o perseguidos por todo tipo de regulaciones o normativas y uno de los principales fue el sistema financiero. Con el nuevo gobierno y su orientación más amigable con la empresa privada comenzaron a reclamar y presionar por cambios que fueron hechos con un cierto silencio, tal vez porque las autoridades económicas no imaginaron una reacción tan viral.

El malestar, entonces, fue porque los bancos nuevamente recargaban los intereses en los estados de cuenta y por más que sea un dólar, dos dólares o tres dólares era evidente que el incremento sería permanente. Y en Ecuador el 90% de los tarjetahabientes están acostumbrados a pagar el saldo mínimo de sus consumos.

Pero el tema de la Junta Monetaria también revela otro problema: cada vez que la gente sale a reclamar ya sea por las redes sociales o en a calle el gobierno rectifica rápidamente. Es como si la decisión fuera: si la gente reclama, cambio la medida; si la gente no reclama, no hay ninguna modificación. Y no es un reclamo nimio, porque si sumamos por lo menos dos millones de tarjetahabientes, por más que sea un dólar, hablamos de dos millones de dólares mensuales adicionales en intereses para la banca.

La banca dice que el tema de los intereses de las tarjetas es un problema técnico, y tal vez tenga razón, pero el momento en que cambia las reglas o las normativas su obligación es informar al consumidor o cliente.

Es necesario reconocer que la banca sí advierte que si una persona desea a comprar a crédito lo haga en diferido, porque si va a comprar rotativo debe pagar a fin de mes. La gente quiere hacer eso, pero llega a fin de mes y no le alcanza entonces va y paga el mínimo.

Las utilidades de la banca, además, subieron drásticamente en los últimos dos años. En 2016 no llegaban ni a los $240 millones. Desde el año 2017 suben a casi $400 millones de dólares y en el año 2018 llegan $560 millones.
Por comisiones ganadas, la cifra llegó a $238 millones en 2018; en el 2017 fueron $334 millones, pero en el 2015 y en el 2016, alcanzaron los $240 millones. En los intereses que gana la banca por dar créditos, en los ítems del consumo prioritario y ordinario, la cifra llegó a $1.079 millones en 2018.

Los créditos de consumo, especialmente los prioritarios, subieron a $9.000 millones. El crédito al consumo es el que otorga la banca a sus clientes más el que emite por tarjeta habiente. Y en la actualidad la gente usa bastante la tarjeta de crédito para completar sus gastos porque no puede financiarlos con sus ingresos.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, adopta decisiones polémicas, por el respaldo del presidente Lenín Moreno, pero parece no medir el efecto en los medios, las críticas que despierta, y esas decisiones, que pueden ser técnicas, se convierten en un boomerang. Hay decisiones sin estudios sobre los consumidores, los agentes económicos. Suenan como medidas apresuradas que no miden la convulsión social. Ahí está el caso del retiro de los subsidios a los combustibles, el tema del gas y el diésel y ahora el de las tasas de interés en las tarjetas de crédito.