El Ecuador es un país de multiamenazas, pero también es un país con amplias vulnerabilidades y debilidades en el desarrollo lo que redunda en altos riesgos frente a situaciones de desastres.
La gestión es un proceso dinámico y a su vez complejo, pero también es concertado, técnico, decisorio, participativo desde lo local y lo que es más importante anclado al desarrollo de los pueblos por lo que redunda definitivamente en la reducción de las vulnerabilidades y aumento de los niveles de desarrollo, de tal manera que la respuesta a desastres es más humana y menos compleja.
Se debe partir que los desastres no son fenómenos naturales como se pensaba en el pasado (años 70- 80) y que para contrarrestar eso había que dar una respuesta dirigida a la atención de las víctimas; fomentando una forma de materialismo humanitario y convirtiendo a los desastres en productos e influyendo en consolidación de recursos y poder institucional, destinando 69,9% para la emergencia y respuesta y solo un 3,6% para prevención[1]. Hoy en pleno siglo XXI las cosas han cambiado y sabemos que los desastres son consecuencia de un mal desarrollo, es decir acciones que se debieron hacer en los procesos de desarrollo reduciendo las vulnerabilidades las cuales no se las intervino por muchos factores entre los que se destacan las malas decisiones, sistemas de creencias frente a las amenazas, las debilidades institucionales, etc.
El Ecuador como parte de una comunidad internacional está enmarcado en acuerdos internacionales entre los que se subraya el Marco de Acción de Sendai[2], el cual contempla cuatro lineamiento o prioridades:
Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de desastres deben basarse en comprender el riesgo de desastres en todas sus extensiones de vulnerabilidad, capacidad, nivel de exposición de las personas y sus bienes, así como tener claro las características de las amenazas. Esto se traduce en compartir conocimientos a todos los niveles de la sociedad civil, comunidades y voluntarios, así como el sector privado, mediante el intercambio de experiencias, enseñanzas extraídas y buenas prácticas y mediante la capacitación y la educación sobre la reducción del riesgo de desastres, en particular usando los mecanismos existentes de capacitación y educación y de aprendizaje, partiendo del pensar y sentir de la gente.
El fortalecimiento de la gobernanza frente al riesgo de desastres y poder realizar la prevención, mitigación, preparación, respuesta, recuperación y rehabilitación es necesario y fomentar la colaboración y fortalecer las alianzas institucionalmente en la aplicación de instrumentos oportunos para la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible. Para esto se debe incorporar e integrar la reducción del riesgo en todos los sectores entre un sector y otro y explorar y iniciar la coherencia hacia el desarrollo, en lo nacional y local según las leyes, regulaciones y políticas públicas que, al definir las distintas funciones y responsabilidades, ayuden a los sectores público y privado hacer frente al riesgo de desastres en los servicios y la infraestructura de propiedad pública o administrados o regulados por el Estado.
Establecer un marco de inversiones públicas y privadas dirigidas hacia la prevención y reducción del riesgo asumiendo acciones estructurales y no estructurales importantes que refuercen la capacidad que tienen las personas para superar circunstancias traumáticas como son los desastres en los aspectos económicos, social, salud, en las comunidades, incluyendo al medio ambiente. Claro que para que esto se logre se requiere una asignación de recursos financieros y logísticos a todos los estamentos de la administración que permitan desarrollar estrategias, políticas, planes, leyes y reglamentos para la reducción del riesgo de desastres en todos los sectores.
La permanente exposición al riesgo de desastres de las personas y los bienes, mezclado con las enseñanzas extraídas de desastres pasados, evidencia la necesidad de fortalecer aún más la preparación para casos de desastres, adoptando acciones preventivas con anticipación a los eventos adversos, integrar la reducción del riesgo de desastres en la preparación y asegurar que se cuente con capacidad suficiente para una respuesta y recuperación eficaces a todos los niveles de la sociedad pero siempre partiendo de lo local.
Todo esto se traduce en realizar preparativos o evaluar para actualizar periódicamente los planes, políticas y programas de preparación y contingencia para casos de desastre con la participación de las instituciones públicas y privadas, considerando también los efectos producto del cambio climático.
Si bien el Estado en el marco de la Constitución y las leyes vigentes tienen la responsabilidad de reducir el riesgo de desastres, también es verdad como lo expresa la dinámica de la gestión de riesgos es una responsabilidad compartida, e integral entre los gobiernos y los actores de la sociedad civil.
El cambiar la institucionalidad de la Gestión de Riesgos se estaría dando pasos agigantados hacia un retroceso construyendo vulnerabilidades que en última instancia lo que generará es una respuesta ante un evento adverso con las consecuencias desfavorables para en la economía y el desarrollo de las personas, las ciudades y por consiguiente el país.
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