La declaración de intenciones para negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos es uno de los anuncios más significativos realizados por el gobierno del presidente Lenín Moreno. El gesto muestra que han quedado atrás las barreras ideológicas que pusieron trabas a la apertura comercial en la década pasada.
El gigante norteamericano es el principal destino de exportación de nuestros productos –tradicionales y no tradicionales- no petroleros. De ahí que lo práctico es tener un acuerdo bilateral que mejore las condiciones de acceso, ya no bajo el sistema de preferencias arancelarias sino a la luz de un convenio bilateral.
Hace pocos días la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó la renovación del Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP) hasta 2020; para su vigencia solo falta que el Senado refrende, lo que seguramente ocurrirá en corto tiempo.
Pero el SGP únicamente comprende la oferta habitual de productos ecuatorianos limitada a unas 300 subpartidas arancelarias, ya que al tratarse de un mecanismo unilateral, no recíproco, EEUU decide qué bienes deben ser gravados y cuáles no. Aquello restringe el ingreso de nuevos productos que se exportan a ese mercado desde hace diez años o un lustro, los cuales tienen que pagar aranceles ad valorem o específicos altos.
Las tres centenas de subpartidas comprendidas en el SGP configuran una muestra reducida de las 21 secciones que abarca el universo arancelario. Si hablamos de bienes tangibles, cualquier producto, con sus respectivas subpartidas, se puede diversificar en las secciones señaladas.
Por ello hace bien el actual gobierno en apuntar a un tratado bilateral. Solo un instrumento de esas características permitirá incluir en el esquema preferencial nuevos productos y los que se produzcan a futuro.
Cabe decir que el Ecuador ya mantiene convenios de apertura comercial, con la Unión Europea (suscrito a finales de 2016), con el Mercosur mediante el Acuerdo de Complementación Económica n.º 59, y como parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a través del Acuerdo de Cartagena.
Es tiempo de dejar de depender de la renovación anual o bianual del SGP, una merced que EEUU otorga en ‘paquete’ a 120 países. Además, durante el tiempo que el sistema demora en aprobarse, nuestras exportaciones pagan altos aranceles ad valorem o específicos.
Claro está que un acuerdo comercial con Estados Unidos tendrá que venir de la mano de políticas internas orientadas a fomentar la productividad de la industria nacional. Eso implica abaratar los costos de importación así como también disminuir los costos de insumos como agua y electricidad, básicos para manufacturar, producir o transformar los productos en el país.
Esto es primordial, por cuanto la internacionalización de nuestros productos no depende únicamente de tener acuerdos comerciales. La cuestión va mucho más allá: consiste en desarrollar una política industrial favorable al empresariado, con seguridad jurídica, y con una normativa laboral, aduanera, comercial y tributaria estable capaz de asegurar la inversión y la generación de utilidades.
En síntesis, el impulso real a las exportaciones necesariamente tiene que comprender una política comercial orientada a abrir mercados sumada a una política industrial interna con incentivos concretos que estimulen la inversión.
Algunos confunden las políticas proteccionistas asumidas por la administración de Donald Trump con un rechazo tajante a los acuerdos comerciales. Hay que aclarar que ese mensaje está dirigido a países cuyos bienes exportables compiten directamente con la producción estadounidense. La diferencia radica en que los productos ecuatorianos no rivalizan con su industria manufacturera sino más bien la complementan, como proveedor de bienes primarios e intermedios.
En una negociación, cada una de las partes trata de lograr las condiciones más favorables a sus intereses. Y una buena negociación es la que deja satisfechas a las partes. El Ecuador necesita adquirir tecnología, bienes de capital y bienes intermedios producidos y fabricados en los EEUU, los cuales este momento entran al país pagando aranceles altos. A su vez, la contraparte requiere bienes complementarios producidos por nosotros.
La llegada de Lenín Moreno al poder marcó la eliminación de salvaguardias que frenaban las importaciones y encarecían las exportaciones, lo que restaba competitividad a nuestros productos. Ahora es tiempo de dejar de depender de la renovación anual o bianual del SGP, una merced que Estados Unidos otorga en ‘paquete’ a 120 países. Además, durante el tiempo que el sistema demora en aprobarse las exportaciones pagan altos aranceles ad valorem o específicos para entrar a ese mercado.
Todo eso resta espacio a nuestras exportaciones frente a países competidores que tienen acuerdos comerciales con EEUU. Entonces se impone la firma de un acuerdo comercial, amplio que incluya todas las secciones del universo arancelario. Puede llamarse de asociación o de libre comercio. A fin de cuentas el nombre es lo que menos interesa.
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