En mayor o menor medida, todos los gobiernos han convertido al IESS en ‘caja chica’

domingo, enero 21, 2018

La integración de una veeduría ciudadana, como la designada por el contralor Pablo Celi para el proceso de auditoría de la deuda externa e interna, es una idea que podría ser replicada para examinar las cuentas del IESS. 

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“Si usted quiere que algo no funcione, proceda a nombrar una comisión”. Debido a malas experiencias pasadas este dicho popular se ha vuelto casi un lugar común en Ecuador, pues no siempre han estado en los comités las personas más idóneas.

No obstante, la reciente integración de una veeduría ciudadana designada por el contralor general del Estado, Pablo Celi, que participará como observadora del proceso de auditoría de la deuda externa e interna contraída por el país durante la última década, es una idea interesante que podría ser replicada para examinar las cuentas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Observar, inspeccionar, estar atentos para que el trabajo se cumpla cabalmente. Precisamente esas deben ser las funciones de una veeduría. En el caso del IESS, lo ideal sería tener una veeduría ciudadana, conformada por profesionales con experiencia en seguridad social y en otras ramas afines.

La labor de los veedores ciudadanos, no representantes del Estado, consistiría en dar seguimiento a los resultados del examen de la situación organizacional, administrativa, presupuestaria, actuarial, la cual estaría a cargo de una firma auditora internacional, independiente, que debiera ser contratada por la propia institución.

A los veedores les correspondería hacer conocer al país sus resultados en un proceso de socialización. Solo así todos podríamos saber el estado real en que se encuentra la institución, sin que quede la duda de que el informe disimula ciertas decisiones polémicas o exagera otras, en beneficio o perjuicio de algún sector político de los tantos que han manejado el IESS.

Para examinar un ente autónomo como el IESS, no hace falta la decisión política de un gobierno. Bastaría con que un conglomerado social, ciudadanos que se representan a sí mismos, pidan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar una veeduría con el objetivo propuesto. Desde luego, esto podría hacerse con un organismo no cuestionado como lo está el actual Consejo.

En paralelo, al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le tocaría contratar la firma auditora internacional y facilitar toda la información que esta requiera.

En mayor o menor medida, todos los gobiernos que vinieron después del que presidió el médico lojano Isidro Ayora (1929-1931), quien confirió al país su estructura de Estado, han utilizado al IESS como si fuera la “caja chica” de la nación.

Peor aún, los ecuatorianos hemos dado luz verde para que los gobiernos de turno introduzcan sus manos en los recursos de una institución que existe por sus afiliados. Es ilustrativa la consulta popular del ex presidente Sixto Durán Ballén (1992-1996) en la que planteaba que los recursos se manejen en forma similar al sistema chileno de capitalización individual. La pregunta perdió estrepitosamente, porque la mayoría expresó en las urnas su descontento con un gobierno que por esa época no era muy popular que digamos.

A manera de descargo y con razón, los gobiernos pueden aducir que mantener ocioso el dinero de los afiliados es un crimen. Así, el Estado toma los recursos a cambio de bonos a ser pagados algún día. El IESS nunca va a demandar al Estado ni venderá los bonos a la baja, deberá esperar que se los pague en algún momento o negociarlos.

En países donde rige el sistema de administradores de fondos privados, también se utilizan los recursos de los asegurados para financiar obras públicas. La diferencia es que los procesos se realizan a través de las bolsas de valores, vía compra de acciones y otro tipo de inversiones en los ámbitos privado y público.

Actualmente, el delegado del presidente de la República ante el Consejo Directivo del Instituto tiene la condición de encargado tras la renuncia del último titular a pesar de que la Contraloría había pedido su destitución. ¿La razón? Haber retirado más de $2.000 millones de los estados financieros del IESS (entre agosto y septiembre de 2016) que se reportaban como deuda del gobierno.

Desde luego, el funcionario hizo mal al borrar fondos correspondientes a la deuda; tal vez debió ponerlos en una cuenta transitoria o en una cuenta con un contingente. Sin embargo, ¿alguien conoce el valor exacto de la deuda total del Estado con los afiliados? Considero que nadie está en capacidad de hacerlo porque, para empezar, el famoso aporte del 40% ni siquiera tiene un reglamento, no existe un manejo técnico.

En esa misma lógica, los afiliados no sabemos mayor cosa sobre nuestros aportes (propio y patronal), no tenemos idea de la rentabilidad ni cuanto tendremos ahorrado al fin de nuestra vida laboral porque no tenemos cuentas individualizadas.

La falta de transparencia en todas las cifras, en los estados financieros, la falta de estudios actuariales, la designación de autoridades que responden al Ejecutivo de turno, las medidas antitécnicas, en definitiva un sinfín de aspectos deben ser auditados. Solo con las cuentas claras se podrá poner la casa en orden. Esta labor no puede postergarse, más aún cuando existe el riesgo de que en pocos años no haya suficientes recursos para pagar las pensiones de los nuevos jubilados.

En el Ecuador se confundió el concepto de seguridad pública con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El sistema de salud pública, con sus hospitales y centros de salud financiados por el Estado, es el llamado a ofrecer este servicio a toda la comunidad. El IESS, por su parte, debe centrar su atención en sus afiliados. Esta sola diferenciación bajaría una carga enorme al sistema de seguridad social y, por ende, a sus afiliados: los aportantes. El punto es que ningún gobierno se atreve a tomar esta decisión, por ser “políticamente inadecuada”.