Las consultas siempre tienden a la desinstitucionalización del Estado

martes, noviembre 21, 2017

La consulta siempre ha sido la vía más expedita para saltarse la institucionalidad del Estado, para preguntar directamente al pueblo, al que se le dice siempre verdades a medias. Por ejemplo, se dice que se va a crear un Consejo de Participación Transitorio, pero no se dice cómo. Es una suerte de “confíen en mí”.

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El gobierno de Lenín Moreno, con la consulta popular, plantea no la desaparición de esa institución estatal, sino un cambio en su integración; que por supuesto no es un cambio de fondo. Lo más sano habría sido proponer que los consejeros, para revestirles de alguna una legitimidad democrática, sean elegidos directamente en elecciones universales. La consulta plantea ese método de elección para estas autoridades, pero el problema surge por cómo está planteada la pregunta al poner una limitación a las candidaturas. Son elecciones universales y libres, pero no con postulaciones provenientes de los partidos, ni afiliados, ni adherentes, ni dirigentes de partidos políticos. ¿Cómo es posible ir a elecciones sin partidos? Uno de los grandes problemas del país consiste en la carencia de partidos políticos institucionalizados y mientras menos institucionalizados están los partidos, más grandes son los caudillismos; el líder disfruta, el líder usufructúa de la no institucionalidad porque es condición necesaria para un culto hacia la personalidad.

La pregunta de la consulta parece ir por el camino de la desinstitucionalización para los partidos, como para el Estado. Nótese que el anexo de la pregunta no hace la diferencia, que sí hace el Código de la Democracia, sobre el adherente permanente o simplemente el adherente. Un adherente no forma parte orgánica de ningún movimiento o partido político. Cualquier persona puede dar su confianza o apoyo a un movimiento para que pueda alcanzar su personería jurídica, pero eso no le hace parte de esa organización, ni le da derechos al interior del movimiento porque no participa en las decisiones partidistas; no obstante, toda persona que en algún momento firmó apoyando a la creación de una organización política quedaría inhabilitada para ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana.

Si de esa elección sacamos a todos los partidos y nominamos solo a representantes de la sociedad civil, ¿cuántas de esas organizaciones tienen la capacidad económica para levantar una campaña electoral para promover sus proyectos y cuadros? En este punto insistiríamos en los mismos vicios con los que se estructuró el CPCCS, volvemos a encubrir a un ala política de un partido, bajo el velo de una ciudadanía independiente.

Luego está la fórmula para designar un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que es la misma aplicada para el Consejo de la Judicatura Transitorio del año 2011.

Cuando en aquella consulta popular se nos preguntó si estábamos de acuerdo en conformar ese organismo se nos dijo que era para vigilar a los jueces y para reestructurar las cortes; es decir, para sacar jueces elegidos bajo un sistema y colocar nuevos. Se trata del mismo criterio utilizado en la actual consulta para cambiar el CPCCS. Tendremos un organismo transitorio que actuará hasta las elecciones seccionales del 2019, que será nombrado por el presidente de la República sin ningún criterio, o bajo un criterio que no se hace constar en el anexo, ni en la pregunta.

El nuevo gobierno tendrá siete consejeros de confianza del presidente de la República con la facultad para vigilar a todas las autoridades de control que eligió el anterior Consejo de Participación Ciudadana y contará con la potestad para dar por terminados sus periodos constitucionales. De esta manera, el presidente de la República coloca una espada de Damocles sobre todas las autoridades de control, porque si no le resultan funcionales, podrían ser cesados en sus cargos. Lo perverso de la pregunta está justamente en crear un Consejo Transitorio que cambie de dueño. No llegamos a ninguna otra parte. Las autoridades de control podrán ser presionadas para seguir un libreto preestablecido desde Carondelet.

Avanzando con la pregunta que plantea el retorno a un sistema de reelección limitada a que sea por una sola vez, que es el que consta en el texto original de la Constitución de Montecristi, cuando la Corte Constitucional analizó en 2014 el tema de la reelección indefinida del presidente Rafael Correa, no tomó en cuenta el artículo tercero de la Carta Democrática Interamericana: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

Más allá del principio de la alternabilidad, que es muy importante, es mucho más relevante para la democracia electoral que toda persona que aspira ejercer cargos de elección popular participen en elecciones libres y justas. Pero si hay un presidente de la República que tiene a su cargo todo el aparataje estatal y miles de funcionarios públicos, con todos los medios públicos a su servicio, las elecciones siempre podrán ser cualquier cosa menos justas. Ese es un principio determinante para cualquier democracia representativa, por lo que la reelección indefinida debió haber sido declarada inconstitucional desde un principio.

El objetivo de la pregunta consiste en limitar las ansias de perpetuarse en el poder para cualquier persona. Siendo así, puede vérselo como un proceso que profundiza la democracia y la institucionalidad del Estado. En definitiva, el tópico de la reelección indefinida, así como el relacionado con el CPCCS son los puntos claves de la consulta, las demás preguntas son cuestiones de forma. Es obvio que nadie está de acuerdo con el abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes; nadie está de acuerdo con acabar con el planeta; a la gente honesta le repugna la corrupción…. El interés para incorporar estas temáticas en la preguntas apunta más a garantizar cierto musculo electoral al presidente Moreno, que le garantice mayor legitimidad tras la crisis al interior de su partido y un triunfo en las urnas muy cuestionado y lleno de dudas.

Si el CPCCS incumplió sus funciones, lo lógico habría sido que la Asamblea Nacional llame a los consejeros a juicio político. Esa es la vía normal y viable desde el punto de vista constitucional. Las consultas siempre tienden a la desinstitucionalización del Estado porque permite a los gobernantes pasar por encima ciertos procedimientos, de ciertas formalidades y evitar que funcione un sistema republican de pesos y contrapesos.

Lo normal habría sido que los temas abordados en las preguntas sigan los procedimientos ordenados en la Constitución. Las consultas son muy poco democráticas porque todas provienen del poder quien establece las preguntas y manipula las respuestas. Ni una sola consulta popular ha sido efectuada por iniciativa de la ciudadanía, desde que el país retornó a la democracia. Todas han partido del Ejecutivo como una herramienta estratégica que le exime de coordinar con las otras instituciones del Estado, no limitarse a los pesos y contrapesos que establece la propia Constitución. Pero eso de ningún modo significa que la Corte Constitucional pueda dictaminar negativamente esta pregunta porque en 2011 impuso como precedente con lo del Consejo de la Judicatura de Transición. Ahora se propone un Consejo de Participación Ciudadana de Transición.

La consulta siempre ha sido la vía más expedita para saltarse la institucionalidad del Estado, para preguntar directamente al pueblo, al que se le dice siempre verdades a medias. Por ejemplo, se dice que se va a crear un Consejo de Participación Transitorio, pero no se dice cómo. Es una suerte de “confíen en mí”.

Hasta la misma pregunta sobre el Yasuní recoge mutilada una propuesta del colectivo Yasunidos a los que el Consejo Nacional Electoral les negó la consulta popular sobre el tema, tras una misteriosa desaparición de firmas. La pregunta que hace el Presidente Moreno recoge esa iniciativa, pero bastante mutilada, por eso los Yasunidos han pedido una aclaración y una ampliación de la pregunta porque así como está formulada no solo que van a seguir explotando sino que hasta ganarían legitimidad para intervenir en zonas intangibles, zonas de amortiguamiento, sin zonas de reparación.

Siendo así, no solo que no se gana nada con preguntas de bagatela, sino que incluso se pierde porque el “confíen en mí” pasa la factura tarde o temprano, cuando las promesas no llegan a buen puerto. Por lo pronto tampoco se puede votar por el NO porque eso podría dar a entender que los ecuatorianos queremos explotar todas las fuentes de vida que todavía nos quedan, cuando en realidad lo que se busca es precisamente lo contrario.