La fiscalización no consta en la agenda de las bancadas de Alianza País

lunes, noviembre 20, 2017

Los intentos se estrellan en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y en la Comisión de Fiscalización, porque los correístas y los morenistas no dudan en unirse para evitar cualquier iniciativa.

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El archivo del pedido de juicio político contra el asambleísta de Alianza País, Augusto Espinosa, por incumplimiento de funciones cuando se desempeñaba como ministro de Educación, por la supuesta falta de programas para evitar el abuso sexual en centros educativos, corrobora la negligencia de la Asamblea Nacional para asumir su función fiscalizadora.

Al estar integrado por una mayoría que responde a esa organización política, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) se ha convertido en el filtro que niega a la Asamblea la posibilidad de ejercer su rol fiscalizador. Así pasó durante los dos últimos periodos y así ocurre en el presente.

Aparentemente la bancada oficialista está rota, sin embargo hoy vemos que puede reunificarse fácilmente a la hora de bloquear cualquier intento de interpelar, en la Asamblea, algún caso de corrupción que pueda afectar a los bloques de Alianza País (AP). Dicho así, en plural: los bloques.

Cuando era de esperar que los votos disidentes, morenistas o como se llamen, sumados a los sectores de oposición darían soporte al cumplimiento del deber elemental y básico de fiscalizar, es una gran frustración comprobar que la impunidad mantiene su reinado en la Asamblea.

El control de la República sigue en manos de AP. Todo lo que plantea ese movimiento se convierte en la agenda pública. Si esa organización anuncia el combate la corrupción, el asunto pasa a primer plano al menos en apariencia. Eso ha sido el caso del vicepresidente Jorge Glas, quien será juzgado por el delito de asociación ilícita, un tipo penal inferior a todas las trapacerías cometidas.

Asimismo, tras destaparse una avalancha de casos de abuso sexual en planteles educativos, Alianza País decidió colocar el tema en la agenda y se creó la Comisión Aampetra, de cuyo informe se habría desprendido la pasividad del exministro Espinosa frente a decenas de denuncias, pero luego fue manipulado descaradamente para sustentar la decisión de la mayoría del CAL que evitó la interpelación de su copartidario.

En la línea de no fiscalizar, las dos bancadas de AP hicieron oídos sordos a las presiones ejercidas sobre varios jueces durante la época correista, originadas en el Consejo de la Judicatura. Si bien algunos legisladores de oposición lograron que el titular del organismo, Gustavo Jalkh, comparezca a la Comisión de Fiscalización, la mayoría denegó la posibilidad de enjuiciarlo.

En teoría, el presidente de la Asamblea integra el ala morenista junto a otros 44 legisladores y alguno que otro asambleísta que todavía no se define por uno de los dos bloques de AP. Todos ellos, junto a las bancadas de oposición, ya podrían conformar una mayoría para desarrollar la acción fiscalizador

Sin embargo eso no ocurre. En el CAL y en la Comisión de Fiscalización se estrellan los intentos, porque correístas y los morenistas no dudan en unirse para evitar cualquier tentativa. Los bandos se juntan por el temor de que en un juicio político se destape la caja de pandora y salga a la luz toda la podredumbre.

Para entender esa actitud es clave la advertencia realizada por Glas desde la cárcel: “No me dejen solo que mañana a ustedes les puede pasar lo mismo”. Típico chantaje de las familias de la mafia que a veces dan la imagen de estar peleadas ante la opinión pública, pero por debajo siguen juntas.

Daría la impresión que el juego del chantaje surge de lado y lado, como si dijeran “no te metas en mis cosas, porque si profundizas sacaré a flote las tuyas”. Esto parece un campeonato de rabos de paja.

La llegada del gobierno de Lenín Moreno ha permitido que avancen las investigaciones sobre varios casos de corrupción, pero no hay que confundirnos, las denuncias ya habían sido hechas públicas desde mucho antes por los medios de comunicación independientes y por activistas como Fernando Villavicencio. Solo que el régimen de entonces las tapaba.

Ahora, en cambio, se han iniciado algunos procesos, pero son manejados con “prudencia”. Ahí está el caso Odebrecht, que camina despacito (como la canción), a medio gas, bien calculado, si no ¿cómo se entiende que la Fiscalía haya fijado el tipo penal de asociación ilícita y Glas tenga que afrontar un juicio por ese delito menor?

La Asamblea aún está a tiempo de realizar un juicio político, para evitar al país la vergüenza mayor de tener un vicepresidente que pierda su cargo por tener que cumplir una sentencia de cárcel. Ya pudo habernos evitado tener un segundo mandatario preso por corrupto y no hizo nada. Todavía es posible ahorrar al país el bochorno por esta imagen escandalosa. Me parece impensable que todo eso dependa de un malentendido espíritu de cuerpo de los dos bloques de Alianza País.