La inversión no se atrae solo con incentivos, hay que institucionalizar el país

domingo, septiembre 10, 2017

La institucionalidad del país se encuentra en entredicho. Una Asamblea, que prácticamente mantiene atado al Presidente, un poder judicial que juzga a sus propios amigos y coidearios y un Presidente que tendrá que llamar a una consulta popular para proceder a desarmar esta telaraña jurídica construida por un partido...

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En toda economía para atraer inversión no solo se necesitan de incentivos tributarios, ni flexibilizar el cobro de uno u otro impuesto, sino de generar credibilidad y confianza a los diferentes agentes económicos. Confianza es la palabra mayúscula sobre la cual se edifican las instituciones, base de una sociedad democrática. Cuando esta palabra no existe, todo se derrumba, y se cae en estructuras viciosas y corruptas, tal como ha sucedido en nuestro país.

Los incentivos, además, tienen que ser ponderados de una manera muy prolija, con visión de corto, mediano y largo plazo. Los inversionistas arriesgan su capital no para el corto plazo, sino con visión de futuro.
Estos incentivos no pueden estar en función de una temporalidad, puesto que la productividad de la empresa no esta marcada en base a un tiempo limitado, sino que los procesos de producción siempre serán permanentes y a largo plazo.

La eliminación del impuesto a la renta y la derogación a la ley de plusvalía, son fundamentales para reactivar la inversión en el sector privado nacional y extranjero. A esto hay que sumarle una rebaja paulatina de la tarifa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

El ISD representa una recaudación en promedio de los últimos años de $1.200 millones, lo cual es muy significativo, y su monto es la tercera mayor recaudación después del IVA y del Impuesto a la Renta. Aquí su verdadera importancia. Además, el ISD es un impuesto a la inversión, puesto que el empresario al repatriar su capital producto de sus ganancias tiene que pagar el 5% del ISD, a pesar de haber pagado los impuestos respectivos.

Este impuesto se creó en la Ley de Equidad Tributaria del 2007 con una tarifa del 0,5%, en la actualidad tiene una tarifa del 5%.

Es necesario darle un nuevo tratamiento a este tipo de impuestos. Esa sería una buena señal para el inversionista. La normativa tributaria tiene que ser más estable. En estos 10 años se generaron múltiples reformas tributarias que no coadyuvaron a lograr una mayor inversión en el país.

Es importante anotar, que el Ecuador, con relación a nuestros vecinos, ha recibido menos inversión extranjera directa. Por ejemplo, en 2015, Colombia y Perú recibieron $7.514 millones y $8.144 millones respectivamente, mientras que Ecuador solo recibió $1.322 millones. Es decir, que Colombia recibió casi seis veces más y la de Perú se multiplicó de una manera similar.

Cuando se aprobó el Código de la Producción, las autoridades gubernamentales pronosticaron grandes inversiones y el resultado no fue halagador. Después existieron otras reformas como la Ley de Incentivos Tributarios y Prevención Fiscal (2015). A finales del año 2015, ante la caída de los ingresos fiscales por el desplome de los precios del petróleo y la necesidad de inversión se aprobó la Ley de Alianzas Público Privadas.

Esta última ley trajo novedades, se autoriza de forma excepcional la delegación a la iniciativa privada de sectores estratégicos y bajo este mecanismo, en la actualidad, se han llevado a cabo las concesiones en los puertos de Puerto Bolivar, Manta y Posorja que en conjunto representarían un monto de inversión de $2.200 millones, según datos del Ministerio de Transporte. Puerto Bolívar, $751; Manta $175 y Posorja $1.274 millones.

Dentro de las leyes que han tenido que ver con incentivos tributarios, las de mejor resultado ha sido la de Alianzas Público Privadas.

El impulso a esta ley, nace por la caída de los ingresos petroleros, y ante la necesidad de recursos del gobierno. La inversión pública se contrajo en 2015, y al gobierno no le tocaba más que acudir al sector privado, para realizar las inversiones que se requerían. Hay que anotar que los fuertes desequilibrios fiscales que se dieron en los últimos años, comprometieron el manejo del principal instrumento de política económica adoptada por el régimen, el presupuesto, lo que pudo poner en riesgo la dolarización.

Hay que entender que la institucionalidad es el punto medular del desarrollo de una nación, un país sin institucionalidad camina rumbo al fracaso. La experiencia más fehaciente se encuentra en Venezuela.

La institucionalidad del país se encuentra en entredicho. Una Asamblea, que prácticamente mantiene atado al Presidente, un poder judicial que juzga a sus propios amigos y coidearios y un Presidente que tendrá que llamar a una consulta popular para proceder a desarmar esta telaraña jurídica construida por un partido, que no permite el control a la corrupción.

Desde el 2007, comenzó la desinstitucionalización del país, con la destitución de los diputados, luego la Asamblea en estos 10 años solo han sido un grupo que no han permitido ni la deliberación de leyes ni la fiscalización, finalmente a la justicia se la reorganizó de acuerdo a los intereses del Ejecutivo y como corolario de todo se tuvo un gobierno que no respeto los contrapesos políticos requisito sine qua non para una buena gobernanza en democracia.

Existe un laberinto jurídico que tomará tiempo dilucidarlo, hasta eso los agentes económicos permanecerán a la expectativa de lo que pasará en el país, no habrá mayor inversión.