La reciente separación de tres líderes mediáticos del oficialismo invita a reflexionar sobre el rol de los medios públicos. Esta decisión tomada por Lenín Moreno es una muestra de la coherencia de su discurso al asumir la Presidencia y su promesa de campaña de propiciar el diálogo con todos los sectores, tanto de oposición como del oficialismo.
El golpe de timón conllevó la salida de Orlando Pérez (director de El Telégrafo), Munir Massuh, gerente de Medios Públicos, y Xavier Lasso, gerente editorial. De igual forma, ambas gerencias se unieron en una sola para medios públicos e incautados. El nuevo gerente general es Andrés Michelena, asesor personal del actual mandatario desde su época de vicepresidente; también dirigió la comunicación durante su última campaña electoral.
Así, la política de comunicación muta radicalmente. Pero aún debemos descubrir, con el tiempo, si el cambio será para generar más libertad de expresión y de prensa en los ecuatorianos o para conservar su control ganado durante los 10 años del correísmo, aunque con otra estrategia más amigable en el discurso. Para descubrirlo, tenemos que involucrarnos, no esperar simplemente.
Ahora no solo estamos ante un cambio de jefe sino a la entrega de un poder mayor a una sola persona, porque se unen dos gerencias en una. El nuevo gerente deberá responder a la vieja promesa de vender los medios incautados o ¿eso ya quedó en el olvido? Además, tiene la obligación de formular una política de comunicación de medios públicos que implique una independencia del gobierno de turno.
La información y el conocimiento son poder. Eso lo sabemos desde siempre. Y el gobierno de Rafael Correa no desperdició esa filosofía para controlar la información que llega al común de los ecuatorianos, a través de varios medios de comunicación masiva. Tener el control de información le sirvió para mantenerse como presidente durante una década, formar una marca personal y un ícono caudillista. Esto pasa si se concibe a la información como un producto de la mercadotecnia y la publicidad.
Empero, si pensamos en democracia y libertad, la información es un derecho y eso implica que los ciudadanos podamos acceder a todos los puntos de vista que hay sobre un hecho, no solo el oficial, tampoco solo el de oposición. El abanico de información debe tener todas las miradas posibles. Entonces, el ciudadano decide, por sus propias convicciones, con qué versión quedarse. Si un gobierno piensa en derechos, debe entender a la información como tal. Pero si se deja seducir por la publicidad y el marketing, la información es una simple mercancía, un producto que debe usarse afín a sus intereses.
El deber de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, es informar sobre hechos de relevancia para una sociedad. Esto incluye las acciones de los grupos de poder (tanto públicos como privados) que inciden en la ciudadanía. Porque una sociedad mejor informada es capaz de tomar las mejores decisiones.
Los medios públicos deben funcionar como instituciones independientes. Aunque dependan del Estado, la designación de sus directivos no puede ser sometida a elección de los gobiernos de turno porque eso significa que es juez y parte.
En consecuencia, la política editorial de un medio público debe concentrarse en promover el derecho a la información de una sociedad, en la posibilidad de encontrar todos los puntos de vista para tomar una decisión propia, en la búsqueda de la imparcialidad al plasmar todas las aristas. Como medio público, su objetivo debe ser construir ciudadanía con información, no alinearse a ideología política alguna que no sea la de los derechos humanos.
Los medios públicos deben funcionar como instituciones independientes. Aunque dependan del Estado, la designación de sus directivos no puede ser sometida a elección de los gobiernos de turno porque eso significa que es juez y parte. Pongamos un ejemplo cotidiano: si una madre de familia es jurado en el concurso de murales de la escuela de su hijo y este es uno de los participantes, obviamente ella verá a su hijo como el mejor de todos y buscará todos los argumentos posibles para hacerlo ganar. En estos medios, muchos periodistas se sienten identificados por la filosofía gobiernista y promulgan esa ideología en sus informes. Otros no ejercen esa militancia. Entonces, se autocensuran de la crítica porque no pueden morder la mano que les da de comer.
Igualmente, los medios públicos son los llamados a sentar las bases para los demás porque tienen el respaldo del Estado como sistema, no de los gobiernos, no de las personas que ejercen el poder. La BBC del Reino Unido y Deutsche Welle, de Alemania, son un modelo de medios públicos independientes de sus gobiernos, pero con el aval de sus estados para innovar, investigar y construir referentes periodísticos no solo para sus países sino para el resto del mundo.
No hay una receta perfecta y quizá nos falten décadas para generar una conciencia pública de la importancia del derecho a la información, no desde el poder sino desde la sociedad. Nuevamente pongo el ejemplo de la BBC, la cual, a pesar de todos sus altibajos, sigue siendo un referente para Europa y el mundo. Entre 2007 y 2017, la BBC estuvo regulada por un consejo consultivo externo llamado Trust, conformado por representantes de líderes del poder público y privado (bancos, universidades, gobierno, etc.). En un ejercicio de autocrítica, en abril de este año, el Trust desapareció y se conformó el Ofcom ahora liderado por profesionales con una trayectoria mediática y expertos en políticas públicas.
“Zapatero a su zapato”, dice el refrán. Y coincido en que una empresa debe buscar líderes que tengan experiencia en el campo. Un medio de comunicación debe orientarse por periodistas líderes, que construyeron una marca personal durante su carrera, por académicos, también por tomadores de decisiones políticas y líderes y/o representantes de las audiencias y los trabajadores. Además, es pertinente que la empresa se constituya como un fideicomiso sujeto a auditorías externas permanentes.
El medio público debe ser el referente de información, el modelo a seguir por los demás, el innovador porque, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a ver, el servicio público debe ser el mejor pues está financiado por todos nosotros, por el Estado como sistema, no por un gobierno. Si lo concebimos así, entonces todos somos responsables de los bienes públicos.
En menos de 100 días de gobierno, el actual mandatario no solo ha cambiado la estrategia, imponente, de gobernar de su predecesor sino que ha tomado acciones que lo distancian. Sin embargo, no hay que olvidar que Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa durante dos periodos (2007-2013) y ha llegado al poder gracias al partido gobiernista Alianza País.
Es posible que Moreno busque una conciliación entre un país que quedó completamente dividido tras una década del correísmo. Así lo ha dicho. Pero pasar del discurso a la acción implica cambiar las reglas de juego y un paradigma heredado. Si ese es su objetivo, no logrará plasmarlo en los medios mientras el Estado siga teniendo el control de las empresas mediáticas incautadas.
Tampoco conseguirá que los periodistas que laboren en medios públicos lo cuestionen, si dichas instituciones siguen dependiendo del gobierno, si sus directivos son elegidos directamente por el presidente… por más “buena gente” que se muestre. Es más, eso podría generar que se mantenga el “comportamiento ovejuno” -criticado por Moreno- durante el correísmo.
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