Sigilo en el caso Odebrecht: la consecuencia de un monumental tráfico de influencias

viernes, junio 2, 2017

No es difícil suponer que, entre otras razones, los negociadores habrán esgrimido posibles complicaciones políticas como consecuencia de la publicación de los nombres de los corruptos. Por ello, nunca mejor dicho: tráfico de influencias para que las listas se manipulen, se recorten, se alarguen o se oculten.

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Llama la atención el pedido de la Procuraduría de Brasil para que los gobiernos que recibieron los expedientes con la información referida a los sobornos millonarios realizados por la constructora Odebrecht con el fin de obtener jugosos contratos, no hagan públicos los nombres de los involucrados en este escandaloso caso de corrupción que involucra a 12 países, la mayoría de América Latina.

Hace pocos meses, la justicia brasileña entregó a varios países las primeras listas de implicados, sin imponer condición alguna. En cambio, puso un sello de secreto a las evidencias entregadas el pasado 1.° de junio al exigir que no se divulguen los montos y los nombres de los sobornados, supuestamente para evitar eventuales “perjuicios a la investigación”.

Este cambio de procedimiento solo puede entenderse como la consecuencia de un monumental tráfico de influencias. Apenas estalló el escándalo, varios gobiernos enviaron sus representantes a Brasil con el fin de negociar que no se divulgue la famosa “Lista Odebrecht”. En el caso ecuatoriano, las gestiones incluyeron la contratación de abogados en ese país.

No es difícil suponer que, entre otras razones, los negociadores habrán esgrimido posibles complicaciones políticas como consecuencia de la publicación de los nombres de los corruptos. Por ello, nunca mejor dicho: tráfico de influencias para que las listas se manipulen, se recorten, se alarguen o se oculten.

El sigilo tiene la finalidad de proteger la honra de las personas hasta conocer si son ciertos o no los actos de los que se le acusa; aunque también se lo maneja al gusto. Aquí no se trata de una curiosidad morbosa por conocer los nombres de los implicados, sino de la necesidad de sancionar la corrupción para que esta no se siga produciendo.

Si bien el caso Odebrecht se volvió emblemático por la resonancia internacional (solo en Ecuador los sobornos ascenderían a $33,5 millones), no es el único. En el ámbito de la contratación petrolera hay mucho por averiguar y mucho que sancionar, lo mismo en las obras públicas, igual en el sector eléctrico, en las compras públicas… En fin, la corrupción ha sido aberrante. Y no hay sanciones; apenas dos o tres presos que luego son indultados.

De esta forma, la sensación de impunidad parece ser el mayor estímulo a la corrupción. A esto se suma la posibilidad de influir sobre los jueces, porque es un hecho real que existe corrupción en la administración de justicia.

Si hablamos de un cambio, la Fiscalía tiene que proceder en consecuencia. Más aún con el antecedente de que fue descubierta en Petroecuador una mafia -según decía el expresidente Rafael Correa-, encabezada por un personaje que estaría a punto de ser extraditado desde Perú. También está el caso de un exministro de Electricidad que recibió unos dineros que el propio exmandatario dijo que no eran coimas, sino el producto de un contrato entre privados. Así llamó “propinitas” a los sobornos.

El recién estrenado gobierno de Lenín Moreno debe tener presente que el pueblo ecuatoriano se halla a la espera de conocer el contenido de las listas, por lo que mal haría en frustrar esa expectativa. Las miradas también están puestas en el nuevo fiscal de la Nación, Carlos Baca Mancheno, quien ya tiene los expedientes. ¿Qué hará si entre ellos encuentra el nombre de algún alto funcionario?

El nuevo gobierno tiene que evidenciar que no sigue los mismos procedimientos de antes. Caso contrario, podría pensarse que la voluntad de cambio es retórica, pese al discurso de inauguración.

No debemos convertirnos en una sociedad que elude develar la corrupción porque la sabe demasiado grande como para poder asimilarla sin traumas. Una sociedad que permite la impunidad se vuelve cómplice por omisión, porque se acostumbra a que la corrupción sea un hecho cotidiano en el que apenas llama la atención uno que otro hecho que se sale del escándalo. Dicen que un presidente colombiano hablaba de “mantener la corrupción en sus justas proporciones”, asumiendo que no la podría erradicar. Yo creo firmemente que si la denunciamos, si no damos la sensación de que la impunidad está garantizada con afiliarse a determinado partido, o al ser amigo de determinados jueces, la corrupción -por lo menos- irá disminuyendo.

Al aproximarse la conmemoración de la revolución liberal del 5 de junio de 1895, vale la pena recordar el triste episodio de la venta de la bandera. Aquella negociación se consideró traición a la Patria, marcó el fin del denominado periodo Progresista (1875-1895) y fue el impulso definitivo para la llegada de Eloy Alfaro al poder.

Yo creo que todas las coimas son traición a la Patria porque los sobornos no los paga, como quieren hacernos creer, la empresa que los produce, sino que se produce un sobreprecio evidente cuya consecuencia directa es la disminución de las obras. El caso Odebrecht constituye traición a la Patria. Y frente a la traición a la Patria, si no hay una reacción consecuente de las autoridades, tiene que haber una reacción condigna del pueblo, que debe salir a las calles en recuperación y guarda de su honor.