Una Comisión de primera instancia de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha salido nuevamente ya no solo a anunciar otro proceso contra la banca privada si se niega a abrir cuentas de dinero electrónico entre sus clientes, sino a advertir a los bancos que hagan cualquier mención contra el uso del dinero electrónico, hasta en las redes sociales.
Textualmente, la Comisión de primera instancia de la Superintendencia ordena: “El cese de las presuntas prácticas anticompetitivas a fin de evitar, corregir, eliminar el abuso de operadores económicos con poder de mercado; garantizar la eficiencia en los mercados y el bienestar general y de los consumidores y usuarios de las presuntas conductas investigadas, absteniéndose de realizar y difundir por cualquier medio impreso, televisivo, de redes sociales, criterios que inciten o persuadan negativamente la entrega o implementación del medio de pago denominado dinero electrónico”.
¿Dónde están las verdaderas prácticas anticompetitivas? ¿Dónde está el verdadero monopolio? ¿Por qué tanta contradicción entre las autoridades del Gobierno sobre un proyecto que, según sus criterios, va viento en popa con mil cuentas abiertas por día?
El comunicado de la Comisión de primera instancia de la Superintendencia es como decir que quienes están a favor de ese proyecto pueden decir todo lo que quieran y quienes duden de su viabilidad tal como está planteado deben callar, porque opinar lo contrario sería competencia desleal contra el nuevo demiurgo local. ¿Quién, entonces, pretende ejercer el monopolio?
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