La minería a cielo abierto

miércoles, noviembre 23, 2016

El escenario fue el campamento minero administrado por la compañía china Explorcobres, en Morona Santiago. Hace tres meses una comunidad Shuar denunció el desalojo de unos territorios que consideran suyos, por ser ancestrales, pero en los que el Gobierno ha intervenido para desarrollar proyectos de minería a cielo abierto que promete mayores recursos para la […]

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El escenario fue el campamento minero administrado por la compañía china Explorcobres, en Morona Santiago. Hace tres meses una comunidad Shuar denunció el desalojo de unos territorios que consideran suyos, por ser ancestrales, pero en los que el Gobierno ha intervenido para desarrollar proyectos de minería a cielo abierto que promete mayores recursos para la economía ecuatoriana.

La Ley se lo permite.

El lunes 22 de noviembre los mismos comuneros anunciaron la toma otra vez de esas instalaciones, lo que consideraban una recuperación de sus territorios. Según el Gobierno, fue una toma violenta que habría dejado 14 policías y un guardia de seguridad heridos. Esa versión asegura que en esa toma hubo hasta el uso de explosivos.

Desde el Pueblo Shuar se ha denunciado, en cambio, el 23 de abril, que el desalojo del campamento fue violento y que en ese operativo participaron militares y policías. El Ministerio del Interior no ha tardado en anunciar que llevará a juicio a todos los responsables de las agresiones a los policías.

El ministro del Interior, Diego Fuentes, ha dicho textualmente: “No se van a burlar de la Policía Nacional”, al denunciar que un helicóptero de la institución había sido baleado. Un tema complejo, sin duda, que pone sobre el tapete un debate no abierto todavía del todo: ¿Cuál es el costo beneficio de la minería a cielo abierto? ¿Dónde quedaron los sueños ecologistas o ambientalistas de la Constitución de Montecristi? ¿Por qué en todos estos proyectos donde hay conflictos sociales con las comunidades están involucradas empresas chinas?

Y más allá de eso, por qué todo el rigor de la ley contra unas comunidades que sienten vulnerados sus derechos y tanta liviandad contra una exjueza pasada de tragos que amenazó de muerte a los policías que también lo único que hacían era cumplir con su deber de resguardar el orden público.