El gobierno oficializó la eliminación del subsidio al diésel automotriz, que durante décadas representó uno de los mayores gastos fiscales del Estado. La medida, que entrará en vigencia de forma progresiva entre septiembre y diciembre de 2025, llevará el precio del galón a USD 2,80.
Según el Ejecutivo, los recursos liberados —estimados en USD 1.100 millones al año— se destinarán a programas de asistencia social, compensaciones económicas para el transporte público y apoyo directo a pequeños agricultores. Noboa señaló que el subsidio “favorecía de manera desproporcionada a sectores con mayor poder adquisitivo” y no cumplía con el objetivo de proteger a los más vulnerables.
La decisión generó reacciones inmediatas en gremios de transportistas y organizaciones sociales, que advirtieron sobre un posible incremento en los costos de vida. El gobierno aseguró que se implementarán mecanismos de control y compensación para evitar que la medida tenga un impacto desproporcionado en los sectores más pobres.
Ecuador ya había enfrentado crisis sociales por el retiro de subsidios en gobiernos anteriores. La estrategia de Noboa combina un aumento gradual con políticas de acompañamiento para mitigar protestas y garantizar gobernabilidad.
Relevancia para Ecuador
La medida constituye un paso decisivo en la reforma económica del gobierno, pero también representa un reto social y político que pondrá a prueba la capacidad del Ejecutivo para equilibrar sostenibilidad fiscal con estabilidad social.