Los contratos de Claro y Movistar expiraron. Debieron haberse firmado nuevos contratos en 2022 antes de que venzan para que haya continuidad en las inversiones. Pero no se hizo. Este gobierno retomó las negociaciones en mayo observando que estaban avanzadas en 85 %, prometió concluirlas en septiembre y anunció que la tecnología 5G podría comenzar a operar en el último trimestre. Terminó septiembre y se puso octubre como nuevo plazo. Expiró octubre y no se ha anunciado un nuevo plazo.
Mientras tanto, las empresas mantienen su servicio pero no invierten en ampliarlo o implementar tecnologías nuevas. La tecnología en telecomunicaciones cambia muy rápidamente. La tecnología de punta hoy es la 5G, cuyo despliegue data de 2018. China planifica desplegar la 6G en 2030. En América del Sur seis países tienen 5G, siendo los rezagados Bolivia y Paraguay por ser los de menor desarrollo del subcontinente, Venezuela gracias al socialismo del siglo XXI y Ecuador por su tortuguismo burocrático.
El 15 % que falta negociar es lo importante: cuánto del espectro radioeléctrico quiere reservarse el Estado y cuánto les va a cobrar a las empresas para permitirles que nos den servicio. En concreto:
- CNT goza en exclusividad de la parte del espectro radioeléctrico que requiere la nueva tecnología. Hoy Claro y Movistar no tienen derecho a usarla, y CNT no está en capacidad de aprovechar esa exclusividad. ¿Se pospondrá el desarrollo tecnológico del país hasta que CNT se vuelva una verdadera empresa de telecomunicaciones? Como en lo eléctrico o petrolero, ¿primará la ideología estatista sobre el progreso y bienestar de la ciudadanía?
- Cuánto cobrar por el uso del espectro radioeléctrico. Este espectro no le produce ningún ingreso al gobierno si no lo concesiona, ni se desgasta si lo concesiona. Por lo que el cobro se asemeja a un impuesto. Las empresas deberán incluir entre sus costos este impuesto, por lo que en el fondo a mayor cobro por el espectro, más altas las tarifas que pagaremos lo usuarios. ¿Qué primará, captar fondos para atender el gasto burocrático o tener tarifas más bajas para los usuarios? Otra vez, Estado vs. ciudadanía.
Por otra parte, las autoridades denuncian irregularidades en la concesión del cable submarino que una década atrás tendió Telconet (proveedora de Netlife) de Miami a Ecuador junto con sus socios extranjeros y se aprestan a confiscarlo. Esta decisión trae varios problemas: el deterioro del servicio, como ha sucedido en otras ocasiones con la estatización de operaciones antes privadas; la suspensión del proyecto de nuevo cable submarino de Telconet con Alcatel (ahora empresa China); y el refuerzo de la percepción internacional que en Ecuador las empresas no pueden confiar en que hay seguridad jurídica. Que se investigue y sancione de ser el caso, pero que no se lo estatice.
Urge que los poderes públicos se pongan como objetivo que el país alcance un fuerte crecimiento y modernización de su economía, que se creen buenos empleos, que las familias mejoren su nivel de vida. Esa meta requiere tener telecomunicaciones de punta. Los países con mejor tecnología son más competitivos. Sus industrias y sobre todo servicios de todo género se imponen a las de los países de menor desarrollo tecnológico.
Como vamos, siempre estaremos a la zaga. (O)
Texto original de El Universo
https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/negociaciones-interminables-nota/