Con incertidumbre, tensión e inconsistencias, se conocieron los controvertidos resultados de la elección presidencial en Venezuela de este 28 de julio. Contra todo pronóstico, se anunció como ganador con el 51% a Nicolás Maduro, dejando a su principal rival Edmundo González con un 44, 2. Este hecho ha provocado una serie de reacciones y acusaciones de fraude por parte de los actores políticos opositores y la presión de líderes de la comunidad internacional con solicitudes de transparencia en el conteo de votos y la presentación de actas que validen y legitimen el triunfo por parte del oficialismo.
Aunque el proceso electoral se desarrolló con mediana libertad, no podemos decir que se llevó a cabo con justicia. Vemos como los autócratas como Maduro intentan mantener la apariencia de una democracia a la que van destripando y deslegitimizado hasta despojarla de contenido, en un proceso electoral viciado desde la raíz con un Consejo Nacional Electoral acusado por su falta de independencia y parcialidad hacia el oficialismo.
El problema de fondo tiene que ver con que más de 7 millones de personas han huido del país en búsqueda de mejores días (solo 1% pudo participar del proceso electoral). Existe una negación de la legalidad y restricción de las libertades de los adversarios políticos, intolerancia o fomento de la violencia, y rechazo de las reglas del juego democráticas. Pomposos discursos de amenaza de derramamiento de sangre en caso perder la elección o los saludos poselectorales de Díaz Canel, Correa, Arce o Morales son solo algunas de las razones que permiten afirmar lo autoritario y dictatorial del régimen chavista.
A pesar de la desigualdad de condiciones de la oposición venezolana y un historial de decepciones electorales, el escenario político y de violencia es aún incierto. Sin embargo, existen alternativas basadas en la presión ciudadana para exigir sus derechos constitucionales y acceso a la data electoral. Por su parte, la comunidad internacional plantea una hoja de ruta clara con una propuesta de verificación y auditoría internacional de todos los votos. Mientras esta auditoría no se realice, los resultados electorales en Venezuela carecerían de legitimidad, y, por ende, reconocimiento.
Texto Hora 32
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