Mediante el decreto ejecutivo 229, el presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción por grave conmoción interna y calamidad pública en todo el territorio nacional. Esto, debido a la crisis energética que enfrenta el país.
El decreto también determina que el Ministerio de Economía asignará los recursos suficientes para atender el estado de excepción “pudiendo disponer de los fondos públicos necesarios para el efecto, excepto los correspondientes a salud y educación”.
En el documento, suscrito la tarde del 19 de abril, el mandatario señala que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica a escala nacional. Y determina que tendrá vigencia de 60 días, a partir de este 19 de abril.
El Gobierno fundamentó el plazo, señalando la necesidad de contar con el tiempo adecuado para superar la crisis y garantizar una “estabilización en un futuro inmediato”. Apuntó también que las reservas energéticas almacenadas en los embalses se encuentran en descenso y en valores muy próximos a los mínimos requeridos para mantener la continuidad del servicio eléctrico.
Seguridad en infraestructuras energéticas
En el artículo cuarto del decreto 229, el Mandatario dispone la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. Ellos garantizarán la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento.
Esta medida se aplicó inmediatamente después de la firma del documento. Pasadas las 17:00, personal militar se desplegó en las centrales hidroeléctricas, “asegurando su operación ininterrumpida y protección contra amenazas a través de la supervisión constante y el uso de la tecnología avanzada”, señalaron en un video en la red social X.
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— Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) April 19, 2024
Texto original de Ecuavisa