En lo legislativo Ecuador permanece en un bulo, una y otra vez vuelve a caer en una espiral viciosa alimentada con bajas pasiones políticas e impresentables motivaciones alejadas de los caros propósitos de consolidar una democracia sana, fortalecer las instituciones y construir leyes que devuelvan la paz y seguridad a la sociedad, castigando con todo el rigor a los delincuentes, como también a sus protectores. Pero la legislatura no ayuda mucho en este empeño, salvando las contadas excepciones de siempre, allí todavía hay demasiado vivísimo atrasa pueblo fan de la impunidad; así se evidenció con la fallida intentona de reforma al Código Orgánico Integral Penal que en estos días ha generado alarma social.
Con el fin de reformar el COIP se buscó deslizar cambios normativos orientados a favorecer la impunidad y la delincuencia, eliminando grotescamente la necesaria reserva de la investigación fiscal, creando nuevas condiciones para que opere el recurso de revisión, entre otros, desnaturalizando el sistema de justicia penal. Los asambleístas interesados en esta aventura no son ignorantes en la materia, más bien son vivísimos, aunque definitivamente no se mostraron como demócratas, menos como verdaderos representantes del pueblo que los eligió pensando que serían los adalides del interés general. Se mostraron de frente como obedientes servidores de una determinada línea política con sus propios intereses.
Definitivamente, el país merece una legislatura más seria y profesional, dolida por las grandes mayorías de ecuatorianos e inspirada en valores y principios éticos, así como en conductas morales de convivencia social. Sería bueno por esto adoptar mejores prácticas que ya operan, con la formalidad del caso, en otros países, por ejemplo, exigiendo a los asambleístas y sus asesores mínimos niveles de preparación, la declaración previa de intenciones y propósitos en el desempeño del cargo, profundizando los niveles de transparencia en el ejercicio de la labor legisladora.
Por motivos de peso, esta impresentable reforma al COIP debe archivarse sin dilación; desfavorece el imperio de la ley y la legalidad, no cuida intereses generales, tampoco fortalece la institucionalidad estatal en el frente de la justicia, todo lo cual menoscaba la democracia. El mejor legislador es quien lucha con entrega por lo óptimo para su pueblo y su nación, y no el vivaracho con agenda personal y patente de corso para favorecer oscuras ambiciones.
Texto publicado en El Telégrafo
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