El acuerdo del presidente Noboa con RC algún costo tendrá, pero le trae un beneficio de gobernabilidad con el trámite expedito en la Asamblea a sus proyectos de ley. Adicionalmente el presidente llamará a consulta popular para aprovechar la “luna de miel” de la que gozan los gobiernos en sus primeros meses. Una buena estrategia.
Lo extraño es que ni la ley tributaria, ni la eléctrica, ni la consulta propuesta implican cambios de fondo que entreguen al Ejecutivo mejores herramientas para combatir el problema fiscal, de desempleo, eléctrico o de seguridad.
La consulta enfoca la inseguridad como un problema de represión y las preguntas podrían ser parte de una ley que la mayoría en la Asamblea aprobaría sin objeciones. Pero la represión es solo lo más visible del problema. La colusión de los jueces con los delincuentes es lo peor. La fiscal denuncia que quiere asesinarla un delincuente con 17 detenciones y 30 procesos penales que anda libre haciendo gala de sus riquezas. La consulta debería proponer la eliminación del Consejo de Participación y del Consejo de la Judicatura, creados por Rafael Correa para controlar la justicia y los nombramientos de los organismos de control. Y la extradición, que pondría a los delincuentes internacionales a las órdenes de una justicia que no pueden intimidar. Esas son reformas para las que no habría mayoría en la Asamblea.
La Ley tributaria y de creación de empleo trae algunas bondades como la leyes de APP y de zonas francas. Pero ni asegura la creación de empleo ni atiende el problema fiscal. Ahora los grandes contribuyentes tienen que pagar simultáneamente los impuestos de 2023 y anticipadamente los de 2024. Eso contribuye a reducir el hueco fiscal de hoy, pero no trae ningún beneficio para el nuevo hueco que se crea este año. No hay medidas ni que incrementen los ingresos, como el alza del IVA ni que reduzcan el gasto corriente del sector público. La creación de empleo pasa por un régimen laboral más flexible. Si eso no lo aprobaría la Asamblea, podría incluirse en la consulta.
La ley eléctrica facilita a las empresas invertir en autogeneración para así reducir la demanda del sistema. Además busca atraer inversión por parte de generadoras privadas que podrán vender directamente a las empresas distribuidoras de energía, pero de manera proporcional a todas. Pero muchas distribuidoras son morosas crónicas. CNE, la empresa pública que distribuye la energía, le debe $ 500 millones a Celec, la dueña de las generadoras estatales. Con razón los privados interesados en generar quieren que haya un fideicomiso de los fondos de las distribuidoras para asegurarse el pago. La Empresa Eléctrica Quito, entre otras, reclama que la medida es inconstitucional, y la Corte Constitucional estudia esa demanda desde septiembre. Sin fideicomiso no habrá inversión en la magnitud que se busca. Quizá sería de permitir que las generadoras privadas puedan seleccionar clientes y reformar la Constitución para permitir los fideicomisos.
El resultado es que una vez aprobadas las dos leyes y la consulta el país no estará ni más seguro, continuará habiendo un déficit fiscal desbordado, deprimido el mercado de empleo y sin atender la crisis eléctrica que regresaría en octubre. Son propuestas timoratas que no van al fondo de los problemas.
Texto original publicado en El Universo