Los letreros de “Se vende” y “Se arrienda” se multiplican a cada paso en la mayoría de calles y barrios de Quito. Esta situación se profundiza en zonas como la avenida 10 de Agosto y el Centro Histórico, que han sufrido un éxodo masivo de sus habitantes, pese a que cuentan con servicios básicos, transporte y espacios de esparcimiento.
En el primer caso, la salida del aeropuerto provocó que decenas de locales comerciales quiebren y cierren sus puertas. A la vez que muchos habitantes del sector vendieron sus casas para mudarse a los valles.
Una realidad similar enfrenta el Centro Histórico. Si bien la salida de sus moradores obedece a la inseguridad, el alto tráfico vehicular y la contaminación, la realidad es que entre 2001 y 2020 esta zona pasó de tener 50.135 habitantes a 31.037 y corre el riego de que ese número caiga a 22.371 en 2030.
Las autoridades capitalinas, sin embargo, creen que la promesa de repoblar la ciudad, que tomó fuerza durante la Alcaldía de Paco Moncayo y que se ha extendido en las siguientes administraciones sin éxito, esta vez tiene mayores posibilidades de concretarse.
La razón: el inicio de operaciones del Metro de Quito.
El secretario de Territorio, José Morales, dice que el Municipio apunta a “concentrar población donde hay servicios consolidados”. Por ejemplo, las zonas aledañas a las estaciones del Metro.
“Tenemos que densificar lugares en los que se puede llegar con transporte público. De lo contrario, la ciudad seguirá complicándose”, agrega.
Este criterio es compartido por Henry Yandún, representante de Constructores Positivos, quien asegura que los alrededores de las estaciones del Metro son zonas que se pueden convertir en nuevas centralidades.
Se refiere a convertir a la capital en una “ciudad de 15 minutos” o en una ciudad con “barrios verticales” para que las personas tengan acceso a todos los servicios a pocos minutos de distancia.
“Cerca a las estaciones del Metro hay edificaciones vacías que pueden servir para que se levanten proyectos inmobiliarios que acerquen a las personas que viven en zonas lejanas”, explica.
Cómo hacerlo
El secretario de Territorio, José Morales, dice que el Municipio analiza la implementación de incentivos para facilitar la construcción de planes habitacionales en la ciudad y evitar que la ciudadanía siga mudándose a los valles aledaños a la capital.
Aunque sin dar mayores detalles, el funcionario adelanta que uno de los mecanismos sería la aplicación de descuentos a la concesión onerosa de derechos, que no es otra cosa que una especie de impuesto que pagan los constructores cuando desean construir más plantas de las que consta en el permiso de construcción.
Henry Yandún, de constructores positivos, califica como positiva la iniciativa. Pero dice que es “hora de concretar esas ideas y pasar de la teoría a la práctica”.
El urbanista Álvaro Orbea cree que el Metro es una herramienta que puede ayudar a la ciudad en dos aspectos: evitar que la ciudad siga vaciándose y atraer a nuevos habitantes.
“Este es un trabajo entre el Municipio y demás entidades estatales. Se debe analizar las razones por las que las personas se van a vivir a los valles y ofrecer esas condiciones en la ciudad”, dice.
En esta línea, el secretario Morales dice que el Municipio también espera simplificar procedimientos para incentivar la construcción de proyectos inmobiliarios.
Hay trabas
Repoblar el Centro Histórico y volverlo uno de los principales destinos turísticos es uno de los principales objetivos del Municipio.
Sin embargo, el urbanista Álvaro Orbea advierte que esta iniciativa enfrenta obstáculos que están fuera de las manos de las autoridades municipales.
Recuerda que la Constitución y la Ley Orgánica de Cultura prohíben la venta de bienes patrimoniales públicos, que son la gran mayoría de edificios y casas que hay en el Centro Histórico.
Con este obstáculo, dice Orbea, es muy difícil que el Municipio pueda alcanzar su objetivo de atraer moradores al casco colonial.
A esto se suman las trabas burocráticas que impiden que el propietario de un bien patrimonial privado pueda implementar modificaciones para adaptar el inmueble a las necesidades habitacionales actuales.
Agrega que lo que resta es una reforma a la Ley de Cultura que flexibilice la actual normativa.
De lo contrario, anticipa, el Centro Histórico corre el riesgo de seguir perdiendo sus moradores.