Cuando un país carece de un faro direccionador sobre lo que se debe hacer en el largo plazo, difícilmente podrá encontrar la ruta rápida y directa para tener más educación, más salud, más empleo, más producción, más inversión y más seguridad integrada que, en resumen, significa trabajar por la obtención del bienestar integrado que todo ser humano ansía tenerlo de forma permanente.
Y, claro, para alcanzar ese escenario nacional positivo -denominado, desde el manual de planificación, visión país– se requiere llevar a la práctica un conjunto interrelacionado de acciones estratégicas; en donde, desde todos los sectores, la participación de los ecuatorianos se vuelve vital.
Por ejemplo, los partidos políticos se deben alejar de aquellas taras ideológicas que, sobre la venganza y los resentimientos no procesados, buscan -cuando pierden las elecciones- obstaculizar a quienes ganaron y, con ello, el único perjudicado, al final, es todo ese pueblo lleno de ilusiones y esperanza por días mejores.
Los gobiernos locales, por su parte, para lograr efectos sinérgicos potentes, necesitan, obligatoriamente, trabajar de manera articulada con lo que, para la solución de los problemas nacionales, el nuevo plan nacional de desarrollo establezca, desde el gobierno central, como prioritario.
Aquí es clave deshacerse de ese egoísmo y codicia premeditada que, por tener poder, a lo único que lleva es a que los territorios locales funcionen como islas; desperdiciando, así, tiempo y recursos que si se combinarían, inteligente y eficientemente, con lo que hace el gobierno central los resultados trascenderían la línea de la división territorial y, con ello, se lograría un desarrollo armónico y más equitativo del conjunto de provincias que, con diversos problemas, necesidades y potencialidades, están a la espera de que alguien les atienda y active a favor de todos.
Por su parte, la academia debe emerger como esa voz y, sobe toda, como esa generadora de acciones creativas que, basada en la generación de conocimiento científico, contribuya al fortalecimiento de los procesos de innovación que, a todo nivel, requiere un país que busca abrirse al mundo y, así, crear oportunidades originadas desde aquel crecimiento económico que se necesita para consolidar el bienestar social que, pragmáticamente, es la base de la paz social.
El sector empresarial, también juega su rol, primero reconociendo que todos los actores que integran el tejido productivo nacional, independiente de su tamaño, se necesitan al momento de activar de forma sincrónica e inclusiva los encadenamientos productivos; en donde la interacción de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), los actores de la economía popular y solidaria y las grandes empresas es fundamental al momento de mejorar la competitividad sobre el soporte de acciones integradas relacionadas a la mejora continua de la calidad, productividad e innovación que, como triada para el fortalecimiento productivo y comercial, son consideradas requisitos clave para potenciar la capacidad exportadora de las empresas que, al final, gracias a esas prácticas de apertura internacional se convierten en las generadoras de divisas tan necesarias para mantener y fortalecer un modelo monetario como el de la dolarización. Ahora, claro, los beneficios obtenidos, desde la filosofía de la inclusión productiva y comercial, deben llegar, sin distingo o preferencia de tamaño, a todas las empresas y actores productivos.
En este accionar multisectorial pro construcción y ejecución de la visión país las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son también un actor que, desde el conocimiento y cercanía con la realidad interna de la sociedad, se convierten en medios para llegar a aquellos lugares y personas de alta vulnerabilidad en donde el Estado no llega. De ahí, la importancia de reconocer su rol y sobre todo de promover su acción interrelacionada con la empresa privada, el Estado y los organismos nacionales e internacionales interesados en canalizar recursos financieros y/o asistencia técnica especializada para satisfacer necesidades sociales, en varios de los casos, estructurales desde la óptica de su permanencia en el tiempo.
La cooperación internacional, complementando al accionar de las OSC y del Estado en sus distintos niveles, surge como otro de los actores que, por su conocimiento, experiencia y disponibilidad de recursos, podría contribuir, de forma directa, al mejoramiento de las condiciones de vida de una población ávida de soluciones estructurales.
El sector financiero, actuando como un conjunto de instituciones públicas y privadas que, gracias a su comportamiento responsable, se convierta en ese espacio del quehacer nacional que, además de ayudar al cuidado y fortalecimiento de la dolarización, impulsa la movilización estratégica de recursos financieros desde el ahorro hacia aquella inversión productiva que, en sectores productivos clave, es capaz de generar nuevos puestos de trabajo digno que la mayoría de la población los anhela como medio para mejorar su bienestar socioeconómico.
El ámbito de la justicia -desde la necesidad de una institucionalidad fuerte, permanente y sobre todo independiente de las presiones de grupos políticos y/o económicos- se debe convertir en ese campo que, poniendo en acción al marco jurídico alineado al respeto a la Constitución y leyes vigentes, es capaz -junto a las demás instancias integrantes del marco institucional nacional- de hacer realidad el principio fundamental de la seguridad jurídica como una de las condiciones activadoras clave de la confianza nacional; tan necesaria para la buena convivencia ciudadana y, sobre todo, para el fortalecimiento del grado de atractividad de la inversión nacional y extranjera.
Los grupos sociales y de trabajadores, multiplicando para la construcción de sinérgica de la visión país mediante el planteamiento de ideas que, desde lo práctico ajustado a necesidades reales, se conviertan en esos insumos que ayuden -interactuando con los demás actores-, de manera directa, a llevar a la práctica acciones solucionadoras de problemas como la baja calidad del empleo, la inequidad social en ascenso acelerado, el cambio climático con sendos coletazos a la tranquilidad de la vida humana y pacificando el territorio nacional como pilar de un despegue sólido de la transformación productiva con equidad social y responsabilidad medioambiental.
Desde la acción internacional, los organismos promotores de la integración deberán ser puestos en la mira para acercarlos y motivarlos a que se conviertan en medios estimuladores de la interrelación con alcance global del país para, de esa forma, dinamizar la exportación regional y extra regional más, como elemento complementario, la consecución de fondos que ayuden a fortalecer el desarrollo socioeconómico integrado dirigido a las disminución de inequidades y, a la par, al fortalecimiento de la inclusión a todo nivel.
Finalmente -en todo este escenario de construcción visionaria de largo plazo de país-, es vital que, quien esté al frente del Ecuador como Presidente de la República, se convierta en una especie de director de orquesta que, con un liderazgo fuerte y sistémico, sea capaz de articular el trabajo de todos los actores antes mencionados hacia el logro de esa visión que, sinérgicamente, perfile al Ecuador hacia el rumbo de un progreso que incluya a todos.