Las reservas internacionales (RI), en un país dolarizado como Ecuador, deben ser administradas de forma responsable por varias razones. Primera, porque ese dinero tiene dueños específicos que, desde el sector público o privado, han depositado en el Banco Central recursos que, dependiendo de la situación, solo ellos, según las normas vigentes, podrán usarlos.
De ahí, desde lo técnico y normativo, no pueden ser usados al antojo de los gobiernos de turno, ya que no son de su propiedad exclusiva para que, bajo un supuesto crédito del Banco Central, accedan y dispongan -en ciertos casos, con fines populistas- para cumplir la falta de recursos estatales. Otra razón, sobre el buen uso de las RI, es que esos recursos -al estar bien custodiados- evitarán que se genere un pánico financiero si, por alguna razón, los depositantes exigen su devolución para, como reservas que son, ayuden a enfrentar alguna emergencia de liquidez.
Frente a lo cual, los bancos, cooperativas de ahorro y crédito y/o mutualistas -al existir realmente las RI- podrían usarlas; caso contrario, el Banco Central diría “no tengo”; generando, con ello, miedo y una posible crisis de retiros masivos que podría poner en riesgo al sistema financiero nacional y, por supuesto, también, la permanencia de la dolarización.
Ahora claro, en situaciones muy complejas, se podría hacer una “excepción temporal corta”; respetando, eso sí, la normativa vigente. Un ejemplo de ello, debido a una emergencia, podría ser la necesidad de recursos por el fenómeno del Niño. En donde, una vez se reciban los recursos de organismos internacionales -que tardan en llegar-, se devuelvan, a las RI los recurso usados.
Texto original publicado en Diario El Norte