Conversamos con Pablo Ospina, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, quien analiza las consecuencias para el país, de la última jornada electoral.
¿Cuáles son sus impresiones de los resultados del pasado 5 de febrero, tanto en las elecciones de autoridades seccionales como en el referendo? ¿Hubo sorpresas o es algo que ya se esperaba?
Fue una sorpresa la dimensión del voto de rechazo al Gobierno y el crecimiento de Pachakutik y de la Revolución Ciudadana (RC), grandes triunfadores de las elecciones locales, que, casualmente, son los dos opositores más críticos al actual modelo económico. En el referéndum, todas las encuestas suponían una victoria fácil del SÍ, con una diferencia de dos a uno. Primó la desconfianza sobre el significado de unas preguntas dudosas, con 40 páginas de anexos llenas de cambios legales, planteadas por un Gobierno sin credibilidad. Más allá de la diferencia numérica entre el “sí” y el “no”, el impacto psicológico y emocional de pasar de la sensación de una victoria holgada a una derrota inesperada, lo vuelve un golpe abrumador.
¿Fue un error del Gobierno convocar a elecciones seccionales y una consulta ciudadana a la vez?
El único momento oportuno para convocar a consulta para el Gobierno fueron los primeros 100 días. Luego de eso, con poca credibilidad y una gestión mal valorada, el paquete de preguntas que no aludía a temas de fondo ni implica grandes transformaciones, generó amplia desconfianza. La gente le dijo NO al Gobierno.
La denuncia sobre la existencia de un centro de cómputo paralelo en Guayas, en donde se favorecía al NO, ¿pone en duda todo el proceso?
Hay que ver en qué termina esa denuncia, pero a primera vista es poco creíble, porque en Guayaquil ganó el SI. Habría que ir a las provincias donde ganó el NO para creer que hubo alguna manipulación de los resultados electorales. Es difícil creer en un fraude de semejantes proporciones. Cuando el margen es estrecho en las preguntas o en los candidatos se puede sospechar de alguna alteración que modifique los resultados, pero con una diferencia de la magnitud actual, parece muy poco probable. El detalle de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea pluripartidario dificulta enormemente organizar un fraude de esta escala.
Con la victoria en las alcaldías y prefecturas de las principales ciudades y provincias en especial Quito y Guayaquil, ¿se puede hablar de un resurgimiento de la Revolución Ciudadana?
Las victorias en los distritos más grandes son sin duda importantes. Pero hay que relativizar los resultados que aparecen a primera vista más espectaculares de lo que son. En las elecciones locales de 2019, la Revolución Ciudadana (en adelante RC) no conquistó ninguna alcaldía y solo alcanzó dos prefecturas. Pero eso era anómalo. En Quito, en 2019 la candidata de la RC tuvo 18,5% y ahora el candidato ganador, Pabel Muñoz, tiene 25%. El crecimiento neto fue de 7%; lo mismo que en Guayaquil, donde en 2019, Jimmy Jairala, candidato de la RC, obtuvo el 32% de los votos y ahora el ganador, Aquiles Álvarez, obtiene 39%. Mucho más importante en la victoria de la RC fue el descalabro del Partido Social Cristiano (PSC) que bajó de 52% a 30%.
Esta mejora en la votación puede estar motivada en una mejor selección de candidatos, en una mejor campaña y sobre todo en el desastre económico de los últimos años, con el empeoramiento de la situación económica. El pasado, la bonanza de las commodities, se ve mejor. Otro ejemplo: en la prefectura de Cuenca, Juan Cristóbal Lloret, candidato de la RC, gana con el 20,3% de apoyo, sobre el 19,6% de Marcelo Cabrera. Lo que vemos en general es que estamos dentro del rango del voto duro del correísmo con una pequeña mejora. Ese voto duro es su gran ventaja: nadie tiene un voto duro así. Eso es decisivo en el Consejo de Participación Ciudadana, porque con el 8% o el 10% de un “voto duro”, se ganan esas elecciones. Igual ocurre con concejales, porque el voto de RC es sistemático y persistente. Solo Pachakutik (PK) tiene algo parecido, debido a las estructuras territoriales de militantes y organizaciones comunitarias de base. Allí un núcleo importante de votantes sufraga por el miembro de la comunidad o por la persona que trabaja en la junta de agua potable o en la junta de agua de riego, porque son militantes de vieja data, a diferencia del resto de los partidos que se aparecen solo en las elecciones. Aunque las divisiones internas se acentuaron en PK, ese “otro voto duro” todavía persiste, pero en provincias y regiones más alejadas y pequeñas. Ese voto duro permite ganar en alcaldías y prefecturas, mientras no se reforme la ley, para que las elecciones de prefecturas y alcaldías tengan segunda vuelta.
¿Qué dicen los porcentajes?
El problema actual es que todas las elecciones ganan personas con 15% o 20% de votación. Hay una alcaldía donde el candidato a reelección fue electo con el 80% de votos (Mocha, en Tungurahua), pero es un caso excepcional, por lo general ganan con 25% o 30%, lo cual es insostenible. Es evidente que tarde o temprano se tendrá que instaurar el sistema de segundas vueltas y allí la Revolución Ciudadana tiene una gran desventaja porque tiene un alto voto de rechazo. Si Paola Pabón iba a una segunda vuelta con Guillermo Churuchumbi, estoy casi seguro que ganaba Churuchumbi, por el voto de rechazo. Por esa misma razón, esta victoria local es difícil de traducir en las votaciones nacionales para la RC. He escuchado a mucha gente que dice que ahora ganarán las elecciones nacionales, “ya viene Correa de vuelta”. La diferencia es que en las elecciones seccionales no hay segunda vuelta y eso todavía pesa. No sabemos cuánto tiempo más durará ese rechazo que tiene RC, pero es claro que le alcanzó a Guillermo Lasso para ganar en 2021. En esa segunda vuelta, la victoria de Lasso fue un voto en contra de la Revolución Ciudadana y ese voto todavía existe y mi cálculo es que todavía pesará en la próxima elección.
Los resultados en Guayaquil donde después de 31 años dejará de estar bajo la dirección del PSC, ¿evidencia una fractura del partido?
Primero, hay que reconocer que es un milagro que haya tenido 31 años de reelecciones un mismo partido. PK también tiene 22 años en Cotopaxi y en Morona Santiago, porque un apoyo social poderoso. La diferencia entre PSC y PK, es que en este último hay una estructura organizada con muchos dirigentes variados. En el PSC, en cambio, no existe un recambio político viable: Nebot o nadie. Cynthia Viteri ganó la primera vez por la confianza que Nebot tenía en ella y por el beneficio de la duda del electorado. Pero su gestión estuvo muy por debajo de las capacidades de su mentor y lo mismo puede decirse de la prefectura. El ex alcalde Nebot dijo que el PSC había conseguido 35 alcaldías. Mi conteo personal es que son 19. Seguramente Nebot hizo como hacen todos los políticos: contar todas las alianzas en las que participaron como si fueran sus victorias partidarias. Pero es difícil que haya más de cuatro alcaldías en Manabí (en Alianza con el movimiento local “Caminantes”) donde ganen militantes del PSC. La debilidad de fondo del PSC no es solo perder Guayaquil y Guayas, sino que se ha producido un desastre en la extensión territorial: de las 19 alcaldías registradas, 16 están en la Costa, solo una en Calvas, una en Paltas (ambas en Loja) y una en Pangua, un municipio costeño de Cotopaxi. Algo parecido ocurre con la Revolución Ciudadana, que ha conseguido 46 alcaldías, 32 en la Costa, a las que hay que sumar dos más, la de Cumandá, en Chimborazo y La Troncal, en Azuay, que son municipios costeños en provincias serranas. Es decir, por lo menos 34 de 46 son costeñas. RC es ahora un partido casi enteramente costeño. Su victoria actual no tiene comparación con las 73 alcaldías de 2009 y las 63 de 2014, cuando vivió un “remezón”.
El voto nulo superó a todos los candidatos al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, incluso a los virtuales ganadores. El voto en blanco quedó tercero. ¿Qué dice la Constitución al respecto?
En un momento pensé que se podían anular las elecciones. Pero el Código de la Democracia en el artículo 147 dice que solo cuentan los votos nulos y no los blancos para determinar dicha anulación. En la actualidad el voto en blanco llega al 21% en pueblos y nacionalidades, el 27% de varones y el 26% de mujeres. Entre los votantes que acudieron a sufragar, el 60% es nulo o blanco. Es evidente que este sistema no funciona para elegir el Consejo de Participación Ciudadana. Cualquiera puede ver que este sistema (o el anterior, de concurso de méritos) no impide que la política tienda sus manos sobre los órganos de control del Estado. Lo que ocurre es que ahora lo hace debajo de la mesa y no a la luz pública. Lo hace al manipular los puntajes, en el criterio de selección, en el nombramiento de las comisiones. Es una vía de elección totalmente carente de transparencia. La política no puede ser eliminada de la designación de los órganos de poder público, eso es una ilusión, una falsedad, una mentira que se ha repetido mil veces. En algún momento ese Consejo va a desaparecer. Lo más preocupante de esa elección de 45 desconocidos, es que se esforzaban por demostrar que no tenían lazo alguno con ningún partido político, que no tenían trayectoria política, que carecían de ideología, que casi tenían que demostrar que no tenían primos, cuñados y que eran huérfanos, para asegurar que no tenían compromisos con nadie. Esa es la imagen de un futuro sistema político ecuatoriano sin partidos políticos. Si no hay partidos ni trayectorias ¿qué referentes existen para ubicar a los candidatos? Nos encontraríamos en un sistema en el que en cada nueva elección aparecen nuevos partidos, siglas totalmente desconocidas, que reivindican que no tienen nada que ver con el pasado y después desaparecen en la elección siguiente y aparecen en una nueva. Esa es la situación en el Perú y nosotros estamos viendo una muestra de su significado en la elección actual del Consejo de Participación Ciudadana.
El presidente convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo nacional, pero muchos ya se han negado y le han pedido que dé un paso al costado o aplique la muerte cruzada, ¿es factible?, ¿cuáles serían las consecuencias?
Siempre puede ocurrir que el Presidente deba renunciar. Eso puede ocurrir si sigue los mismos pasos que ha mantenido hasta ahora, haciendo gala de enorme torpeza e incapacidad. Hemos tenido dos años del petróleo a $100 y sigue hablando de déficit fiscal y continúa preocupado por el superávit primario. Entre tanto, ni siquiera logra gastar el dinero asignado para inversión. El Gobierno no necesita hacer grandes llamados al diálogo. Debe sencillamente gobernar. Este es un país terriblemente presidencialista. Un analista cercano al Gobierno le dijo que haga un “Plan Marshall” para el campo. ¿Qué significa eso? Un enorme esfuerzo de inversión en infraestructura. Las provincias con mayor inseguridad, Esmeraldas, Manabí y Guayas, tienen más carencia en infraestructura. Una fuerte inversión en carreteras, en caminos vecinales, en puentes, en alcantarillado, en dotación de agua, hará que el empleo crezca y contribuirá a reducir los índices de criminalidad, porque el crimen organizado no tiene dónde reclutar. Para eso no necesita de la Asamblea. En lugar de repetir palabras huecas, póngase a gobernar.
Las demandas de los ciudadanos, que votaron a favor y en contra son las mismas: más seguridad, mejor educación y salud, más trabajo, mejores empleos y reducción del costo de la vida. Los cambios implementados por el Gobierno, tanto en ministerios como en secretarías, ¿realmente ayudarán a buscar soluciones a esos problemas?
Lo que veo es una lentitud enorme en reaccionar a los problemas ¿Están esperando el siguiente levantamiento para hacer algo con la inversión del agro? Si el gobierno sigue así, evidentemente, no va a durar. La “muerte cruzada” no le conviene al Gobierno porque no tiene recambio, los socialcristianos, tampoco. Queda la Izquierda Democrática (ID), otro partido que sorprendió en las elecciones del 2021, pero ahora quedó totalmente debilitado con siete alcaldías, la de Cuenca, la más importante, ganada en medio de una gran dispersión. La ID, prácticamente, ha desaparecido del mapa. Los ganadores son las dos opciones que han exhibido la mayor radicalidad en su oposición. Por supuesto, también puede aparecer un “outsider” que recoja los temas de la derecha ideológica, que se vuelven populares por el aumento del crimen, de la inseguridad, la migración, que es típicamente el escenario en el que crecen candidaturas tipo Bolsonaro o Donald Trump.
¿Qué papel debe tener la Academia en este proceso de cambio?
La Academia puede proveer foros para el debate público. Espacios de conversación e información para conocernos mejor, para conocer la naturaleza de nuestros problemas, ver las múltiples conexiones que tienen entre sí y debatir abiertamente nuestras opciones. Por supuesto, en la Academia también surgen políticos que intentan aplicar fórmulas distintas, nuevas o a veces las mismas. Académicos y académicas muchas veces somos poco prácticos en la gestión de los problemas. Pero más allá de eso, soy de los que cree que la academia no puede proclamarse neutral: debe estar decididamente del lado de los grupos y sectores más vulnerables, aquellos que tienen poca voz o son poco escuchados, quienes tienen poco poder. Creo en una Academia que se comprometa con esos sectores, que son los que más sufren en circunstancias como las que vivimos ahora.